Los pedidos de informes se acumulan en la Legislatura a partir de la denuncia que formuló la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), para que se investiguen operaciones bancarias sospechosas que realizaron los municipios de Banda del Río Salí, Famaillá, Lules y Monteros entre 2023 y 2024. La oposición reclama respuestas claras para conocer con documentación el destino de unos $37.000 millones.
//Cuatro municipios tucumanos fueron denunciados por la Procelac
El último de estos requerimientos ingresó el viernes por mesa de entradas, con la firma del legislador Manuel Courel (Cambia Tucumán). Mediante una nota dirigida al presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Gallia, pidió que se solicite al Ministerio del Interior que encabeza Darío Monteros, información sobre las operaciones que son objeto de investigación.
“Resulta ineludible que el Poder Ejecutivo provincial informe a este cuerpo legislativo los detalles de tales operaciones, a fin de dilucidar si los fondos transferidos como aportes no reintegrables a los municipios son aquellos cuya operatoria es objeto de investigación por parte de la Procelac, y deslindar las responsabilidades que pudieren corresponder”, plasmó Courel en el requerimiento.
En particular, el legislador pidió que se detallen los aportes no reintegrables que se otorgaron en 2023 a los municipios involucrados, con especificación de montos, fechas, destino y rendición de cuentas; copias de cada uno de los expedientes administrativos por los pedidos y el otorgamiento de los dineros; y el detalle preciso del destino dado a los fondos y la certificación por parte de Interior de su cumplimiento, entre otros.
“El último eslabón”
Courel declaró que “es gravísimo” lo que denunció la Procelac. “Resulta urgente y necesario que el intendente, Gonzalo Monteros, y su padre, el ministro Darío Monteros se pongan a disposición de la Justicia”, dijo.
A su vez, el legislador consideró que lo que denunció la Procelac a instancias de información de la Unidad de Información Financiera sería “el último eslabón” de las denuncias que vienen impulsando. “Dijimos que los fondos públicos se desviaban obscenamente a los municipios peronistas, especialmente a través de los fondos no reintegrables. El informe de la Procelac demuestra cómo sacaban la plata. Cuántas rutas, hospitales y viviendas se podrían haber construido con esa plata. En vez, bancaron la campaña política de Osvaldo Jaldo”, se quejó.
Proyectos de resolución
Hay otros legisladores radicales que, días atrás, hicieron otro tipo de requerimientos. Raquel Nievas (Trabajando por Tucumán) presentó un proyecto de resolución para que se convoque al ministro Monteros en los términos del artículo 57 de la Constitución, por los $17.000 millones que extrajo Banda del Río Salí mediante la modalidad “cheque por ventanilla” entre enero de 2023 y junio de 2024 (cuando fue intendente).
“La ciudadanía tiene derecho a conocer el destino de los fondos públicos, especialmente cuando existirían indicios de desvíos multimillonarios que afectan programas sociales y obras esenciales. La transparencia es un pilar de la democracia y un mecanismo para evitar la corrupción en la gestión de gobierno”, expuso la concepcionense.
A su vez, Silvia Elías de Pérez y José Seleme (Valores para Tucumán) solicitaron que el actual intendente bandeño sea quien vaya a dar explicaciones a la Cámara. Resaltaron que resulta imperativo que la Legislatura de Tucumán ejerza sus funciones de control y transparencia en la administración de los fondos públicos. El pedido de informes no implica un prejuzgamiento, sino que busca esclarecer la correcta utilización de los recursos públicos y garantizar que se respete la normativa vigente en materia de transparencia y rendición de cuentas”, plasmaron en el proyecto.
Elías de Pérez, Seleme y Agustín Romano Norri (Evolución Radical) también solicitaron con un proyecto la creación de una comisión investigadora por la denuncia de organismos nacionales.
La postura oficialista: ex intendentes hablan de un ardid político
Los ex intendentes Darío Monteros (Banda del Río Salí), José Orellana (Famaillá), Carlos Gallia (Lules) y Francisco Serra (Monteros), se expresaron dispuestos a colaborar con la Justicia y afirmaron que cuentan con la información respaldatoria. Explicaron que las extracciones mediante “cheque por ventanilla” son algo habitual en los municipios y que los dineros se usan para pagar a no bancarizados, los gastos por espectáculos o para ayudas sociales o por medicamentos, entre otros. Dijeron que las acusaciones podrían estar vinculadas a cuestiones políticas por ser un año electoral.
