En respuesta a las presiones oficiales para rubricar los acuerdos de precios y contener en alguna medida la inflación, las empresas alimenticias salieron a advertir que “acatar una imposición gubernamental no es un acuerdo voluntario en materia de precios”.
A través de un comunicado, la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), que dirige Daniel Funes de Rioja y que que representa a 14.500 empresas dijo que “entiende que la dinámica de control de precios impuesta en la última semana por la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, no es posible ni sostenible si no se da lugar al entendimiento y al diálogo intersectorial”, señaló.
Sucede que el acuerdo de precios que impulsó el jefe de Aduana, Guillermo Michel prevé un ajuste mensual de 5% hasta el 31 de octubre. Pero pone como condición que las empresas deben dejar por escrito su compromiso frente a los aumentos pactados.
A cambio, Michel les ofreció recortes fiscales y una fuerte rebaja en el impuesto País, de 7,5% que les rige cuando acceden a los dólares oficiales para poder importar. Sin embargo, las empresas dicen que ese impuesto no incide demasiado en sus costos: entre 1,5 y 4,5%.
En el comunicado, la COPAL explicó: “a pesar de que la Industria de Alimentos y Bebidas ha demostrado siempre un firme compromiso al participar en distintos programas de gobierno y acuerdos voluntarios, tales como Precios Cuidados y ahora Precios Justos, la renovación del Programa bajo las condiciones pretendidas y sin mediar un espacio de intercambio no es viable”.
Según la entidad, “el nuevo esquema de pautas de precios que las empresas han debido acatar para continuar abasteciendo, pero que de ninguna manera funciona sobre bases firmes, menos aún sobre los principios de un acuerdo voluntario”.
“Pretender que la industria de alimentos y bebidas pueda absorber el impacto de la reciente devaluación es negar el marco de desequilibrios de costos y precios que afecta a este sector, al igual que al resto de la cadena de valor”.
Las empresas argumentan que sólo en las últimas 3 semanas, los principales costos de producción aumentaron en promedio entre un 15% y 30%, frente al 5% de incremento de precios propuesto. Y advirtieron que “también se proyectan paritarias por encima del 140%. Evidentemente, la política distorsiva en materia inflacionaria vuelve a generar presión sobre la industria de alimentos y bebidas”.
“En un contexto de total incertidumbre para operar, el sector enfrenta dificultades de distinta índole. Se registran restricciones para el acceso y disponibilidad de materias primas, insumos, bienes intermedios y bienes finales al no efectivizarse la aprobación y debido curso de las SIRAS y SIRASEs. Se suman los descalces financieros y la deuda comercial fruto de los extensos plazos asignados para el acceso a divisas y pago de importaciones. Todo esto pone en jaque las relaciones no solo comerciales, también las que se asocian en primer lugar a la producción”.
Aquí otros puntos del comunicado:
- “A raíz de la devaluación que llevó el dólar oficial mayorista a $350, los sectores exportadores adheridos al Programa Incremento exportador han dejado de acceder al tipo de cambio diferencial que se otorgaba ya que ha quedado desactualizado el esquema.
- “El contexto se vuelve cada vez más complejo para los distintos sectores de la industria de alimentos y bebidas, los cuales se ven imposibilitados de continuar absorbiendo, como lo vienen haciendo hasta el momento, estos impactos y se ven en la necesidad de requerir de forma urgente a las autoridades, un espacio de diálogo efectivo que permita acordar mecanismos que arbitren sobre las posibilidades ciertas para la producción.
- “Instamos al diálogo intersectorial, para que se entienda el impacto en los costos y los acuerdos prosperen en un escenario razonable,teniendo en cuenta que se trata de un pilar esencial de la economía”, concluyó la Copal.
