Horas después del anuncio del tarifazo, desde el Gobierno comenzaron a difundir, a través de distintos medios de comunicación, listados de personas famosas, políticos, empresarios, artistas, deportistas que recibían subsidios en sus tarifas. Un subsidio que el mismo gobierno otorgaba y que, por lo tanto, era legal. Esa demostración de abuso de poder, exponiendo a personas que recibían un beneficio que seguramente estaba mal otorgado por sus posibilidades económicas pero que nunca pidieron a modo de excepción, es demasiado peligrosa.
Porque pone en riesgo la seguridad de los señalados que, curiosamente, en su mayoría son reconocidos opositores a este gobierno. Este comportamiento muestra la cara autoritaria de un gobierno que no duda en marcar públicamente a ciudadanos que no cometieron ningún delito, en medio de un ambiente caldeado y con la bronca social golpeando la puerta de la realidad cotidiana.
Paradójicamente, se trata del mismo gobierno que retiró a la Oficina Anticorrupción y a la Unidad de Investigación Financiera del juicio más importante contra la corrupción que se está llevando adelante en la Argentina y que tiene a Cristina Kirchner apuntada como líder de una asociación ilícita que manejaba parte de la obra pública. Ahí no aparecen los listados ni la colaboración con la justicia.
Solo se dedican a obstruir la investigación, porque como se sienten dueños de la verdad, ya decidieron que Cristina y el resto de los investigados sean inocentes, más allá de la catarata de pruebas, algunas impensadas y que sorprendieron hasta a los principales denunciantes, presentadas por el fiscal Luciani. La palabra del ministro de Economía, Sergio Massa, entra constantemente en contradicción.
Suele afirmar conceptos opuestos a lo que sugería hasta no hace muy poco, como que iba a “barrer con los ñoquis de La Cámpora” y hoy habla y acuerda permanentemente con su líder Máximo Kirchner, que también tiene lo suyo. Vale recordar cuando en mayo de 2018 cargaba contra el gobierno de Mauricio Macri señalando que “demagogia es decir que no hay tarifazos y después hacerlo”, algo parecido a lo que sucedió esta semana en su gobierno pero que no ameritó modificar su silencio cómplice con la situación.
Ejemplos hay muchos, situaciones contrapuestas aparecen a diario, el relato ficticio es moneda corriente. El problema es que para adueñarse de la verdad necesiten que la mentira prevalezca y sea parte medular del discurso oficial, poniendo en riesgo la credibilidad de todo el sistema, mucho más cuando termina atentando contra la propia capacidad del gobierno para comprender y dimensionar los problemas que nos afectan. Pero lo peor de todo es que mientras todo esto sucede, la sociedad asiste al triste espectáculo de ver cómo los responsables de administrar el país, en lugar de admitir sus fracasos, eligen creer sus propias mentiras.
