El interventor la Unión Cívica Radical (UCR) tucumana, José “Lucho” Argañaraz, presentó una denuncia contra el gobernador, Juan Manzur, en la delegación provincial del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi). Lo acusa de excluir, con base en una distinción política, a las municipalidades de San Miguel de Tucumán, Yerba Buena, Concepción y Bella Vista de los decretos sobre aportes no reintegrables:
[su_quote style=”default” cite=”” url=”” class=””]“cuando el ministro Miguel Acevedo expresó: ‘son los primeros fondos que podemos disponer y decidimos dárselos a los nuestros’, reconoció que el criterio de asignación de fondos ha distinguido el signo político del destinatario y, por ello, ha vulnerado el derecho a la igualdad y la no discriminación. A confesión de parte, relevo de pruebas”.[/su_quote]
Sin embargo, Argañaraz no se limita a hacer referencia a los intendentes Germán Alfaro, Mariano Campero, Roberto Sánchez y Sebastián Salazar, sino que observa que la supuesta discriminación puede provocar un menoscabo en los derechos de todos los ciudadanos de los municipios que gobierna la oposición. “Son estos quienes se han visto privados de aportes no reintegrables que podrían haberse destinado al mejoramiento de sus condiciones de vida”, advierte.
Argañaraz sustenta su acusación en el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Pidcp), que obliga a garantizar los derechos que reconoce sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. “El mismo reconocimiento -agrega- efectúan el artículo primero de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 2, inciso 2, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc)”.
El también concejal capitalino hace referencia además al artículo 26 de la DUDH, que enuncia la igualdad ante la ley, y considera que los Estados son los responsables de respetarla y garantizarla. Y finalmente solicita reparaciones morales y materiales para los ciudadanos de las cuatro ciudades supuestamente discriminadas.
La denuncia de Argañaraz llega un mes después del reparto de fondos: aunque los decretos aparecieron en el Boletín Oficial el 30 de enero, Manzur los habían firmado el día 8 de ese mes. En ellos el gobernador distribuye $ 374 millones entre los intendentes del Frente de Todos y excluye a los cuatro mandatarios municipales de la oposición.
La entrega de los fondos todavía no ocurrió, según confirmó ayer el intendente de Famaillá, José Orellana. De acuerdo con los decretos, servirán para atender desde los desequilibrios financieros y las obras hídricas de los municipios oficialistas hasta sus actividades turísticas, deportivas y culturales.
