De un tiempo a esta parte Cristina Kirchner retomó su agenda judicial con fuertes embates a los tribunales y el reciente anuncio de recusación contra la jueza María Eugenia Capuchetti, a cargo de la causa que investiga el intento de asesinato contra la vicepresidenta.
Esta saga de ataques contra el poder judicial se explica en la preocupación que genera en la Vicepresidenta la posible reactivación de una causa en su contra y el desenlace que podría tener el expediente de Vialidad antes de que culmine el 2022, un caso en el que por primera vez Cristina Kirchner podría ser condenada.
El primero de estos expedientes es el caso Hotesur-Los Sauces, en el que tanto Cristina Kirchner como sus hijos (Florencia y Máximo) fueron sobreseídos en noviembre pasado, pero el jueves pasado el fiscal ante la Cámara de Casación Mario Villar pidió anular esta decisión y llevar adelante el juicio oral y público.
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Los dos frentes judiciales que explican la última arremetida de CFK contra la Justicia
En este caso se investigaba a CFK y su familia, por supuestas maniobras de lavado de dinero y asociación ilícita a través de la inmobiliaria familiar. La Justicia investigó el supuesto pago de retornos por parte de empresarios cercanos al poder como Lázaro Báez y Cristóbal López. Los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg pertenecientes al Tribunal Oral Federal 5 habían entendido que no había prueba nueva y que no se aplicaría la ley más benigna al tratarse de una maniobra de autolavado que no era punible al momento que comenzó a ejecutarse el delito.
El fiscal rebatió los argumentos de los jueces y pidió retomar el proceso, pero la defensa de Cristina Kirchner -según se pudo saber- planteará que el TOF 5 ya argumentó que no había prueba y que se trata de un “dispendio de tiempo innecesario”. “No creo que al mismo tribunal que ya dijo que no había prueba lo obliguen a encarar un juicio en el que, si son coherentes, deben dictar el sobreseimiento de Cristina Kirchner”.
Cerca de Cristina Kirchner vinculan el pedido del fiscal con una “persecución judicial” que busca que la vicepresidenta enfrente otro proceso en medio de la contienda electoral de 2023.
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El próximo 24 de noviembre se realizará una nueva audiencia en donde los jueces Barroetaveña, Petrone y Figueroa escucharán a las otras partes para poder tomar una decisión respecto del planteo de Villar. Luego tienen 20 días hábiles para decidir, lo que coincidiría con el fin del año.
Un fin de año que podría estar cargado de malas noticias judiciales para Cristina Kirchner
Este caso (Hotesur-Los Sauces) está vinculado directamente con otros dos: la causa de Vialidad y “La ruta del dinero K”. Justamente el primero de estos es el otro caso por el que la Vicepresidenta arremete contra la Justicia en el último tramo del año.
Es que el pasado 31 de octubre concluyó la etapa de alegatos en el expediente Vialidad en el que se investiga el supuesto direccionamiento de la obra pública de Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez entre 2003 y 2015 y ahora se da lugar a la instancia de las réplicas y dúplicas entre abogados y fiscales, paso previo a la lectura del veredicto.
Se espera que el 14 de noviembre los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola tengan la posibilidad de contestar los planteos de nulidad y las excepciones que introdujeron las defensas durante sus exposiciones. Luego le seguirá la réplica y dúplica de los abogados defensores y de los fiscales. Finalmente, se escucharán las últimas palabras de los acusados para que posteriormente se lea el veredicto.
A medida que este proceso avance se espera que Cristina Kirchner incremente sus réplicas contra la Justicia. Es probable que cuando llegue su turno, la defensa de Cristina Kirchner insista con que durante su gobierno empresarios vinculados a Mauricio Macri recibieron contratos millonarios de obra pública. Dirán que el exsecretario de Obra Pública José López también mantenía vínculos con Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, entre otros.
Quienes escucharán los argumentos de cada una de las partes serán los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Si el cronograma se sigue como está establecido, el veredicto se daría a conocer antes de fin de año.
