Con tono técnico y muy crítico, las fundaciones Alem, Pensar y el Instituto Hannah Arendt acordaron un documento con el que darán inicio a un intenso programa de debate público en torno a la reforma judicial que el Gobierno presentó en el Congreso. Lleva las firmas de los dirigentes los principales partidos de la coalición Juntos por el Cambio, Lilia Puig (UCR), Franco Moccia (PRO) y Juan Manuel López (CC) quienes, a su vez, designaron tres juristas de peso como referentes de cada uno de los partidos.
Ricardo Gil Lavedra por el radicalismo, Germán Garavano por el PRO y Paula Olivetto por los lilitos son las primeras figuras de este grupo que también formó sus propios equipos con quienes hicieron un análisis a fondo del proyecto oficial. “Del trabajo que cada equipo aportó hicimos un texto apuntando a que sea lo más coloquial posible, para abrir un plan de reuniones durante 90 días con expertos de distintas líneas, que empezarán con una mesa que se reunirá en forma virtual en la Facultad de Derecho de la UBA el próximo 20 de agosto”, anticipó el ex ministro de Justicia. Mientras tanto, se profundizará en varios textos más, siempre buscando dar un aporte técnico a cada aspecto de la reforma, el presupuestario, la cantidad de nuevos juzgados, la creación de nuevos fueros, las expectativas de una mejor funcionamiento de la Justicia y una serie de recomendaciones.
Gil Lavedra dijo: “Todas las reformas judiciales tienen que ser muy abiertas y buscar un consenso muy generoso, no sé por qué en este caso no se implementó algo así. Uno lo escucha al Presidente cada vez que habla del tema y es imposible no estar de acuerdo con lo que dice en cuando a que la justicia tiene que ser independiente de la política y no debe ser pendular, pero este primer proyecto es viejo, innecesario y costoso, con ideas que tal vez pudieron servir hace 20 años, pero ahora con el sistema acusatorio en marcha carece de sentido”.
Ante la pregunta de Infobae en torno a cómo se sentía trabajando en equipo con Garavano, después de las diferencias que tuvieron durante la gestión de Cambiemos, Olivetto aseguró: “Fuimos críticos a su gestión, que pensamos podía ser más transformadora, más incisiva en cuestiones importantes como la causa AMIA, pero nunca cuestionamos a su persona”. También dijo: “Nuestra vocación es construir consensos, aun en la diversidad, y marcar un horizonte sobre lo que hay que hacer en materia judicial, sin desperdiciar lo que se avanzó en los últimos años”.
Es que el documento no solo realiza un cálculo de cuánto puede costarle al fisco la reforma propuesta, sino las dificultades específicas para el funcionamiento. En concreto, el proyecto oficial crea 323 cargos de jueces, fiscales, defensores y funcionarios, que exigen un presupuesto anual solo en sueldos de 1.703 millones de pesos. Sumados a 1.211 millones de pesos en infraestructura y 122 millones en tecnología, la reforma judicial que se debate en el Senado exigiría un costo mínimo de 3.037 millones en el primer año de funcionamiento. “Pero en el Poder Judicial de la Nación solo hay presupuesto para pagar los sueldos de agosto”, puntualizaron.
Las tres fundaciones también aseguraron que “no se tendrán procesos y sentencias más rápidas”, ya que no se trata de “un plan orgánico de reformas”, sino la “creación desmesurada y costosa de cargos judiciales” bajo severas “inconsistencias”, que hace “irrazonable crear más juzgados federales con el diseño actual”, cuando en dos años “como máximo tiene que estar funcionando el sistema acusatorio”.
Además, destacaron que “carece de fundamento científico” que sean 23 los juzgados a ser creados en el fuero penal federal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, cuando “en 2019 ingresaron 156 causas, 115 fueron resultas, 41 están en trámite, y cada juzgado recibió 13 causas de corrupción del Estado en promedio”. Y expresaron que la designación de jueces interinos, como está previsto, “afecta la independencia e imparcialidad”, entre distintos señalamientos.
Como propuesta para acelerar los procesos judiciales recomendaron volver a enviar los pliegos de los magistrados que ganaron concursos y que fueron retirados por el Gobierno del Senado, tratar el Código Penal y sancionar el Código Procesal Civil y Comercial, al tiempo que continuar con la puesta en marcha del sistema acusatorio que ya está funcionando exitosamente en Salta y Jujuy.
