El “plan platita” de Sergio Massa, con efectos regresivos sobre la recaudación y el sistema impositivo, implicó no solo una suba del déficit fiscal para este año (las consultoras privadas lo ubican entre el 2,7% y el 3% del PBI), que sepultó la meta del 1,9% pautada con el FMI, sino que anticipa un hueco fiscal también para 2024. Es la herencia de Massa con la que deberán lidiar, según el resultado de las urnas el 19 de noviembre, Javier Milei, candidato por La Libertad Avanza, o el propio Massa, cuando uno de los dos desembarque en la Casa Rosada.
En cuanto al IVA y Ganancias, hay cambios dispuestos para la última parte de este año, pero también proyectos de ley enviados al Congreso con la intención de establecer modificaciones permanentes (en el caso de Ganancias, la iniciativa ya fue aprobada). “Con los cambios en IVA y Ganancias lo que hizo fue incrementar el déficit de 2024 en alrededor de 1 punto del PBI. Con un Banco Central carente de reservas, las distorsiones del plan electoral del ministro se plasmaron en el mercado cambiario.
En un contexto de aceleración de la suba de precios (el IPC acumuló un alza del 26,7% solo en agosto y septiembre, según el Indec), el intento de ganar competitividad con la devaluación pos PASO se perdió rápidamente, con un tipo de cambio que día a día comenzó a atrasarse. Así lo refleja el Índice del Tipo de Cambio Real Multilateral publicado diariamente por el Banco Central, que en poco más de un mes volvió a su nivel pre PASO y se ubica en el valor mínimo de la gestión de Alberto Fernández.
Lo cierto es que el Gobierno demoró la devaluación del tipo de cambio oficial, y ahora otra gran devaluación es inminente, teniendo en cuenta lo alto que está el dólar paralelo. Ningún gobierno debería tener permitido manipular tan cínicamente el tipo de cambio. Es que, con el dólar oficial congelado, la brecha cambiaria se dilató y llegó a casi el 190%. Los dólares libres superaron los $1100 (valores “de pánico, según los definió el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein) y llegaron a cifras récord en términos reales.
Ese movimiento, a su vez, sumó combustible a la inflación, que encontró un nuevo piso en las dos cifras mensuales y se encamina, según las últimas estimaciones registradas en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA, a cerrar el año por arriba del 180%. Parte del plan electoral de Massa incluyó un congelamiento de las tarifas de los servicios públicos y el transporte urbano en el AMBA, además de poner el freezer el precio de los combustibles.
Esa decisión, que contradijo uno de los puntos que el Gobierno había acordado con el FMI (se planteaba un ajuste de las tarifas, para compensar el incremento en los costos tras la devaluación), profundizó la distorsión de precios relativos, con una consecuencia directa sobre los subsidios y la sostenibilidad de los cuadros tarifarios. En el servicio eléctrico, por ejemplo, los usuarios pagan entre el 52% y el 55% del costo de generación, y existen distorsiones dentro del esquema.
Según estimó Julián Rojo, economista del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi, mientras que los usuarios residenciales de altos ingresos (N1) cubren 98% del costo con sus facturas, los de bajos ingresos (N2) están en 14%, y los de ingresos medios (N3), en 17%. Es uno de los rubros donde, en silencio, Massa avanzó en un ajuste. En lo que va de 2023, relevó un informe del IIEP (UBA-Conicet), el gasto acumulado en subsidios, combinando energía y transporte, registra una caída real del 16,6% interanual.
Además de las distorsiones generadas por la segmentación y la postergación de los ajustes en las tarifas energéticas –que el Gobierno planea llevar más allá de las elecciones–, se agregaron otros congelamientos en rubros sensibles, como las prepagas o los combustibles. Esto último derivó en escenarios de escasez, ventas con cupos o cierres de surtidores, en un contexto de atraso de precios que, según las petroleras, llega al 50% en el valor de venta.
El riesgo, sostienen los economistas, crece para la administración que intente avanzar en estas correcciones –esta semana los combustibles quebraron el congelamiento, con un ajuste del 3%–. El problema es una posible espiralización sobre una ya elevada inflación. Massa distorsionó más precios, porque congeló unos y, en el caso del transporte el problema se profundizó, porque pisó lo boletos mientras toda la inflación se aceleró.
La agenda pendiente incluye la relación con el FMI. El paquete de medidas de Massa, con mayor gasto, emisión y congelamiento tarifario, sepultó el acuerdo vigente. La Argentina no cumplió las metas del trimestre pasado y es una incógnita el resultado de la revisión de noviembre, de la cual depende el próximo desembolso. El país no tiene plata para devolverle al FMI, y no puede darse el lujo de entrar en atrasos.
