Un artículo del código civil y comercial de la Nación habilita a la Provincia a recuperar las tierras de la Reserva Natural de La Angostura que fueron comercializadas a través de un proyecto inmobiliario. Las autoridades deberán definir ahora si le otorgan 10 días hábiles a los compradores para que desocupen las parcelas o si harán cumplir de inmediato la medida luego de que se rechazara un planteo de impugnación.
En octubre del año pasado, empleados del Estado descubrieron que desconocidos estaban ocupando terrenos de la reserva. Uno de los casos más graves fue el hallazgo del emprendimiento inmobiliario conocido como “Loteo Gaucho Castro”, en el que un grupo de personas estaba comercializando parcelas en ese lugar.
La Provincia tomó dos caminos. La Policía derribó los alambrados que fueron colocados por los integrantes de la Comunidad Diaguita El Mollar (Cidem). La fiscala de Estado Gilda Pedicone logró que una jueza dictara una medida de no innovar para frenar la comercialización de los terrenos y las construcciones en los lotes que ya se habían adquirido.
En enero, Pedicone dio instrucciones a los abogados de la fiscalía José María Molina y Horacio Geria para que iniciaran una demanda penal en contra de Juan Pablo Castro y de cualquier otra persona que estuviera involucrada en el negocio. En medio de la pesquisa, el fiscal de feria Miguel Varela y el Estado en su rol de querellante, hicieron un pedido que no tiene antecedentes: solicitaron que mientras se realice la investigación, se ordene la restitución de esas tierras a la Provincia.
En una histórica resolución, el juez Mario Velázquez no sólo ordenó el 31 de enero la restitución por seis meses de los terrenos, sino también le dio un plazo de 10 días hábiles a los compradores de las tierras para desocuparlas. En caso de que no cumplieran con esa orden, se autorizaba el uso de la fuerza pública para concretar el desalojo, medida que debía desarrollarse después de realizar un amplio informe socioambiental y con el estricto seguimiento del Colegio de Jueces del Centro Judicial de Monteros.
Sin embargo, Silvia Furque y Cergio Morfil (defensores de Castro y de su nieto político Damián Romano) y Daniel Bulacio (asiste a tres damnificados) impugnaron la resolución. Un tribunal integrado por Edgardo Sánchez, Jorge Carrasco y Matías Graña rechazaron el planteo el martes. Esa decisión teniendo en cuenta el artículo 283 del código procesal civil y comercial de la Nación, la Provincia está habilitada a hacer cumplir el fallo de Velázquez por más que los defensores presenten un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia. Es más, el Estado puede recuperar y desalojar esas tierras por más que las partes realicen ese planteo que ya no tiene efectos suspensivos.
El próximo paso
Fuentes de Casa de Gobierno confiaron que ayer la fiscala de Estado condujo una reunión con los profesionales de la Unidad Ejecutora para definir cuáles serían los pasos a seguir. La decisión está tomada: recuperarán las tierras de la Reserva, pero no saben cuándo. Tanta precaución tiene su razón de ser: al haber sido impugnada, los plazos dispuestos por el juez Velázquez quedaron suspendidos. Para evitar cualquier tipo de inconvenientes, las autoridades prefieren respetar a rajatabla la resolución judicial.
En el “Loteo Gaucho Castro” se habrían vendido unos 30 lotes. La mayoría de ellos ya fueron cercados por los compradores. Más de media docena de adquirentes comenzaron a construir sus casas. Salvo el caso de Marcos Bolla, que aceptó retirar la prefabricada en el marco de la probation que accedió para evitar ser procesado penalmente, todas las otras edificaciones deberían ser destruidas.
Con esta novedad, la Provincia ya está en condiciones de recuperar las tierras ocupadas por un bar y un comercio de venta de artesanías; el emprendimiento de servicios de pesca y de paseos de lancha conocido como “El Pelao”; el club Los Sauces y la sede del club Monteros Voley que fueron cedidas, pero que nunca llegaron a ser explotadas. Las autoridades ya habían destruido la edificación del boliche “Costa de Piedra” que funcionaba en el sector conocido como “La Playita”. Cuando se concreten todas estas medidas, la Reserva quedaría liberada y la Dirección de Flora y Fauna será responsable de su cuidado.
Causa paralizada
Mientras avanza la recuperación de las tierras de la Reserva Natural La Angostura, se demora la investigación de la causa del “Loteo Gaucho Castro”. Cuando estaba a cargo de la fiscalía en la feria, el fiscal Miguel Varela reunió indicios para formalizar la investigación en contra de Juan Pablo Castro (titular del proyecto inmobiliario), el ex titular de Dominio Territorial y Hábitat Fernando Rogel Chaler, los empleados de ese organismos Maximiliano Barreiro y Juan Trujillo, Jessica Mamani (nuera del último empleado estatal), Damián Romano (nieto político de Castro) y el comisionado rural Jorge Cruz, que fue separado de su cargo por decisión del gobernador Osvaldo Jaldo.
Según el representante del Ministerio Público, tenía las pruebas para acusarlos de usurpación y estafas reiteradas, pero no descartaba imputarlos por asociación ilícita. El juez Mario Velázquez, en el fallo de restitución de las tierras, le pidió al MPF que realizara la audiencia de formulación de cargos en contra de los señalados, ya que a su criterio existían pruebas suficientes para hacerlo. A casi un mes de esa resolución, la fiscala Mónica García aún no solicitó la audiencia para procesar oficialmente a los sospechados.
