Este miércoles, el Tribunal Oral Federal 4 condenó a 12 años de prisión al empresario Lázaro Báez por el delito de lavado de dinero a través de la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”.
La sentencia se da en el marco de la causa denominada “la ruta del dinero K”, uno de los tantos expedientes que complican al empresaria que siempre fue presumido como testaferro de los Kirchner.
De hecho, los problemas judiciales de Báez comenzaron de la mano del crecimiento de su fortuna y, consecuentemente, ligados a varios de las investigaciones que están relacionadas a la familia Kirchner.
El empresario patagónico enfrenta dos juicios orales en curso por corrupción y acusaciones en los tribunales por evasión impositiva y facturas truchas. Los expedientes que podrían complicarlo:
En el banquillo con Cristina
La empresa insignia de Báez, Austral Construcciones, canalizó casi la totalidad de las obras viales en Santa Cruz.
Por eso, Báez es juzgado en otro juicio oral por la asignación de esos contratos. La vicepresidenta Cristina Kirchner lo escolta en el banquillo de los acusados, que también está integrado por funcionarios del entonces Ministerio de Planificación Federal, como Julio De Vido.
La acusación está centrada en los supuestos sobreprecios que habría pagado el Estado y las bonificaciones realizadas a pesar del incumplimiento en las obras.
Las maniobras sobre los supuestos sobornos que habría pagado Báez a los Kirchner como la retribución por esos contratos le abrió un tercer juicio oral, que es la causa conocida como Hotesur.
La Justicia investiga pagos millonarios del Grupo Austral para el supuesto alquiler de habitaciones en los hoteles que administraba la familia Kirchner, pero que nunca fueron ocupados por empleados de Báez.
Los investigadores sospechan que se tratan de una devolución de favores del empresario.
Evasión agravada
El juez penal económico Javier López Biscayart ya procesó a Báez y a tres de sus hijos por el delito de evasión fiscal agravada.
El magistrado asegura de que existen indicios sobre distintas maniobras implementadas desde el Grupo Austral para evadir con maniobras como la utilización de facturas apócrifas, la falsificación de declaraciones juradas y la utilización de créditos fiscales inexistentes.
Los delitos económicos del Grupo Austral que investiga la Justicia se extendieron también hasta Bahía Blanca.
El juez federal Walter López Da Silva procesó a Báez a fines de 2019 como líder de una asociación ilícita que le habría ocasionado al Estado daños patrimoniales por $670 millones.
El juez sostiene que Austral Construcciones compraba facturas apócrifas en esa localidad para después ingresar a sus libros como parte de la maniobra ilícita.
Báez ya había sido procesado en 2017 por evasión al retener aportes previsionales de los empleados del Grupo Austral por $33 millones.
