Una banda había utilizado un auto Citroën C4 de color blanco para realizar un trabajo de inteligencia, previo a concretar “escruches” en casas o negocios de San Miguel de Tucumán. La organización fue descubierta luego a través de escuchas telefónicas y se identificó a sus cabecillas. Otros rodados, dos motos Honda Tornado, una camioneta Fiat Strada y un utilitario Peugeot Partner, habían sido usados por otro grupo delictivo para dar un golpe a la distribuidora “Martínez”, ocurrido en noviembre de 2018. “Al analizar las distintas causas penales, determinamos si el vehículo secuestrado estaba involucrado en la comisión del hecho”, aclaró Fernando Isa, auxiliar fiscal de la Unidad Especial para la Resolución de Causas.
El Ministerio Público Fiscal (MPF) entregó ayer al Ministerio de Seguridad 28 unidades afectadas y secuestradas en procesos judiciales, entre motovehículos (10), autos (10) y camionetas (8), que serán usadas por la Policía. La mayoría de los automotores está registrada en causas por robo agravado, tanto en el Gran San Miguel como en el sur de la provincia. La intención oficial es ceder 100 rodados en total.
“Se procedió al estudio de los procesos y se determinó si se aplicaba el artículo 215 del Código Procesal Penal de Tucumán (CPPT)”, explicó Isa. Ese apartado legal establece que aquellos automotores o bienes de significado valor y que hayan sido secuestrados y no reclamados por su titular dominial, transcurridos los 60 días desde el secuestro, podrán ser afectados al cumplimiento de la función de seguridad que compete a la fuerza local.
Entre otros vehículos adjudicados, figuraron tres camionetas –dos Toyota Hilux y una Chevrolet S10- que habían sido retenidas por defraudación en Concepción, y una cuarta, a causa de la adulteración de documentos legales, según se informó.
Los rodados fueron exhibidos durante la mañana, uno a la par de otro, en plena avenida Sarmiento al 400, frente a Tribunales penales. Cuando salgan a las calles, llevarán un cartel pegado: “vehículo recuperado del delito”. Antes, el MPF había entregado armas secuestradas a la fuerza de seguridad para apoyar la lucha contra el crimen.
“Cada responsable de la seguridad tenía su argumento y su justificativo; generalmente descalificaba al otro sector. Desde que nosotros comenzamos a trabajar, dijimos no. El sistema de seguridad es uno solo; y aquí todos tenemos responsabilidad y debemos trabajar juntos”, sostuvo el titular del MPF, Edmundo Jiménez.
“Tenemos que trabajar juntos para darle más seguridad a la sociedad. Lo que queremos es paz social, que la gente viva en paz”, añadió.
Por su parte, el ministro de Seguridad, Claudio Maley, indicó que la distribución de rodados se realizará de acuerdo a las necesidades de la fuerza, desde el punto de vista operativo y “para que tengan mayor rendimiento”. Las zonas con mayor foco de conflicto serían el Gran San Miguel y el sur tucumano.
“Debemos destacar el trabajo conjunto con el Ministerio Público y hacerle saber a la sociedad que todos los elementos secuestrados en algún hecho delictivo serán utilizados para bien de la sociedad”, agregó el funcionario.
Fuentes oficiales dijeron que el próximo mes se podría concretar una segunda entrega, con la misma cantidad de unidades, en principio.
