En el arranque del gobierno de Cambiemos, Mauricio Macri presentó su plan productivo. Fue un faro para los empresarios hasta que ese barco se estrelló. Lo había trabajado –fueron 12 agotadoras versiones– la Fundación Pensar a partir de viajes de sus ideólogos por Australia y la trasnochada lectura de publicaciones de Pablo Gerchunoff y Pablo Fajgelbaum. Existen puntos de contacto con lo que hay en la cabeza de Javier Milei, aunque se difiere en la secuencia y en la graduación de las medidas, y en la fijación de un sendero de largo plazo. Una frase de aquel plan explica el gran desafío que Macri no logró sortear en esos años y coincide con el ruido que el libertario enfrentará para que su “revolución” sea permanente.
“El desafío es aumentar la productividad, mantener salarios altos en dólares e integrarse al mundo evitando problemas de empleo”, rezaba aquel documento con ocho pilares fundamentales. Era una manera de declarar que se apostaba a la inversión –ya sin cepo– como motor, a la competencia con la apertura comercial y, sobre todo, a que la competitividad se debía ganar sin devaluar, o sea, sin afectar los sueldos. Tanto Macri como Milei coinciden en atacar lo que se llama la competitividad sistémica (bajar impuestos, simplificación, desburocratización, quita de aranceles y reformas estructurales) en vez de apostar a un dólar alto (salarios bajos). El problema es el tiempo. ¿Cuánto se sostiene un esquema de un dólar bajo sin la competitividad de Alemania? ¿Cuántas empresas quedan en el camino? ¿Qué tasa de desempleo es digerible?
Con carry, el mercado financiero compró el compromiso del Gobierno de no devaluar. También es una decisión política de Casa Rosada cuando se acercan las elecciones y el principal flagelo de la economía en los últimos 20 años, la inflación, se desacelera. Equipo que gana no se toca. El “atraso” cambiario, se sabe, es cosa de los años impares.
Pese a los avances en algunas áreas vinculadas a la competitividad –reducción de tasas de interés, apertura del comercio y quita de aranceles– el peso de los impuestos sobre la economía formal es altísimo. Nadie confía en que, en un año de elecciones intermedias y con poco poder de fuego oficialista en el Congreso, el Gobierno avance en una reforma impositiva como la que Nicolás Dujovne presentó en 2018 (luego de los comicios de medio término). Como con el cepo cambiario, la baja de impuestos se prevé para 2025 en capas y discrecional. “En la medida que la mejora de los ingresos es permanente, se bajan impuestos”, dice el Presidente. “No hay reforma global sin superávit”, privilegian en Casa Rosada.
La competitividad comienza a preocupar en algunos sectores de la economía. Es el foco principal de un documento que difundió la Unión Industrial Argentina (UIA) en estas horas y es uno de los ejes de lo que se debatirá en los pasillos del Coloquio de IDEA esta semana en Mar del Plata. Allí se presentarán Milei y también el ministro de Economía, Luis Caputo.
La entidad fabril que dirige Daniel Funes de Rioja estima que el acceso al crédito bancario es nulo: representa solo el 6% del producto (puesto 144 en el ranking mundial) en el país cuando en el resto de la región llega al 60%. En los países avanzados se supera el 80%; la Argentina está primera en el ranking junto con Brasil en materia de la presión tributaria y, si se ajusta por informalidad, la presión que afecta al sector formal pasa del 29% al 52%; el costo de la energía eléctrica industrial supera en más del doble al de EE.UU. y el costo logístico es un 43% superior al del promedio de América Latina.
Se suma Ingresos Brutos en las provincias, tasas municipales “crecientes”; fallos en la Justicia por indemnizaciones, los “onerosos” seguros de caución ambiental y los “numerosos” trámites que suman burocracia a la actividad comercial. “La industria argentina tiene una productividad que se encuentra por encima del promedio de América Latina, pero en términos de competitividad ocupa el puesto 66 de 67 países, según el ranking de competitividad del International Institute for Management Development (IMD)”, refiere la UIA en su documento.
¿Qué pasa con el dólar?
El economista Fernando Marull alertó que el dólar exportador vale cerca de $1020 actualmente, mientras en diciembre de 2023 era de $1562. “Ya se comió la devaluación”, dijo. Luego advirtió: “Queda claro que no sirve andar saltando el FX (tipo de cambio) cada tanto; es insoportable. A favor de ganar competitividad con baja de impuestos nacionales, provinciales, aranceles, tasas y reformas. El riesgo que veo: algunos sectores no tienen espalda para esperar dos años”, dijo.
Los salarios formales (Ripte) en dólares, según FMyA, pasaron de US$436 a US$777 en 2024 si se miden al blue, mientras que, al tipo de cambio oficial, el salto fue de US$1067 a US$1240. No sólo se comenzarán a escuchar quejas de los productores de manzanas, sino también de las cerealeras, el turismo, las manufacturas exportables y la industria del conocimiento. En el agro, el reclamo de baja de retenciones crece, pese a que el Gobierno avanzó con bajas en la carne o la eliminación en la leche y porcinos. Por ahora, los productores agradecen la lluvia y la recuperación parcial de los precios internacionales.
La próxima gran discusión en el Congreso, el proyecto de Presupuesto 2025, esquivará la “competitividad sistémica”. Según un documento de la Fundación Pensar (PRO), coordinado por la diputada y economista Daiana Fernández Molero, estimó que “la presión impositiva aumenta 0,5% del PBI y no se incorporan cambios tributarios significativos”. El aumento de la presión fiscal tiene que ver con “Ganancias (restitución), Seguridad Social (incrementos salariales y recuperación del empleo), derechos de exportación (por mayores saldos exportables) y Combustibles (actualizaciones pendientes)”. La novedad en cuanto a bajas de gravámenes es la no renovación del impuesto PAIS creado por Alberto Fernández.
Pese a que el Presidente prometió en su discurso en el Congreso que en caso de que los recursos fueran superiores a los esperados, los excedentes se destinarán a bajar impuestos y cancelar deuda, esas palabras, dicen los técnicos de PRO en su documento, no se encuentran en el proyecto de ley de Presupuesto. “No está en letra de molde”, diría Cristina Kirchner.
Pero Economía sí incluyó una novedad poco debatida aún: una nueva forma de medir el gasto tributario, o sea, la pérdida de recaudación por un tratamiento impositivo a personas o empresas, distinto del marco tributario general. El economista Julián Folgar hizo un exhaustivo análisis en X. “Hasta 2023, se estimaban gastos tributarios en promedio del 2,7% del PBI. La nueva medición da un 3,5% del PBI para 2024-25″, explicó el experto. “En Ganancias ahora se incluyen como gasto tributario todas las deducciones generales que se permiten (alquiler, prepagas, educación, etcétera). El más sobresaliente es la deducción de gastos educativos (incluso privados) que se estima en 0,13% del PBI”, contó. Pero además se incorporaron regímenes no considerados (el monotributo), el de Tierra del Fuego (0,18% del PBI), entre otros. Será interesante observar el debate sobre esa minuciosidad entre un Gobierno que cuestiona “privilegios” y un Congreso que defiende “derechos”.
Las rebajas de impuestos que ya implementó el oficialismo –una reducción de la suba que el equipo económico había hecho del impuesto PAIS-, sumado a la retracción de fondos para provincias y municipios, despertó algo de lo que el Fondo había alertado a comienzos de siglo en la Argentina: lo que se ahorran las empresas o personas de pagos de impuestos gracias a la contención del gasto que impulsa el gobierno nacional se lo terminan cobrando provincias o municipios afectados por el ajuste gracias a las suba de gravámenes provinciales o tasas municipales. En definitiva, la baja del costo país que impulsa Milei -que debería verificarse en el nivel de precios- es neutralizado por sus adversarios políticos, que tienen autonomía sobre sus cajas. “No hay un pacto fiscal con las provincias”, fue al punto el documento de PRO.
Milei y Caputo comenzaron a luchar contra esos molinos de viento del sistema tributario argentino. En el caso de La Pampa –el Gobierno amenazó con cerrar sucursales del Banco Nación luego de una suba de Ingresos Brutos al sector financiero–, el gobernador Sergio Ziliotto decidió dar marcha atrás. La prohibición a las empresas de cobrar tasas en las facturas de servicios públicos desató, en cambio, la rebeldía de Axel Kicillof, que autorizó a sus municipios. Habrá que ver si las empresas que funcionan en ese territorio responden a sus intendentes o reaccionan ante las multas de Comercio. Kicillof ya había aumentado impuestos a comienzos de año para cubrir la falta de fondos. En la Ciudad de Buenos Aires, la suba del ABL, supera –en todas las zonas– el 18% de inflación del presupuesto. “En 2018, el ABL era el 10% de la recaudación. Hoy es el 5%”, se justifican cerca de Jorge Macri sobre los incrementos por encima de los precios (y los salarios).
El péndulo impositivo, que emparchó el Gobierno con el RIGI, es un obstáculo a la inversión. Las reglas de juego, las instituciones, son clave para el desarrollo económico. Si no hay que preguntarle a Acemoglu, Johnson y Robinson, y cuestionarse sobre qué significa Ariel Lijo para los actores económicos. ¿Nadie invierte? La reforma tributaria 2018 –que daba previsibilidad a cinco años– de Cambiemos fue revertida por el kirchnerismo. Había una escalera descendente de Ingresos Brutos (pasaba de 4,5 puntos del PBI a 2 puntos) y se concentraba en bienes finales. Además, establecía una rebaja en Ganancias no distribuidas, de 35% a 25% para las empresas privadas; la eliminación gradual de Débitos y Créditos con un cronograma, y una fuerte rebaja de contribuciones patronales a través de un mínimo no imponible.
Cambio de etapa
El equipo de Caputo se encuentra una la transición de la primera etapa del plan, la estabilización, a la segunda: lograr crecer. En la primera equilibraron las cuentas, ajustaron precios relativos y secaron la plaza de pesos para contener la inflación. Ahora es el crawling peg –microdevaluaciones– lo que le pone un piso a los precios. En Casa Rosada piensan en bajar ese ritmo del 2% sólo cuando el IPC alcance a la “inflación inducida” (cuando la suba de precios mensual sea el crawl más la inflación internacional, o sea, 2,5%). Entonces se produciría además el próximo hito para favorecer la inversión: la salida del cepo. “El mercado te compró la expectativa del tipo de cambio. El Rofex en enero para diciembre de este año estaba en $1950 por dólar, hoy está bajo de $1100″, explicó un economista sobre el “veranito” financiero.
El crecimiento con una inflación baja –¿atraso?– plantea un desafío para las empresas y para el Gobierno. Los márgenes de rentabilidad se achican porque ya no hay financiamiento inflacionario. Los sectores más competitivos resisten, pero aquellos que no lo son empiezan a tener serios problemas. La empresa tiene un trabajo: hacerse más eficiente. El Gobierno tiene otro: “equilibrar la cancha” bajando impuestos, costos laborales, de financiamiento y de infraestructura.
La “competitividad sistémica” de la que hablaba Macri antes de las corridas cambiarias -y el sato inflacionario- que le hicieron perder su “segundo tiempo” sigue pendiente con Milei. El libertario tiene una ventaja: superávit financiero ¿Puede crecer la economía el año que viene con cepo y altos impuestos al sector formal? Sí, dicen algunos. Los más optimistas anticipan que el PBI podrá volver al nivel de comienzos de 2023. Pero alertan que, para crecer por 20 años, la revolución que promete Javier Milei para que la “Argentina vuelva a ser grande de nuevo” todavía no alcanza.
