El Gobierno debió postergar al menos una semana la convocatoria a sesiones extraordinarias en la que el Presidente pedirá al Congreso el inicio del juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.
Alberto Fernández finalmente recién firmaría el decreto para el lunes 23 de enero, según confirmaron a Clarín en Balcarce 50, donde argumentaron que “fue la fecha que pidieron los Diputados” para poder garantizar el número, en medio del receso por las vacaciones. Ratificaron así el anticipo que este miércoles había dado la periodista Cecilia Devanna en el diario La Nación.
La semana pasada, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, adelantó que esta semana iba “a estar saliendo la convocatoria” y que el debate iba a comenzar “la segunda quincena de enero”.
De hecho, el Presidente, cuando recibió en la Quinta de Olivos al jefe del bloque del Frente de Todos en Diputados, Germán Martínez, y a la presidenta de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, les entregó en mano el pedido del Ejecutivo contra la Corte y les pidió “un pronto tratamiento legislativo”.
Cerruti, quien no contestó la consulta de Clarín, luego de publicada la noticia usó la agencia oficial Télam para sostener que “no hubo ni hay ningún cambio”.
“Tal como informé el jueves en la conferencia de prensa, la convocatoria a extraordinarias será la segunda quincena de enero. Todo marcha según lo previsto y en los próximos días se hará el llamado.
La manera en que se va a llevar en el Congreso son decisiones que se discuten y se toman en el Congreso”, planteó, aunque evitó dar precisiones en cuanto a fechas.
Lo curioso es que desde el Congreso una alta fuente parlamentaria replicó que la fecha “siempre la decidió la Casa Rosada” y que “no tiene nada que ver con el número”. “Cuando llegue el pedido del Ejecutivo, arrancamos. No hay fisuras entre nosotros”, remarcó una voz de peso del bloque K.
En efecto, en Diputados saben que no tienen los dos tercios necesarios para aprobar el pedido de juicio político en el recinto pero le alcanza con asegurar la presencia de los 16 diputados -sobre 31- con los que cuenta el oficialismo en la Comisión de Juicio Político para abrir el debate y lograr instalar el show mediático al que, como contó Clarín, quiere exponer a los ministros de la Corte.
Una prueba de que la tropa está alineada fue la reunión que este miércoles tuvieron vía zoom los 16 legisladores del FdT que integran la comisión. Hubo asistencia perfecta. “No hay ningún problema para funcionar”, ratificó una alta fuente del FdT.
Pero incluso si alguno de ellos tuviera algún inconveniente para asistir presencialmente o no quisiera acompañar el proyecto, el reglamento permite que sea reemplazado por otro miembro de la bancada. Ocurrió, por ejemplo, cuando se trató el acuerdo con el FMI, que necesitaban asistencia perfecta y había legisladores del propio oficialismo en desacuerdo.
Además, el Gobierno nunca espera el aval del Congreso para abrir las sesiones extraordinarias y mandar el temario. El Ejecutivo propone y después los legisladores se encargan de avanzar. En algunos casos sin resultado: en las extraordinarias del año pasado se enviaron 18 temas y no se trató ninguno.
¿Por qué, entonces, se demora el envío de la convocatoria desde la Rosada?
Desde el Congreso ensayan una explicación que revela un cortocircuito que no es nuevo con la Casa Rosada: apuntan que fue desde el Ejecutivo que se habló de fechas sin haber consultado y que al advertir las complicaciones logísticas que implica reunir a los diputados -cuya mayoría se encuentra en sus provincias- para sesionar en enero, replantearon la hoja de ruta: “Desde acá no hablamos nunca de fechas. Fueron ellos los que dijeron lo que iban a hacer”.
También se especula con la definición del temario. Sin Juntos por el Cambio -que ya adelantó que no dará quórum para tratar ningún proyecto mientras dure el Juicio Político- el oficialismo necesita temas de amplio consensos para intentar atraer a las demás bancadas federales.
También hay quienes plantean dudas respecto a la postura de algunos diputados para avalar el inicio del juicio político. Todavía es una incógnita la orden que bajará el ministro de Economía, Sergio Massa, quien este fin de semana concedió una entrevista y logró esquivar cualquier referencia al tema.
La decisión de Massa es clave para el futuro del paquete de leyes económicas que impulsa el oficialismo y debe negociar con la oposición.
Más allá del silencio de Massa, su posición quedará plasmada a partir de lo que hagan los legisladores del Frente Renovador en la comisión: Ramiro Gutiérrez, Micaela Morán y Vanesa Massetani. Sin el apoyo de alguno de ellos, el FdT no lograría abrir el debate. En principio se dijo que iban a acompañar.
Con todo, aunque la convocatoria sería hecha a partir del 23 de enero, en el Gobierno no descartan que el debate en la Comisión comience recién a fin de enero ó, incluso, primeros días de febrero.
En ese sentido, una fuente parlamentaria recordó ante Clarín que la única vez en los últimos 20 años que hubo actividad en enero fue en 2020, cuando apenas asumió Fernández y debió enviar el proyecto de Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa, una ley clave y que contó con apoyo de la oposición. Para el otro antecedente había que remontarse a las sesiones de 2002, en plena crisis.
