Ayer día lunes, en horas de la siesta tucumana, fue presentado en la Legislatura provincial un pedido de juicio político en contra del presidente del Tribunal de Cuentas de Tucumán, el contador público nacional, Miguel Chaibén Terraf. Rougés acusa a Terraf de “mal cumplimiento de deberes de funcionario público”, citando varias irregularidades.
En ese sentido, es menester dar cuenta acerca de que el abogado afirma en la presentación que “existen graves motivos que lo inhabilitan para continuar siendo seriamente un integrante máximo del organismo que ejerce la delicadísima función de controlar la ejecución presupuestaria de la Provincia de Tucumán”.
Además manifestó que fundamenta su pedido de remoción en “una práctica sistémica montada por el funcionario en el ente de contralor”. También expresa que “el Tribunal de Cuentas ha sido depravado, por imperio del denunciado (Terraf) y ha sido transformado en un aparato de extorsión en desmedro del patrimonio de todos los tucumanos”.
Más adelante agrega que “en lugar de cumplir con sus funciones de velar por el apego a los procedimientos administrativos para resguardo de los recursos de los contribuyentes, el Tribunal de Cuentas, durante la presidencia sempiterna de Terraf, se ha dedicado a avalar operaciones que perjudicaron el erario, a pesar inclusive de la advertencia de los equipos técnicos del propio organismo de control”.
Rougés detalló las diversas acciones irregulares que, a su entender, serían diseñadas o convalidadas desde el Tribunal de Cuentas, refiriéndose puntualmente a “la no emisión del dictamen constitucionalmente previsto respecto de la razonabilidad de la contabilidad de la administración pública centralizada durante un ejercicio presupuestario completo en el año 2007”.
También “a la convalidación de adjudicación directa de obras con presuntos sobreprecios en la construcción de 3.000 viviendas sociales en Lomas de Tafí”; “al supuesto encubrimiento de los millonarios faltantes en los trabajos realizados por una empresa privada en el Área de Emergentología del Hospital Padilla”; “y a la no excusación de Terraf de intervenir en la celebración de contratos del Estado provincial con Luis Eduardo González, su consuegro”.
Al finalizar el pedido, Marcos Rougés afirma “Ofrezco como prueba los expedientes administrativos en los cuales se desarrollaron los hechos mencionados a lo largo de esta presentación, y en particular relativo a las contrataciones por el Estado con el Sr. González, cuyos actos administrativos fueran inhabilitados por el Tribunal de Cuentas con la participación del Sr. Terraf, en su condición de presidente del organismo de contralor de la Provincia”.
