Mientras a los funcionarios del gobierno se les dificulta dar explicaciones coherentes sobre la presencia en la Argentina del avión de carga venezolano-iraní y las circunstancias sospechosas que rodean ese vuelo, se encienden múltiples alarmas respecto de las posibles amenazas a la seguridad nacional que conlleva este incidente. Sin entrar en los detalles ya cubiertos por la prensa, es clara la irregularidad del vuelo en todos sus aspectos.
Incluyendo la historia e itinerarios previos de la aeronave, típicos de actividades ilegales como el contrabando de armas, las sanciones internacionales que pesan sobre ella y las particularidades en número y antecedentes de la tripulación. Es importante tener en cuenta que este avión, que hasta principios de año perteneció a una empresa de Irán, se encuentra alcanzado por sanciones del gobierno de los Estados Unidos.
Por sus características, dichas sanciones afectan por extensión a todos los que operen en cualquier forma con los sancionados. En otras palabras, podrían afectar a la Argentina si se demuestra algún tipo de complicidad en el nivel nacional. También es revelador que la tripulación iraní o al menos parte de ella, está vinculada con la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica.
Dicha fuerza es un cuerpo de élite que reporta directamente al ayatollah Alí Jamenei, líder supremo de Irán. Se especializa en inteligencia militar, operaciones extraterritoriales y apoyo a movimientos insurgentes y organizaciones terroristas afines, que actúan en diferentes países. Otro dato no menor es que los gobiernos de los países limítrofes recibieron alertas sobre la presencia del avión sospechoso por parte de agencias internacionales vinculadas con la lucha contra el terrorismo y cerraron su espacio aéreo.
Mientras existen declaraciones contradictorias de funcionarios sobre si nuestro país también las recibió. La oscuridad de la situación va más allá de lo anecdótico. Es más, dispara en aquellos que anhelamos una nación protegida de cualquier amenaza externa, un conjunto de preguntas esenciales que deben encontrar respuestas contundentes, desde el gobierno o, en su defecto, desde otros actores en la sociedad.
Interesa saber cuál fue el verdadero propósito del viaje. Y también cuán habituales son estos viajes dudosos y si pasan desapercibidos. ¿Por qué los funcionarios argentinos no actuaron inmediatamente y sólo cuando se filtró la información? ¿Fue por inoperancia o por órdenes superiores? ¿Cuáles son los riesgos reales presentes y futuros que corre la Argentina a partir de las relaciones del actual gobierno con las dictaduras castro-chavistas que facilitan, por acción u omisión, la posible penetración en el país de agentes con fines desconocidos?
¿Está el territorio argentino siendo utilizado como campo de operaciones de organizaciones de extrema peligrosidad como la Fuerza Al Quds de Irán? ¿con qué intención? ¿están estas organizaciones patrocinando grupos locales con fines insurgentes, desestabilizadores o criminales? ¿de ser así, tiene que ver con fines de criminalidad organizada o con posibles amenazas a la gobernabilidad futura? ¿o ambas cosas?
Por último, ¿Cuál ha sido del desempeño de los servicios de inteligencia en anticipar situaciones de esta índole? En ese marco, es menester señalar que todas estas preguntas cobran aún más relevancia y pertinencia en este momento político en que el oficialismo, perdedor de las elecciones de medio término del año pasado, tiene escasas o nulas chances de renovar su mandato.
El caso del avión ya está en la justicia. Ojalá que en este ámbito se logre un resultado positivo en la búsqueda de la verdad y, sobre todo, se eche luz sobre lo que hay más allá de lo evidente. Sin embargo, la búsqueda de respuestas claras a estas preguntas esenciales debe ser tarea de todos. Es importante que los argentinos seamos conscientes de estas amenazas que comprometen nuestro presente y futuro.
Cabe mencionar que el objetivo patriótico fundamental es que nada ni nadie vulnere nuestros intereses nacionales, ni convierta nuestro territorio en campo propicio para actividades que perjudiquen la voluntad soberana de nuestro pueblo, o sean funcionales a la acción del terrorismo y del crimen organizado transnacionales, flagelos que afectan a todos los países por igual.
