La trama de conexiones entre funcionarios, actuales y pasados, familiares y socios alrededor de las cooperativas de trabajo y empresas beneficiadas con contratos millonarios del Municipio de Quilmes, a cargo de Mayra Mendoza, se vuelve cada vez más comprometedora. Los nombres y las direcciones se repiten, y las adjudicaciones bajo sospecha superan los $671 millones, desde comienzos del 2020 a la fecha, según el último cálculo realizado por Infobae en base al análisis de los decretos publicados en el Boletín Oficial del Municipio. Todos llevan la firma de la intendenta de La Cámpora y de funcionarios de su gabinete.
Ya hay dos investigaciones abiertas en la Justicia Federal que investigan si fondos nacionales entregados al municipio de Quilmes se utilizaron para pagarle a cooperativas cuyos titulares son funcionarios y/o empleados del Municipio. Bajo la lupa hay, hasta ahora, 11 imputados, la mayoría de ellos funcionarios de la intendencia de Quilmes, incluida la propia intendenta, siete cooperativas de ese Municipio, y media docena de empresas.Las dos denuncias se realizaron el 25 de abril, basadas en las revelaciones del sitio El Disenso, y avanzan en pararelo ya que aún no hay una disputa de competencia entre la Justicia Federal de Capital y la de Quilmes.
La causa que tramita en los Tribunales de Comodoro Py está a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Ramiro González. Se abrió a partir de la denuncia del abogado Santiago Dupuy de Lome. Los supuestos delitos por los que se investigan a Mendoza y sus funcionarios son los de malversación de fondos públicos y negociaciones incompatibles con la función pública, con la posibilidad de ampliar las acusaciones a otras maniobras como lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
La otra está en la Justicia Federal de Quilmes, por una autodenuncia del propio Municipio. Críticos de Mayra Mendoza dicen que lo hizo para que la causa quedara en Quilmes y poder, hipotéticamente, influir en el derrotero de la causa. Este otro expediente está en manos del juez federal Luis Armella y de la fiscal Silvia Cavallo. La carátula de la investigación lleva los posibles delitos de malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública, lavado de dinero y administración fraudulenta.
Ambos magistrados, a requerimiento de los fiscales, pidieron informes a distintos organismos oficiales como la AFIP, la Unidad de Información Financiera (UIF), el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), la Inspección General de Justicia (IGJ), y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
El escándalo ya tuvo un primer coletazo político: el funcionario municipal más comprometido inicialmente, Sebastián Raspa, debió renunciar el 27 de abril último a su cargo de subsecretario de Hábitat de Quilmes. En su carta de renuncia, sin embargo, aseveró: “Quiero dejar en claro que no soy ni fui parte de ninguna de las cooperativas con las que trabajó el municipio de Quilmes en la presente gestión”. Raspa agregó no tener “cuentas ni participación en empresas en el exterior”. Esa aclaración obedeció a que El Disenso reveló la existencia de tres sociedades en Miami mediante las cuales, según la denuncia, se habría girado dinero de las cooperativas al exterior.
Sebastián Raspa, ex subsecretario de Hábitat de Quilmes (Foto: gentileza Diario La Nueva)
Sebastián Raspa y su doble rol
Raspa se desempeñó hasta el 27 de abril último en su doble rol de funcionario municipal y presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo 1ro de Mayo, que agrupa a cooperativas de la zona. La Federación funciona en una casa en Quilmes, detrás de un portón negro sin identificación ni cartel alguno, sobre la calle Sudamérica 20, al que acudió Infobae. Allí una empleada administrativa confirmó que era el domicilio de la Federación y de otras cooperativas, pero dijo que no había ningún dirigente en ese momento para brindar más información. Si bien esta cronista dejó su número de teléfono, nadie se contactó.
Sudamérica 20, en Quilmes, el domicilio de media docena de cooperativas y dos empresas vinculadas a Raspa y Bordalejo
Raspa, de 41 años, es además el responsable de una de las cooperativas que integran esta Federación, Barrio Unido. Es firmante de sus cheques junto a Romina Cangelosi, también es empleada del Municipio, en la Dirección General de Personas Mayores de Quilmes. Cangelosi sería la pareja de Raspa y está también imputada en la investigación abierta en Comodoro Py.
En paralelo a su rol de funcionario y cooperativista, Raspa es socio de las constructoras JD Vitruvio SAS y Canton Tower Gestiones Integrales SAS, junto a Martín Bordalejo. Ambas empresas informan como domicilio Sudamérica 20, el mismo de las cooperativas agrupadas en la Federación de Cooperativas de Trabajo 1ro de Mayo.
La Estrella receptora de millonarios fondos
¿Quién es Martín Bordalejo? Hasta mayo del 2020, fue jefe de la Dirección General de Relaciones Institucionales del Municipio de Quilmes y es, en la gestión de Mayra Mendoza, uno de los principales beneficiados a través de las cooperativas que controla, de los fondos otorgados por el Municipio, provenientes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
De profesión abogado, también fue tesorero de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT) hasta el 2021. Pero es su rol como responsable de la Cooperativa de Trabajo La Estrella Limitada el que lo tiene hoy bajo la lupa de la Justicia. Esta cooperativa recibió contratos, entre marzo de 2021 y febrero de 2022, por $396.802.792. Los millonarios fondos fueron para realizar tareas que van desde mantenimiento de plazas y “embellecimiento de espacios públicos”, hasta adquisición de plantas ornamentales para distintas calles del distrito, y limpieza de basurales. Así surge de los 11 decretos firmados por Mayra Mendoza y sus funcionarios, publicados en el Boletín Oficial de Quilmes y analizados por Infobae.
Si bien es la más favorecida, La Estrella no es la única cooperativa a la que Bordalejo está vinculado y que resultó beneficiada con fondos públicos. Su padre, Julio Bordalejo, un jubilado de 85 años, figura como tesorero de la Cooperativa La Unión de Azul, que recibió contratos durante la gestión de Mayra Mendoza por $122.748.901. Fueron dos adjudicaciones el año pasado y una en febrero para realizar tareas de recolección de residuos de poda y desmalezado, y obras en el “Barrio Kilómetro 13″.
La Cooperativa Unión de Azul también informa domicilio en Sudamérica 20 y, al igual que La Estrella – de Martín Bordalejo-, y Barrio Unido – de Raspa-, todas figuran en la web del INAES con el mismo mail de contacto a nombre del padre de Bordalejo: [email protected]
No es el único familiar del socio del hoy ex subsecretario de Hábitat de Quilmes que aparece en las cooperativas que reciben fondos nacionales a través del Municipio. La madre de Bordalejo, Susana Orellano, de 85 años, está vinculada a la Cooperativa de Trabajo Progreso. Con el mismo domicilio de Sudamérica 20, en Quilmes, resultó adjudicada por el Municipio con contratos por $63.187.548 entre septiembre del año pasado y abril de éste. Según los tres decretos publicados en el Boletín Oficial de Quilmes, fueron para la compra de hormigón en el marco del “Programa Nacional de Inclusión Socio- Productiva y Desarrollo Local Potenciar Trabajo”; para trabajos relacionados con obras cloacales; y tareas de fumigación de plagas.
En total, las tres cooperativas vinculadas a Bordalejo y Raspa recibieron, entre 2021 y lo que va de este año, un total de $582.739.241, según el relevamiento realizado por Infobae de decretos publicados en los Boletines municipales. Otras cooperativas, en cambio, recibieron adjudicaciones que, en ningún caso, superan los $5 millones.
Tanto el Municipio de Quilmes como la Federación de Cooperativas de Trabajo 1ro de Mayo, Barrio Unido, como La Estrella, La Unión de Azul y Progreso fueron allanadas hace dos semanas por el juez Luis Armella, a pedido de la fiscal Cavallo. El magistrado federal se llevó documentación que actualmente está en proceso de digitalización, que incluyen legajos de personal, contratos y órdenes de pago. En el Juzgado están a la espera de las respuestas a los oficios enviados a la AFIP, la Unidad de Información Financiera (UIF) y al INAES, entre otros organismos. Armella también secuestró los celulares de Raspa y Bordalejo.
El magistrado dispuso, asimismo, el levantamiento del secreto bancario de los cuatro imputados que tiene hasta ahora la causa en la Justicia Federal en este distrito: la intendenta de Quilmes, su ahora ex funcionario Raspa, Bordalejo y el socio de ambos, José Alejandro Scozzari.
Préstamos bajo sospecha
Según pudo saber Infobae, el jueves llegó a la Justicia Federal de Quilmes información solicitada por el Juzgado de Armella a la AFIP con información fiscal sobre los imputados que los investigadores ya comenzaron a analizar. Entre otros elementos, revelan una serie de préstamos cruzados entre Raspa y Bordalejo. podrían tratarse de una maniobra de lavado de dinero. Entre las medidas de pruebas solicitadas por la fiscal Silvia Cavallo al impulsar la investigación, pidió la intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
Martín Bordalejo (izq), Sebastián Raspa y Mayra Mendoza (Crédito: El Disenso)
Según esos documentos, Bordalejo declaró ante la AFIP haber recibido préstamos por $58.250.000 en el 2020. Entre sus acreedores figuran Raspa, quien le habría prestado $7.350.000 y la cooperativa en la que el hoy ex secretario de Hábitat es responsable, Barrio Unido Limitada, con un préstamo de $3.600.00. También le habría pedido plata a su propia empresa beneficiada con fondos municipales, The Wolf Building, por un monto de $21.400.000.
Otro de sus acreedores, según informó a la AFIP, es Martín Leonel Borgio, proveedor del Municipio de Quilmes, que le prestó $19.500.000. Borgio fue adjudicado, entre 2020 y 2021, contratos por $86.286.506, según detectó Infobae, para la provisión de módulos alimentarios de emergencia para escuelas y jardines maternales.
Scozzari: el socio contador
Estos dos ex funcionarios de Quilmes, tienen otro socio en la constructora JD Vitruvio SAS: Alejandro Scozzari. Este contador es, además, dueño de la constructora e inmobiliaria The Wolf Building SA, que resultó también beneficiada con contratos del Municipio de Quilmes por $88.580.875, entre mayo del 2020 y abril de 2022. Las 13 adjudicaciones plasmadas en decretos fueron por servicios variados: la refacción de escuelas y jardines de infantes del Municipio, la compra de hierros y aceros para el Programa Potenciar Trabajo, el alquiler de maquinarias para levantar basura en el distrito, y la adquisición de mobiliario para oficina. Esta empresa de Scozzari también fue allanada por el juez Armella el mes pasado, quien además de secuestrar documentación, se llevó los celulares de dos empleados que estaban en ese momento.
Pero los negocios de Scozzari no terminan en The Wolf Building. Scozzari es además socio de Sur II SRL, según surge del Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires. En esta constructora e inmobiliaria, los apoderados designados son Sebastián Daer, ex marido de Mayra Mendoza y padre de su hija (hoy funcionario de la AFIP); Claudio Carbone, secretario Legal y Técnico de Quilmes; y Anabella Galván, directora de Defensa de Usuarios Consumidores y Lealtad Comercial del Municipio, y abogada del estudio jurídico de Daer.
Según una presentación de la diputada nacional Mónica Frade, de la Coalición Cívica, en este caso ante el juez federal Lijo que lleva la causa en Comodoro Py, “de esa sociedad surge una primera y directa relación entre el hoy Secretario de Legal y Técnica de la sra. Intendente, su ex esposo y la sra. Anabella Galván, empleada de la Municipalidad de Quilmes”.
Anabella Galván, directora de Defensa de Usuarios Consumidores y Lealtad Comercial del Municipio
En su presentación, Frade señaló que José Alejandro Scozzari, “recibió de las arcas del Municipio de Quilmes, la suma de 46.467.034,25 pesos, de una contratación por 54.467.034,25, intermediando con la denominación societaria The Wolf Building S.A”, a nombre de su hijo. El 1 de agosto de 2018, la firma amplió su objeto societario al alquiler de equipos de construcción.
Para la diputada, oriunda de Quilmes, el caso de Wolf Building SA “es elocuente” ya que a través de la Secretaría de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos de Quilmes, se solicitó el alquiler de minicargadora y retropala para efectuar tareas de limpieza y recolección de montículos y microbasurales. “Bajo el argumento de la Emergencia y utilizando apariencia legal, se ha locado a precio de adquisición, máquinas por servicios abonados a las cooperativas que ellos mismos conducen y controlan, registrándose operatorias circulares”, sostuvo la legisladora de Juntos.
Mayra Mendoza, su ex marido Daer y su actual secretario Legal y Técnico Carbone son, a su vez, socios por partes iguales en 4TER SA, una firma dedicada al rubro “bar y confitería” que crearon en febrero de este año. Su presidente es Paul Brian O´Shanghnessy, subsecretario de Producción y Empleo de la Municipalidad de Quilmes, también imputado en la causa por el fiscal Ramiro González.
Sebastián Daer y Mayra Mendoza, en 2016, cuando eran pareja
En la Justicia Federal de Comodoro Py también están imputados, además de Cangelosi, Alejandro Gandulfo, jefe de gabinete del Municipio; Cecilia Soler, arquitectura y secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Quilmes, jefa directa de Raspa.
La sociedades en el exterior
La investigación también se enfoca en tres sociedades a las cuales, según la denuncia, se habría girado dinero al exterior. Se trata de firmas registradas en Miami que no remiten a nombres de fantasía, sino a los apellidos de los que las registraron: Raspa Investments LLC y Borda Investments LLC, en cuyos directorios también figuraba Scozzari. Ambas fueron disueltas después de la publicación de El Disenso y que se desatara el escándalo. La tercera, SCO Investments, dejó de tener a este Scozzari y a Bordalejo como managers de la empresa.
El juez Federal de Quilmes espera los informes de la UIF, con la posible existencia de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), antes de librar exhortos a Estados Unidos. “Por más que se hayan modificado la constitución de las sociedades, el registro de la documentación queda”, explicó una fuente judicial.
El descargo de Mayra Mendoza
La intendenta de Quilmes e integrante de la mesa de La Cámpora aseguró en un video difundido hace 10 días, dirigido a los vecinos de ese municipio, que las acusaciones en su contra eran “noticias falsas”. Definió las publicaciones como una “operación mediática que busca generar odio y violencia contra el kirchnerismo” y desmintió nuevamente la acusación “de fugar plata a Miami y hacer pagos a cooperativas que no trabajan”.
Dijo que las contrataciones con cooperativas para tareas de mantenimiento del municipio se hicieron porque, cuando llegó, había solo 23 personas para esas tareas y decidió mantenerlas. “Se hicieron respetando los procedimientos administrativos”, aseguró. Y agregó que esas cooperativas trabajaban en el Municipio desde 2009.
El concejal de la Coalición Cívica, Walter Fernández, integrante del interbloque de Juntos, pidió citarla al Concejo Deliberante el pasado 17 junio, en relación a la causa penal que la tiene imputada, sin éxito hasta ahora. El edil denunció que esta semana lo dejaron sin los tres empleados que trabajan con él, y “a éstos sin cobrar su sueldo trabajado del mes de mayo”. Según le dijo a Infobae, lo interpretó como una “represalia” por el pedido de interpelación.
