A cinco años de la primera movilización y con la amargura superada por la edición virtual de 2020, los movimientos sociales volverán hoy a las calles para una nueva marcha de San Cayetano, con reclamos de tierra, techo, trabajo y salario universal.
Con la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) al mando, los organizadores esperan una convocatoria de unas 100 mil personas, con lo que podría convertirse en la expresión social más grande de la pospandemia.
“Esperamos una movilización muy masiva, con la cual vamos a reconocer el trabajo que han realizado y realizan las trabajadoras sociocomunitarias durante toda la pandemia, alimentando a su comunidad en miles de barrios populares de todo el país”, dijo Esteban “Gringo” Castro, secretario general de la UTEP.
En ese contexto, tendrá sin dudas un fuerte contenido político que mezclará por un lado los reclamos de los sectores más vulnerables, afectados por el desempleo y la falta de oportunidades en la salida de la cuarentena y, por el otro, un claro mensaje en la previa electoral.
“En algún momento algo tenía que hacerse”, justifican desde las organizaciones sociales, que prometen tener todos los cuidados sanitarios y el respeto por los protocolos. Precisamente, el presidente Alberto Fernández comenzó a dar ayer algunos gestos de flexibilización de actividades, con lo que en cierta forma sienten que ya es hora de retomar este tipo de actividades.
Según admiten por lo bajo, hubo alguna intención temprana del gobierno nacional de negociar la suspensión de la movilización con la excusa de lo sanitario, más allá de que se tratara de sectores afines, pero finalmente se decidió avanzar con la propuesta. “No hubo una decisión seria de suspenderse, nunca estuvo en discusión”, reforzaron desde los movimientos sociales, aunque sí reconocen que el oficialismo mostró cierta inquietud por una masiva convocatoria.
El foco estará puesto en la generación de empleo genuino, tras la destrucción de miles de puestos de trabajo que obligaron al Gobierno a reforzar la asistencia social.
“Ahora es momento de dar respuesta en el terreno económico. El salario mínimo vital y móvil debería alcanzar para comida, vivienda, vestimenta, educación y recreación. Pero hoy ese salario está en 29.160 pesos. No hace falta que agregue más nada”, dijo el diputado nacional Juan Carlos Alderete, dirigente de la Corriente Clasista y Combativa.
Cronograma. A partir de las 8 se realizará la misa en la Iglesia de San Cayetano y una hora después comenzará la movilización hacia Plaza de Mayo.
La cabecera de la caminata hacia la Plaza de Mayo la ocuparán Castro, Gildo Onorato, Norma Morales, secretaria general adjunta de Somos Barrios de Pie; Dina Sánchez, secretaria general adjunta del Frente Popular Darío Santillán (FPDS) y Fredy Mariño, secretario de Organización de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), entre otros. A las 15 está previsto el acto central, pero desde temprano habrá actividades, como una feria de la economía popular, a la espera de los oradores, en simultáneo a la realización de otros actos en el interior del país.
En este contexto, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y obispo de San Isidro, monseñor Oscar Vicente Ojea, envió un mensaje a los fieles para la celebración de San Cayetano, en el que aseguró que “el trabajo hace a la dignidad más profunda del ser humano”. Ojea llamó a “pedir a San Cayetano, el santo del pan y del trabajo, que mire una vez más nuestra Argentina”.
Personería social para la UTEP
En un guiño del Gobierno a los movimientos sociales apenas horas antes de la movilización, el Ministerio de Trabajo otorgó la personería social a la UTEP, el paso previo al reconocimiento gremial que vienen reclamando hace tiempo.
El objetivo inicial tiene que ver con brindar una representación para todos los trabajadores informales para ir logrando luego la transición hacia el registro en la economía formal.
Según indicaron las fuentes, una vez que se logre el reconocimiento sindical vendrá la etapa de definir si formarán parte de la CGT, aunque ya anticipan que habrá disputas sobre su conveniencia, ya que con una estimación del registro de unos 500 mil afiliados sienten que tendrán un fuerte peso político propio que harán valer.
