Le bajaron diez meses de condena al exvicepresidente Amado Boudou a partir de los cursos y estudios que realizó durante su período de detención, y podrá pedir el beneficio de salidas transitorias. Tiene sentencia confirmada por la Corte Suprema por el caso Ciccone, por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública.
El juez federal Daniel Obligado hizo lugar al planteo de la defensa que pidió que se le reconocieran los cursos que hizo, como los de un taller sobre filosofía y otro de organizador de eventos. Poco antes de finalizar la subrogancia el magistrado aplicó el beneficio del “estimulo educativo” estipulado en la ley 24.660.
Los abogados de Boudou Alejandro Rúa y Graciana Peñafort pidieron una reducción de pena de 20 meses, el máximo que establece la norma. La fiscalía a cargo de Guillermina García Padín opinó que el plazo no debería exceder los seis meses porque no todos los cursos o carreras debían ser incluidos, y el magistrado decidió otorgarle una rebaja de diez meses de condena. Teniendo en cuenta el tiempo que estuvo detenido, Boudou ya quedó en condiciones de pedir salidas transitorias.
El pasado 21 de enero el juez del Tribunal Oral Federal 5 Obligado decidió no habilitar la feria judicial para tratar un recurso de apelación de la defensa del exvicepresidente contra su propia decisión de que vuelva a la cárcel. Se trata del magistrado que el año pasado le otorgó la domiciliaria y luego dio marcha atrás cuando la condena quedó firme.
Por ahora Boudou sigue con prisión domiciliaria en un lujoso chalet en Avellaneda y por el momento no hay certeza sobre cuándo la Justicia terminará de definir su caso, que genera controversia frente a la gran cantidad de otros condenados que no corrieron la suerte del exvicepresidente. Su situación debe ser definida por Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal.
La causa por la que condenaron a Boudou investigó la maniobra por la cual él y su amigo José María Núñez Carmona presionaron a los hermanos Ciccone para quedarse con su imprenta. De inmediato obtuvieron por parte de la AFIP liderada por Ricardo Echegaray un inmejorable plan de pago para las deudas fiscales que habían asfixiado a sus anteriores dueños.
El exvicepresidente fue condenado en agosto de 2018 por el Tribunal Oral Federal 4 a la pena de 5 años y 10 meses de prisión, por la causa de la ex-Ciccone Calcográfica. Los jueces lo encontraron “autor penalmente responsable de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública”.
