El Colegio de Abogados de la Capital se puso a disposición de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán para intentar un cambio institucional de fondo en uno de los ámbitos más atrasados del sistema judicial. “La situación de la Justicia de Paz ha llegado a un extremo inaceptable”, dijeron el presidente Marcelo Billone y el secretario Guillermo Arévalo a Daniel Posse, presidente del alto tribunal, mediante una nota que ingresó el viernes a la Secretaría de Superintendencia. En simultáneo, José Luis Guerra, juez de Paz de El Manantial, presentaba la renuncia en el Gobierno: se trata de uno de los funcionarios denunciados por la celebración de matrimonios en Salta.
“Las últimas publicaciones de LA GACETA dan cuenta de la situación grave en la que se encuentran los juzgados de Paz. En efecto, tras referir que la Corte nombró prosecretarios para tratar de ordenar mínimamente las dificultades de funcionamiento originadas sobre todo por las acefalías, el matutino relató los supuestos excesos en los que habrían incurrido algunos funcionarios al celebrar matrimonios fuera de la órbita de sus jurisdicciones”, recordaron las autoridades de la entidad profesional.
Billone y Arévalo manifestaron a Posse que la polémica por los casamientos a domicilio, un servicio totalmente desregulado, se incorporaba al listado de déficits institucionales conocidos. “La recurrente mora del gobernador (Juan Manzur) para proponer a la Corte los nombres de los postulantes para cubrir las numerosas vacantes existentes se suma al deficiente estado edilicio de la mayoría de los juzgados de Paz; la designación de empleados y funcionarios de estos en modo discrecional, y sin observar el trámite de los concursos, y la coexistencia de dos leyes que regulan el funcionamiento de las oficinas de manera algunas veces contradictoria”, describieron.
Los dirigentes profesionales expresaron que ese escenario justificaba un “análisis integral” de la coyuntura. “Necesitamos un diagnóstico certero que permita luego formular propuestas superadoras. A esos efectos, proponemos al alto tribunal la formación de una comisión mixta integrada por magistrados y abogados”, plantearon.
El escenario de hoy
El Poder Ejecutivo no designa jueces de Paz desde 2013. Manzur transitó su gestión sin ocuparse de este asunto y, como resultado de esa política, 23 de las 72 oficinas carecen de titular (si el mandatario acepta la renuncia a Guerra, serán 24 los despachos vacantes). El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, había prometido este mes que harán los nombramientos después de las elecciones. Aunque la Justicia de Paz Letrada existe desde 2004, un resquicio legal permitió al ex gobernador José Alperovich seguir nombrando jueces legos y no se sabe qué hará al respecto esta gestión del Poder Ejecutivo.
Mientras tanto, sólo seis de los 72 juzgados están integrados al modelo letrado, que permite resolver conflictos de menor cuantía y ampliar el acceso a la justicia de las poblaciones rurales.
A diferencia de los Tribunales ordinarios, donde la cobertura de las vacancias procede por concurso público de antecedentes y de oposición, en la Justicia de Paz la designación todavía depende de una decisión discrecional del gobernador que la Corte ha de aprobar. A comienzos de este año, el alto tribunal optó por mitigar la escasez de jueces por su cuenta, y esgrimió las acefalías prolongadas de ocho juzgados para nombrar discrecional e interinamente prosecretarios que ayuden a controlar los despachos, sobre todo en la faz administrativa. Pero la firma habilitada para llevar adelante trámites judiciales -por ejemplo, los amparos a la simple tenencia para el caso de las usurpaciones- sigue siendo la del juez: algunos de ellos actúan como subrogantes hasta en cuatro oficinas distintas.
Las carencias y postergaciones convirtieron a la Justicia de Paz en una tierra fértil para las irregularidades. Los pedidos de destitución de Guerra y de Josefina Penna(Yerba Buena) presentados este mes ante la comisión de Juicio Político de la Legislatura expusieron las desviaciones de la potestad para celebrar matrimonios a domicilio, facultad que cada juez ejerce según su criterio. Los funcionarios ponen la tarifa en forma unilateral (llegan a cobrar $ 6.000 o más por boda) y no respetan sus jurisdicciones, pese a que el Registro Civil advirtió en 2018 que no podían ir más allá de su territorio. Un año antes, el Poder Ejecutivo había comunicado a los juzgados que los libros de actas no debían ser retirados sin autorización previa. El jueves, Carolina Bidegorry, directora del Registro Civil, admitió que hace falta una ley para reducir los niveles de discrecionalidad existentes, aumentar la transparencia y modernizar los procedimientos, y se comprometió a presentar un proyecto después de los comicios.
