El oficialismo advirtió que si las iniciativas se convierten en ley, serán vetadas; se discute una suba para jubilados y más recursos para la salud; los libertarios y Pro intentaron frustrar la sesión; se coló el caso $LIBRA
Con 131 diputados, la oposición en la Cámara de Diputados logró hoy arrancar la sesión especial convocada para avanzar en un temario por demás sensible por su impacto social. El conflicto en el Hospital Garrahan, la problemática de las jubilaciones y la emergencia en discapacidad serán los tres temas fuertes de una jornada que se proyecta tan larga como intensa.
El debate tomó temperatura ni bien se inició. El diputado Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) planteó en el recinto una moción para destrabar el funcionamiento de la comisión investigadora del caso $LIBRA, escándalo que salpica al presidente Javier Milei. A instancias de la oposición la comisión se creó hace más de un mes, pero el oficialismo se las ingenió para que su integración quedara empatada en número entre libertarios y aliados (Pro y la UCR) y el resto de la oposición. En esta situación de empate, los miembros de la comisión no pudieron designar a su presidente y, por lo tanto, la investigación legislativa no arrancó aún.
Después de un extenso debate reglamentario sobre la pertinencia de la moción de Agost Carreño, los jefes de bloque se reunieron aparte y acordaron que la semana próxima se reúna la comisión investigadora.
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El oficialismo, a sabiendas de que la sesión venía complicada para la Casa Rosada, hizo todos los intentos por hacerla caer como ya lo hizo hace dos semanas. Esta vez fracasó: los bloques opositores convocantes –Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y la izquierda– lograron sentar 131 legisladores en sus bancas, lo que fue festejado con sonrisas y aplausos.
El quorum fue posible gracias a que, a diferencia del primer intento frustrado hace dos semanas, estuvieron presentes cuatro de los cinco legisladores que responden al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora; el jujeño Jorge Rizzotti -cercano al gobernador de Jujuy, Carlos Sadir-; Natalia Sarapura y Fabio Quetglas (UCR), que se sumaron a Julio Cobos (el único radical que estuvo en la anterior sesión frustrada) y Mario Barletta (Unidos). A ellos se sumaron Lourdes Arrieta, exdiputada libertaria y Sergio Acevedo (Por Santa Cruz).
Fabián Marelli
También dieron quorum cinco de los siete diputados que responden al gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; la diputada Silvana Ginocchio, cercana al gobernador Raúl Jalil. Además, estuvo presente Vilma Ripoll, diputada de izquierda que, por cuestiones de salud, no pudo estar presente en la última sesión frustrada.
No dieron quorum, como era de prever, los diputados libertarios y sus aliados de Pro, además de los legisladores provinciales de Innovación Federal. A ellos se sumaron los diputados radicales que conduce Rodrigo De Loredo, pese a que, hace apenas un año atrás, este bloque fue promotor de iniciativas de mejora para los jubilados que después fueron vetadas. Está claro que en el partido tallan fuerte las promesas de acuerdos electorales con el oficialismo.
La sesión se desarrolla en un clima tenso tanto puertas adentro de la Cámara de Diputados como en sus adyacencias, donde tendrá lugar, esta tarde, una marcha multisectorial en protesta por la política social del Gobierno. Allí confluirán, además de las organizaciones de jubilados –con su tradicional marcha de los miércoles-, los científicos del Conicet; prestadores médicos y familiares de personas con discapacidad; trabajadores del Hospital Garrahan y el movimiento de mujeres y diversidades “Ni Una Menos”, convocado para conmemorar los diez años de la primera marcha en repudio por el incremento de femicidios y la violencia de género.
El temario de la sesión
El temario del debate de hoy incomoda, y mucho, al oficialismo. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, advirtió nuevamente esta mañana que si las iniciativas opositoras prosperan, tendrán un impacto fiscal de US$ 12.000 millones. Por su parte, el jefe de Gabinete Guillermo Francos anticipó que serán vetadas por el Poder Ejecutivo.
“No existen los recursos, en particular del sistema previsional, donde tenemos un trabajador y medio activo por cada jubilado, así que no se puede pagar, por más que propongan un aumento de partidas no se puede aprobar una ley así, y si lo hacen el Ejecutivo la va a vetar”, adelantó el funcionario.
Sobre jubilaciones hay dos paquetes de iniciativas. Uno de ellos contiene los dictámenes para actualizar el bono de $70.000 (congelado desde marzo pasado) y otorgar un aumento por única vez del 7,2% en todas las escalas (por la inflación de enero de 2024 no reconocida por el Gobierno).
Fabián Marelli – LA NACION
El otro paquete de proyectos está referido al vencimiento de la moratoria previsional, sistema que permitía que personas en edad de jubilarse pudieran hacerlo aunque no hayan completado los 30 años de aporte. Se trata de un universo de trabajadores que, por distintas circunstancias -en su mayoría, por haberse desempeñado en la informalidad laboral-, no pueden acceder a una jubilación del régimen general porque no alcanzaron a cubrir todos los años de aportes que exige la ley.
El kirchnerismo propone prorrogar por dos años más la moratoria. El resto de los bloques opositores -incluido un sector de Pro y la UCR- proponen, en cambio, suplantar la moratoria con un sistema de aportes proporcionales, aunque difieren en su aplicación.
Previo al tratamiento de la cuestión previsional, los opositores pretenden colar en el debate la crisis que atraviesa el Hospital Garrahan. Su objetivo será emplazar al presidente de la Comisión de Presupuesto, el libertario José Luis Espert, para que se discutan allí los dos proyectos que ayer tuvieron dictamen de la Comisión de Salud y Acción Social: uno de ellos propone declarar la emergencia sanitaria pediátrica por dos años, mientras que el segundo reconoce al Garrahan como “Referente Nacional de Alta Complejidad en Pediatría”.
Valeria Rotman
Otro proyecto de alta sensibilidad social que la oposición pretende aprobar mañana es aquel que propone declarar la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2027.
En líneas generales, la iniciativa propone regularizar pagos, actualizar aranceles para los prestadores de servicios, reforma del sistema de pensiones no contributivas, reforzar la Agencia Nacional de Discapacidad y cumplir con el cupo laboral para personas con discapacidad.
El oficialismo rechaza el proyecto por considerarlo “regresivo y asistencialista”. El jefe de Gabinete adelantó que si se aprueba la ley el Ejecutivo la vetará.
