El primer paso se dará en Tucumán -la provincia del jefe de Gabinete, Juan Manzur- donde convocarán a los 70 mil beneficiarios del plan para responder al cuestionario que le realizarán los estudiantes universitarios capacitados para la labor.
Calculan que encuestar al total de 1.300.000 beneficiarios demandará no menos de cuatro meses y que recién ahí se tendrá un mapa real de la situación. Massa fue terminante: advirtió que quien no cumpliera con las contraprestaciones exigidas se le suspenderá el beneficio y que además cruzarían las respuestas con la base de datos de la Anses. En las organizaciones sociales no lo recibieron muy bien, señala el sitio kirchnerista El Destape.
“Si a los que sobrefacturaron importaciones les dijo que les darían 60 días para ponerse en orden, quiero pensar que a los más pobres que son víctimas de la crisis los van a tratar mejor”, advertía un dirigente social enrolado en el oficialismo.
La vicepresidenta Cristina Kirchner fue quien puso el tema en agenda mes y medio atrás cuando en un plenario de la CTA sostuvo que la cantidad de planes era demasiado alta para los bajos índices de desocupación que existían y planteó que el Estado debía recuperar su control, criticando la “tercerización” en manos de las organizaciones sociales.
“Eso no es peronismo, el peronismo es laburo, es trabajo”, fue una frase que impactó. Massa retomó la cuestión en su paquete de primeras medidas. “El 15 de agosto empieza una auditoría que realizarán las universidades. Quien no la cumpla recibirá la suspensión del plan. En paralelo, la liquidación se cruzará con las bases de datos de la Anses. Nuestra idea de país es que el plan sea la emergencia y el trabajo lo permanente”, avisó.
El arranque del relevamiento que viene preparando el ministerio de Desarrollo Social que encabeza Juan Zabaleta será en Tucumán. Firmaron un convenio macro con el ministerio de Educación que luego se irá concretando en cada provincia con otros convenios con universidades locales, que son quienes aportarán los encargados de realizar los cuestionarios.
La modalidad no será ir casa por casa sino que los beneficiarios son citados a una sede para completar un “formulario de certificación de actividades” que contendrá unas 30 preguntas. En el cuestionario primero se apunta a trazar los datos sociodemográficos del hogar, en donde se le consulta al beneficiario qué otros planes y asistencias recibe él u otros miembros de su familia.
Luego aparecen toda una cantidad de preguntas sobre la contraprestación por ese plan. Por ejemplo, si conoce a qué unidad de gestión u organización pertenece, en qué sector realiza su actividad principal, qué herramientas o maquinaria utiliza, dónde se encuentra el lugar de trabajo y qué días asiste. Hay también preguntas referidas a las capacitaciones realizadas y en cuáles áreas se siente que podría desarrollar mejores aptitudes, qué trabajo le gustaría realizar y cómo resolvería su situación familiar si debiera dejar el hogar durante el día. En total, en Desarrollo Social calculan que responder al cuestionario demanda unos 15 minutos.
En Desarrollo Social dicen desconocer qué resultados puede dar el muestreo que Massa planteó como primer paso para un “reordenamiento” de los planes sociales que deberá realizarse en los próximos 12 meses. La sospecha es que un buen porcentaje de los beneficiarios no realizan contraprestación, algo que desde las organizaciones plantean como una manera de denigrar a los más humildes. Si se toman en cuenta los datos que viene arrojando el censo del registro de la economía popular (Renatep), mucho más amplio ya que incluye a todos los trabajadores informales, la actividad más frecuente se encuentra entre quienes se desempeñan en comedores comunitarios, luego vienen las trabajadoras del servicio doméstico, servicios de limpieza no domésticos, agricultores y vendedores ambulantes.
