En lo que va del año, la Provincia distribuyó fondos no reintegrables a municipios y comunas por casi $ 12.000 millones, de acuerdo a los decretos que se publicaron en el Boletín Oficial de Tucumán (BO). De los 19 distritos urbanos, 14 recibieron este tipo de aportes de parte del Poder Ejecutivo.
Entre los municipios favorecidos con estos dineros que no generan compromiso de devolución no figura ninguno de los que son administrados por la oposición.
En el BO se publicaron -hasta ayer- un total de 53 decretos por pedidos de aportes no reintegrables por parte de municipios y comunas en 2023 por $ 11.853 millones, de acuerdo a un relevamiento que pudo realizar este diario. Según dichos instrumentos, el distrito más favorecido con este tipo de desembolsos fue la Municipalidad de Burruyacu (considerada de tercera categoría) con $ 1.880 millones, un 15,86% del total de los dineros que se giraron.
En el extremo contrario, sin aportes no reintegrables en lo que va del año, se encuentran los municipios de Bella Vista, Concepción, Yerba Buena y San Miguel de Tucumán, que son administrados por Juntos por el Cambio. Cabe destacar que en el lote “en cero” también se encuentra Alderetes, distrito del Frente de Todos.
La mayoría de los municipios se encuentran dentro del Convenio de Asistencia Garantizada (antes llamado “Pacto Fiscal” o “Pacto Social”), un mecanismo que se implementa desde el alperovichismo (Ley 7.974) mediante el cual el Poder Ejecutivo (PE) garantiza el pago de sueldos y otros gastos a cambio de que los distritos cedan su coparticipación.
A su vez, la Provincia está facultada a otorgar asistencias -reintegrables o no- a través del Ministerio del Interior para obras u otro tipo de necesidades. Además de la Capital, cinco distritos se encuentran fuera de este acuerdo: Las Talitas, Trancas, La Cocha, Burruyacu y Graneros.
Pocas precisiones
Las ayudas no reintegrables se otorgan a través de decretos y son publicados en el BO. La mayoría de los instrumentos mencionan que los aportes otorgados estarán destinados a la realización de obras públicas, pero en general no se especifica a cuáles. Sólo se consigna que esas precisiones se detallan en la primera hoja del expediente que motiva el decreto, pero esos documentos no están disponibles en una web abierta.
Apenas en un puñado de decretos se brindan especificaciones respecto al destino de los dineros públicos. Por ejemplo, en el Decreto N° 139, fechado el 25 de enero, se consigna que Tafí del Valle requiere los fondos para “subsidios a productores agrícolas que sufrieron pérdidas totales en su producción por inclemencias climáticas, en las zonas de El Rodeo Grande y Molle Solo”. O en el Decreto N° 2.099, se autorizan $ 500 millones pedidos por la Municipalidad de Famaillá para la “reparación de caminos rurales”, aunque en ese documento no se precisa cuáles caminos.
Mayores beneficiados
El ranking de los distritos que recibieron más asistencias no reintegrables es encabezado por Burruyacu con ocho desembolsos de entre $ 155 millones y $ 290 millones. En segundo lugar se ubica el populoso distrito de Banda del Río Salí con siete pagos de entre $ 200 millones y $ 500 millones, por un total de $ 1.840 millones. En la tercera ubicación está Aguilares (cinco decretos) con una suma acumulada de $ 1.470 millones. El cuarto lugar es para Lules (cinco pagos) con un total de $ 1.348 millones. Las Talitas ocupa el quinto escalón con $ 1.180 millones a través de cinco desembolsos.
El “top ten” se completa con los municipios de Tafí Viejo, con $ 695 millones; Tafí del Valle, con $ 608 millones; Monteros, con $ 605 millones; Trancas, con $ 540 millones; y Famaillá, con $ 500 millones.
Controversias
La polémica por la distribución de fondos no reintegrables para municipios del interior escaló a mediados del año pasado luego de un informe publicado por este diario.
Intendentes alineados en Juntos por el Cambio solicitaron que se expliquen cuáles son los criterios que se siguen para que distritos de menor jerarquía (escala determinada por la Ley 5.530) reciban más asistencias no reintegrables que otros de mayor jerarquía. Referentes radicales como el presidente de la UCR, Roberto Sánchez, y el intendente bellavistense, Sebastián Salazar, habían criticado entonces que se favorecía a distritos del mismo signo político de modo discrecional.
Autoridades del Gobierno respondieron entonces que “no hay ningún tipo de discriminación” hacia distritos administrados por la oposición, remarcaron que se asiste a todos los municipios a través del “Pacto Fiscal” y que ese tipo de fondos se otorgan en función de los pedidos y las necesidades de los intendentes, no por la categorización de los distritos. Se advirtió también que los municipios gobernados por radicales (Bella Vista, Concepción y Yerba Buena), mantienen con la Provincia una deuda total de unos $ 5.000 millones.
Objeciones opositoras: planteos por las jerarquías
La polémica por la distribución de fondos no reintegrables es de larga data y tiene connotaciones políticas, debido a que enfrenta a la dirigencia opositora con responsabilidades ejecutivas en tres municipios del interior. Los intendentes alineados en Juntos por el Cambio, Mariano Campero (Yerba Buena), Sebastián Salazar (Bella Vista) y Roberto Sánchez (Concepción) -antes del ser diputado nacional- solicitaron que se expliquen cuáles son los criterios que se siguen para que intendencias de menor jerarquía según la ley orgánica de Municipalidades reciban más recursos no reintegrables que otros de mayor clasificación.
