Mauricio Macri fue citado a declarar en Dolores, acusado de haber ordenado a la AFI que espiara ilegalmente a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan. Sin embargo, la audiencia convocada por el juez Martín Bava se suspendió porque el expresidente no había sido relevado de la obligación de guardar el secreto de inteligencia, requisito que debía validar Alberto Fernández. Según el abogado del exjefe de Estado, Pablo Lanusse, el pedido llegó al Presidente a las 15 horas y lo firmó antes de las 20.
Según detalló Fernández en el Decreto 750/2021 que salió en el Boletín Oficial, “el juez requirió que, en caso de ser necesario, se releve al ingeniero Mauricio Macri, expresidente de la Nación, del deber de confidencialidad previsto en la Ley N° 25.520 atento lo solicitado por la defensa del imputado en el marco de la audiencia indagatoria del nombrado, la que debió suspenderse durante el curso de la misma con el fin de evitar futuros planteos nulificantes”. De todos modos, en diálogo con LN+, Lanusse aclaró: “No fue un pedido nuestro que lo releven”.
En el documento está firmado por Fernández: el jefe de Gabinete, Juan Manzur; y el ministro de Justicia, Martín Soria. Allí añadieron: “La solicitud de la defensa del imputado que imposibilitó que prestara declaración indagatoria hace presumir que el nombrado requiere, para ejercer debidamente su defensa, aludir a la realización de actividades de inteligencia vinculadas al objeto procesal”. Este es otro punto cuestionado por el abogado del referente de Juntos por el Cambio: “Que un decreto hable de ‘presumir’ lo que una defensa quiere hacer no es función del decreto. Está fantaseando el Presidente”.
En los considerandos del decreto explicaron que “la causa investiga la posible comisión de delitos vinculados a actividades de inteligencia prohibidas por la ley, y no a actividades o información que resulte necesario clasificar en interés de la seguridad interior, la defensa nacional o las relaciones exteriores de la Nación”.
“Sin perjuicio de ello, estando imputado Macri de un delito de acción pública, y con el fin de posibilitar el pleno ejercicio del Derecho de Defensa del imputado, así como la adecuada y efectiva actuación de los órganos jurisdiccionales, es que corresponde relevar al imputado del deber de secreto y confidencialidad que establece la normativa vigente”, justificaron pese a la declaración de Lanusse de que la defensa de Macri no pidió que lo releven.
