Tras el discurso del presidente, Javier Milei, quedó en claro que hasta el 25 de mayo la discusión política volverá a posarse en el Congreso de la Nación. Ocurre que esa es la fecha que puso el jefe de Estado para firmar con los gobernadores el llamado “Pacto de Mayo”, que incluye 10 puntos vinculados a reformas económicas, tributarias, laborales y políticas. No obstante, varias son las postas que deberán ir cumpliéndose en estos dos meses y medio que restan para ese día.
“Vamos a tener una buena convocatoria al diálogo. No esperemos al 25 de mayo, esperemos al día lunes a sentarnos en el Congreso”, dijo ayer el diputado y jefe de la bancada de La Libertad Avanza Oscar Zago.
Esto, en alusión a que en su exposición ante el Congreso, el presidente insistió con la sanción de la llamada “Ley Bases y Punto de Partida”. Este proyecto, luego de un mes de enero de discusión, había sido aprobado en general por Diputados. Sin embargo, en su tratamiento en particular no obtuvo apoyo mayoritario y La Libertad Avanza decidió volverlo a comisión. Milei, desde entonces, redobló sus críticas hacia la clase política y en particular hacia los gobernadores.
En la noche del viernes, el Presidente dijo que la aprobación de ese texto es una condición para llegar a firmar en mayo el nuevo acuerdo de consensos. Pero, además, sumó también al “combo” el paquete de “leyes anticasta”, como las bautizó en su alocución.
La advertencia
“Sancionadas ambas leyes, como muestra de buena voluntad, podremos empezar a trabajar en un documento común basada en estos 10 principios esbozado previamente, para así el 25 de mayo de este año podamos dar inicio a una nueva época de gloria para nuestro país”. Esta es la oferta que nosotros ponemos sobre la mesa: quedará en ustedes y en el resto de la dirigencia argentina saber aprovechar la oportunidad de cambiar la historia; o de lo contrario pretender continuar por este camino de decadencia”, advirtió.
¿Qué pasó con la “Ley Bases”? En sesión, cuando se inició el análisis en particular de lo referido a la reorganización administrativa de los organismos de gobierno, el debate se estancó. El rechazo de cinco de los seis incisos que contenían el quinto artículo de la iniciativa fue producto de la negativa de los bloques de Unión por la Patria, la Coalición Cívica, un sector del radicalismo y otro del bloque Hacemos; en tanto que el PRO, la mayoría de la UCR y La Libertad Avanza votaron a favor.
Hubo, además, mucha reticencia en lo que respecta a las privatizaciones de las empresas públicas, las reformas a la ley de sostenimiento de la deuda y el agravamiento de penas para limitar las protestas sociales.
Además de abocarse nuevamente a esta iniciativa, que también se conoce como “Ley Ómnibus”, el Parlamento deberá centrarse en el paquete de leyes “anticasta” que enumeró Milei ante los senadores y diputados.
Las ocho leyes
– Eliminación de las jubilaciones de privilegios para Presidente y Vicepresidente.
– Los sindicatos deberán elegir sus autoridades a través de elecciones periódicas, libres y supervisadas por la Justicia Electoral, que limitará los mandatos de esas autoridades a cuatro años y establecerá un tope de una sola reelección posible.
– Los convenios colectivos específicos que realizan en asociación libre los trabajadores de una empresa o grupo de empresas primarán sobre los convenios colectivos del sector.
– Las personas condenadas por corrupción en segunda instancia no podrán presentarse como candidatos en elecciones nacionales. Además, todo ex funcionario público con condena firme en segunda instancia por delitos de corrupción perderá automáticamente cualquier beneficio que tenga por haber sido funcionario.
– Reducción “drástica” de la cantidad de contratos para asesores de los diputados y senadores de la Nación.
– Se descontará la jornada del sueldo a los empleados del Estado que no vayan a trabajar por motivo de paro.
– Se eliminará el financiamiento público de los partidos políticos: cada partido tendrá que financiarse con aportes voluntarios de donantes o afiliados propios.
– Se penalizará por ley al Presidente de la Nación, al ministro de Economía, a los funcionarios del Banco Central y a los diputados y senadores que aprueben un presupuesto que contemple financiar déficit fiscal con emisión monetaria. “Y además propondremos que dicho delito esté a la altura de un delito de lesa humanidad de manera tal que sea imprescriptible”, dijo Milei.
