Alberto Fernández contó con un activo que ningún presidente tuvo: cuatro meses antes de asumir sabía que ganaba las elecciones. La magnitud del triunfo en las PASO hacía indescontable la diferencia y el mérito de Mauricio Macri fue hacer un papel decoroso en las elecciones de octubre, dejando como legado una distancia menor entre oficialismo y oposición, que hoy se refleja en un Congreso más parejo.
A pesar de la certeza citada, el futuro presidente declinó la posibilidad de influir en el proyecto de presupuesto que se envió al Congreso el 15 de septiembre de 2019. Redactarlo fue una formalidad con la que cumplieron las autoridades económicas de entonces, pero Cambiemos ya no hizo ningún intento por discutirlo siquiera en comisión. Como suele suceder en esos casos, el debate fue postergado a la espera de la nueva composición del Congreso. Aunque el nuevo gobierno prescindió de darlo. La nueva administración le bajó el pulgar a la ley de leyes, que dijo redactaría recién en el transcurso del 2020.
Se puede gobernar sin presupuesto. Es hasta más cómodo en ocasiones, pues el jefe de Gabinete solo tiene que redireccionar partidas. Por eso el reproche perenne que suele hacer el kirchnerismo respecto de que en 2011 “nos dejaron sin presupuesto” es ficticio: lo que no tenía entonces el Frente para la Victoria era mayoría en ambas cámaras y por eso el texto que surgiese iría contra sus deseos, razón por la cual decidieron prescindir de lo que sería un corset. Así y todo, el dato sirvió para el relato posterior y aún hoy rinde: en su último discurso de cierre en Diputados, Máximo Kirchner usó esa referencia para tratar de rebatir una referencia que acababa de hacer Mario Negri, respecto de que “ustedes tienen hoy una mejor oposición que la que tuvimos nosotros”.
El Presidente ha dicho que no cree en los planes, y habrá que ver si termina reconsiderando esa declaración, como ya ha hecho con otras. Pero lo cierto es que el presupuesto debería ser tenido en cuenta como la madre de todos los planes. Y este gobierno prescindió del mismo, aunque con un argumento irrebatible: no podía redactar uno sin saber antes qué pasaría con la deuda.
Ahora lo sabe, pues tras ocho meses de complicadas negociaciones acaba de lograr un acuerdo que tuvo un nivel de respaldo inédito. Empresarios, economistas, el sindicalismo, la oposición y hasta los movimientos sociales expresaron su beneplácito. De preguntarse muchos cuál sería el destino de Martín Guzmán tras el final de las negociaciones, el ministro pasó a ser considerado como el más poderoso. Con todo, los mercados suelen ser impredecibles, sino que le pregunten al macrismo. El día del anuncio bajó el dólar, volaron las acciones… Pero al día siguiente volvieron las dudas.
El arreglo en sí mismo apaga tempestades que hubieran sobrevenido si a una crisis sin precedentes se le agregaba un condicionamiento letal: hubiera sido la tormenta perfecta. Hoy se han sentado las bases para comenzar el despegue, o bien reiniciar el círculo. Habrá que demostrar que esto no es más que una postergación en los pagos, que deberá asumir el próximo gobierno a partir de 2025.
Por lo pronto, se necesita crecer, pues no se podrá pagar la deuda si eso no sucede, por más que hayamos renegociado. Y está demostrado que para la Argentina esa empresa se ha tornado imposible en la última década. El país dejó de crecer en 2011, pues no es suficiente que lo haya hecho desde entonces en todos los años impares (electorales), menos 2019. Crecer es un verbo que debe sostenerse, de lo contrario lo que se gana un año se pierde el siguiente, explican los economistas. Habrá que ver cuál es el destino de los recursos ahorrados en el pago de la deuda, aunque resta ahora la negociación con el FMI, que tendrá sus exigencias.
Está claro que una buena parte de los recursos del Estado están siendo consumidos por la crisis sanitaria que enfrenta el país desde marzo. Desde el Ministerio de Desarrollo Social aportan un dato ilustrativo de la magnitud de dinero que han debido redireccionar: la suma que se destina desde esa cartera a alimentos ha pasado de 15 mil millones a 60 mil millones. Nada que un presupuesto pudiera haber previsto el año pasado para el presente, dicho sea de paso. Porque esta crisis ha revelado datos imprevisibles, como determinó el alcance del IFE. En el gobierno admiten que cuando pensaron en ese recurso para capear las consecuencias de la cuarentena imaginaron que entre 2 y 2,5 millones de inscriptos… y hubo 9 millones.
Hoy esa cifra es la que en el gobierno toman como base para la “renta básica universal” que piensan poner en marcha antes de fin de año, según confió Hernán Torres Guerrero, subsecretario de Articulación y Comunicación Comunitaria de Desarrollo Social. Es una masa gigantesca de subsidios con los que el Estado planea arrancar el próximo año (electoral, digamos de paso). “Esa cantidad de beneficiarios va a ir bajando en la medida que la gente empiece a conseguir trabajo y la maquinaria de producción empiece a caminar”, precisa el funcionario de la cartera que conduce Daniel Arroyo.
Imposible predecir también cuándo será eso, cuando el pico aún no ha llegado y, por el contrario, las cifras meten miedo. En breve llegaremos a 10 mil contagios diarios, siendo aún los testeos muy bajos. Peor, la cantidad de muertos por día, que ya se han estacionado por arriba del centenar, podría superar los 200.
Consecuencia de la cuarentena más larga del mundo, las autoridades han tomado nota de que es imposible volver a los inicios de la misma, cuando el cierre era estricto. Quedó comprobado con la insubordinación de hecho que se dio cuando comerciantes de Once decidieron levantar sus persianas, desafiando la prohibición oficial. Desoídos, los inspectores dejaron de labrar actas y la autorización fue “de hecho”. Se sabe de abogados que están preparando acciones judiciales contra las autoridades de la Ciudad por “habilitar” actividades prohibidas por los DNU vigentes, atribuyéndoles las consecuencias de lo que pueda suceder.
Es parte de la pirotecnia que le destina el kirchnerismo al jefe de Gobierno porteño, a la que sorpresivamente se sumó el Presidente en la semana al hablar de las camas que ocupan los jubilados porteños en la Provincia. Por ahora no es fuego cruzado, pues Horacio Rodríguez Larreta no contesta los ataques, aunque ha mandado a sus voceros a replicar de manera moderada. Pero tomó nota de que volvían las embestidas de parte del ala K del gobierno cuando la vicepresidenta deslizó una crítica a través de Twitter afirmando que “para el gobierno de la Ciudad no todos los ciudadanos y ciudadanas son iguales”. Lo peor es que Cristina estaba retuiteando un mensaje de Wado de Pedro: “Después de varias marchas anticuarentena en las que hasta agredieron a periodistas y móviles sin que apareciera ni un efectivo de la Policía de la Ciudad, hoy vimos la represión a familiares de Maldonado y organismos que recordaban el aniversario de su muerte”.
Encumbrado dirigente de La Cámpora, pero reconocido como moderado, llamó la atención semejante declaración de parte del ministro del Interior, que no ha tenido similar reacción ante hechos de violencia institucional como se han dado en provincias gobernadas por el oficialismo durante esta pandemia.
Mientras tanto, avanza en el Senado el debate de la reforma judicial y, paralelamente, el juicio político contra el procurador general de la Nación, Eduardo Casal. “Interino”, como resalta cada texto del oficialismo en el que se habla de él, en el marco de la fuerte embestida para conseguir su desplazamiento. Si bien la Constitución establece que la institución del juicio político alcanza al presidente, vicepresidente, al jefe de Gabinete, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, la Ley Orgánica del Ministerio Público solo habilita esa vía para desplazar al procurador.
Una movida casi testimonial, pues necesitarían los 2/3 que el oficialismo hoy no tiene en ninguna de las dos cámaras; pero tendiente a erosionarlo de modo tal de que termine renunciando. Circuló estos días como hipótesis la posibilidad de que el oficialismo modificara por mayoría simple la Ley Orgánica del Ministerio Público para ponerle fin al mandato de Casal de un modo más viable, y por eso se lo preguntó a la ministra Marcela Losardo la senadora del PRO Laura Rodríguez Machado. Fue durante la exposición que hizo la titular de la cartera de Justicia sobre la reforma judicial el lunes pasado: la senadora cordobesa le pidió que respondiera por sí o por no si pensaban hacer algo así. Sin explayarse, la ministra respondió negativamente. Será un antecedente por si terminan haciendo lo contrario.
Por José Ángel Di Mauro | Periódico Tribuna
