Los diez gobernadores de las provincias que producen hidrocarburos se reunieron esta tarde, más allá de sus colores políticos, para terminar de consensuar, como bloque, los cambios y límites que buscan introducir en el capítulo de la ley Ómnibus de Javier Milei que reforma la regulación de esa industria.
En un extenso, pormenorizado y -en fragmentos- duro comunicado, enumeraron todas las modificaciones que exigen, con el objetivo de fondo que el Gobierno reconozca en el articulado del proyecto que los recursos y su explotación pertenecen a las provincias. Además, esta noche enviarán una versión reformada del proyecto al secretario de Energía nacional, Eduardo Rodríguez Chirillo, uno de los autores principales de la medida de los libertarios, con quien vienen conversando en privado desde que se conoció la iniciativa.
La reunión tuvo lugar por más de dos horas en la sede del Centro Federal de Inversiones (CFI) de la calle San Martín. Asistieron casi todos los mandatarios que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), creada hace 37 años para coordinar las políticas que afectan las reservas de hidrocarburos entre las jurisdicciones donde se encuentran emplazadas. Estaban los jefes provinciales de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; de Neuquén, Rolando Figueroa (que llevó a la titular de Energía y Ambiente); de Chubut, Ignacio Torres; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de Mendoza, Alfredo Cornejo -que se conectó a la reunión por videoconferencia, pero encargó a su ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, que asista de manera presencial- y de Jujuy, Carlos Sadir.
En tanto, Gildo Insfrán, de Formosa, mandó a su ministro de Economía, Jorge Ibañez; Gustavo Sáenz, de Salta, a su ministra de Minería, Romina Sassarini; y Claudio Vidal, de Santa Cruz, al titular de Energía, Jaime Álvarez.
“Ratificamos la defensa del dominio originario de las Provincias sobre los recursos hidrocarburíferos situados en nuestros territorios y las facultades de administración sobre los mismos”, arranca el serio pero severo comunicado que firmaron esta tarde para “lograr un marco jurídico para la actividad que dote de mayor previsibilidad y mejorar la generación de empleo”.
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Detalle de las banderas de Argentina y de la petrolera YPF, en una fotografía de archivo. EFE/Leo La Valle
En el documento no plantaron posición sobre la privatización de YPF, una de las medidas más polémicas que propuso Milei durante la campaña y que no está descartada de la agenda del oficialismo a pesar de que el Presidente dijo que “por ahora” no está en sus planes. Sin embargo, en declaraciones off the record a la salida del cónclave, algunos participantes dejaron saber que la postura en común es contraria a la venta de la petrolera nacional.
En el documento mencionaron varios puntos técnicos pero vitales para los gobernadores, relacionadas con el sostenimiento de las prerrogativas decisorias de cada distrito y con las regalías que ingresan a cada distrito. Pidieron que el pliego modelo del proceso de licitaciones sea “flexible” y “contemple criterios que permitan adaptarse a cada realidad”, así como flexibilizar los plazos de concesión. Además, rechazaron de manera “total” la derogación del artículo 32 de la ley 17.319 que les otorga a las Autoridades de Aplicación de las Provincias el control, la evaluación y la aprobación de las inversiones. Y solicitaron que no se elimine la potestad de las provincias de otorgar prórrogas al plazo de vencimiento de las concesiones vigentes.
Por otra parte, pidieron que se contemplen mecanismos que aseguren el libre acceso a las instalaciones de procesamiento y transporte para defender el libre acceso a mercados por parte de los productores -más chicos- no integrados a las distintas cuencas. Y demandaron mantener en manos de los concesionarios la determinación y el pago de las regalías; y revisar los artículos que establecen los valores de los cánones de exploración, explotación y las multas,para modificarlos por esquemas y parámetros que se actualicen de manera automática.
Con tenacidad, desaprobaron el artículo que faculta al Ejecutivo para elaborar la legislación ambiental para el sector. “Si bien podemos compartir el objetivo último, entendemos que una legislación de este tipo debe surgir del consenso de las partes y no de la voluntad de un nivel de gobierno sobre el resto”, lanzaron. Y, en el mismo sentido, cuestionaron la redacción del punto que le brinda al gobierno nacional la facultad de incrementar, con el argumento de “garantizar la sostenibilidad fiscal”, las alícuotas de los derechos de exportación de las mercaderías con un tope del 15 por ciento. En cambio, pidieron que la alícuota máxima a gravar con derechos de exportación a los hidrocarburos no pueda superar el 8 por ciento actualmente vigente.
Por último, sugirieron revisar el artículo que modifica el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), porque, según detectaron en su redacción, descarta los proyectos de explotación hidrocarburífera, y cerraron con una demanda clave para sus economías: que las empresas cedan las áreas maduras de explotación convencional que no están siendo explotadas por “falta de interés estratégico” a las provincias, que se beneficiarían de trabajarlas.
