Retirado el capítulo fiscal de la denominada “Ley de Bases” o ley ómnibus, más las modificaciones que sufrió en el Congreso, la iniciativa se redujo de 664 artículos, que es lo que tenía cuando el Poder Ejecutivo la hizo pública, a 224. A menos de la mitad de su articulado original. Hay algunos puntos centrales que se mantienen en la reforma, de los cuales el oficialismo no cuenta con las adhesiones suficientes para salvar determinados puntos claves en la votación particular.
Facultades delegadas
El Gobierno accedió a reducir las facultades a delegar en el Presidente, que se le otorgarán por un año, con la posibilidad de ser prorrogado por el Congreso por el plazo de un año más. Se quitaron las emergencias en materia de defensa, social, previsional y sanitaria. En tanto, sobreviven la económica, financiera, tarifaria, energética, fiscal y administrativa.
Es uno de los puntos que el Gobierno quiere defender a cómo dé lugar y busca llegar a un punto en común con la oposición aliada de los bloques UCR, Pro, Hacemos Coalición Federal e Innovación. No, obstante, hay un compendio de legisladores en estas bancadas, como la Coalición Cívica y el radicalismo referenciado con Facundo Manes, que se resisten a esta esta prerrogativa. “No cuenten con nosotros para facultades extraordinarias, que nadie se confunda”, avisó ayer Manes. Las delegaciones en materia tarifaria y energética son las más resistidas. Muchos patagónicos creen que con ello el Gobierno podría derogar el fideicomiso que financia el subsidio energético a las Zonas Frías y se niegan a tomar ese riesgo.
Deuda pública
El dictamen propone liberar al Poder Ejecutivo de las ataduras del Congreso para tomar deuda en moneda extranjera. Para ello, se dispone de la derogación del artículo 1° de la ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, aprobada durante el gobierno de Alberto Fernández, el cual establece que el Presupuesto debe fijar un porcentaje máximo para la emisión de deuda en moneda extranjera y bajo legislación extranjera respeto del monto total de emisiones en ese ejercicio.
Dicho artículo dispone, además, que “toda emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras que supere dicho porcentaje requerirá de una ley especial del Honorable Congreso de la Nación que la autorice expresamente”. Esta reforma para correr los límites de toma de deuda será fuertemente cuestionada por todos los bloques, excepto Pro.
Privatizaciones
El proyecto de “Ley de Bases” declara “sujetas a privatización” a 37 empresas y sociedades del Estado Nacional. Estas son:
- Administración General de Puertos S.E.;
- Aerolíneas argentinas S.A.;
- Agua y Saneamientos Argentinos S.A.;
- Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.
- Casa de Moneda S.E.
- Contenidos Públicos S.E.
- Corredores Viales S.A.
- Correo Oficial de la República Argentina S.A.
- Construcción de Viviendas para la Armada Argentina S.E.
- Dioxitek S.A.
- Educ.Ar S.E.
- Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E.
- Energía Argentina S.A.
- Fábrica Argentina de Aviones “Brig. San Martín” S.A.
- Fabricaciones Militares S.E.
- Ferrocarriles Argentinos S.E.
- Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias S.A.
- Intercargo S.A.U.
- Nación Bursátil S.A.
- Pellegrini S.A.
- Nación Reaseguros S.A.
- Nación Seguros de Retiro S.A.
- Nación Servicios S.A.
- Playas Ferroviarias de Buenos Aires S.A.
- Polo Tecnológico Constituyentes S.A.
- Radio de la Universidad Nacional del Litoral S.A.
- Radio y Televisión Argentina S.E.
- Servicio de Radio y Televisión de la Universidad de Córdoba S.A.
- Talleres Navales Dársena Norte S.A.C.I. y N.
- Télam S.E.
- Desarrollo del Capital Humano Ferroviario SAPEM
- Belgrano Cargas y Logística S.A.
- Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E.
- Operadora Ferroviaria S.E.
- Vehículo Espacial Nueva Generación S.A.
- Yacimientos Carboníferos Fiscales Empresa del Estado
- Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD)
En tanto, tres empresas podrían ser privatizadas parcialmente y el Estado Nacional deberá quedarse con la participación mayoritaria. Este cambio se dio después de que la oposición solicitara conservar compañías con un valor estratégico para el país. Por esta misma razón se quitó de la lista a YPF. Estas son:
- Banco de la Nación Argentina
- Nucleoeléctrica Argentina S.A.
- Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A.
Respecto del proceso de privatizaciones, estos dos paquetes de empresas serán sometidos a la intervención de la Comisión Bicameral de Seguimiento de Privatizaciones, que podrá “formular las observaciones, propuestas y recomendaciones” que considere pertinentes. No obstante, no es requisito que pase por el pleno de ambas Cámaras, una condición que solicita tanto el radicalismo como Hacemos Coalición Federal que se incorpore.
Estas bancadas insisten con quitar empresas del listado y en la necesidad de establecer algún mecanismo de control y participación activa del Congreso en los procesos de privatización. Recuerdan la experiencia menemista de los ‘90, con la privatización a mansalva de empresas públicas y cientos de denuncias de corrupción.
Seguridad
El oficialismo -a instancias de los bloques opositores dialoguistas- accedió a eliminar varios artículos claves que modificaban el Código Penal. Sin embargo, todavía permanecen muchos referidos a la organización de las manifestaciones públicas, a saber:
- La suba de penas de uno (1) a tres años (3) y seis meses -antes se determinaba una pena de tres meses a dos años- para quien, sin crear una situación de peligro común, bloquee el normal funcionamiento del tránsito.
- Se agrega que la pena será de dos (2) a cuatro (4) años de prisión si una persona que bloquea la circulación causara daño a la integridad física de otra.
- Los organizadores de una manifestación serán penados con prisión de dos (2) a cinco (5) años, “estén o no presentes en el acampe”, señala el texto.
- Quienes obliguen a personas a asistir a una movilización o protesta podrán ser penados a una reclusión de tres (3) a seis (6) años.
- Los organizaciones de las manifestaciones serán responsabilizados por los daños de bienes públicos que ocasionen los manifestantes.
- Los menores de 13 años que estén en las manifestaciones sin la tutela de sus padres podrá dar aviso al Organismo de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes “si se encontrase en una situación de peligro inminente”.
- Toda manifestación deberá ser notificada al Ministerio de Seguridad con una antelación no menor de 48 horas.
- El Ministerio de Seguridad de la Nación podrá intimar a los organizadores de la manifestación con el objetivo de que no incurran en el mismo procedimiento. De incumplir, se podrán aplicar multas o sanciones. Lo recaudado será destinado al fortalecimiento del fideicomiso del Fondo de Integración Socio Urbana.
Legítima defensa
Este punto será resistido, además de la izquierda y el kirchnerismo, por la UCR quienes consideran que hay un exceso en las condiciones que legitiman la defensa. Uno de los puntos más espinosos refiere a que no será punible de un delito la persona que “obrare en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo”. Es decir, esto incluye al personal de las fuerzas de Seguridad y a las Fuerzas Armadas.
Código Civil
La agilización del proceso de divorcio es uno de los cambios que se impulsan. Se podrá concretar la disolución del matrimonio con la sola manifestación de los cónyuges en forma conjunta ante el órgano administrativo del último domicilio conyugal.
Financiamiento a la cultura
El ojo de la oposición está puesto en las modificaciones en relación con el financiamiento estatal de las actividades culturales, que se recortan considerablemente. Para el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), el Fondo Nacional de las Artes (FNA) el Instituto Nacional de la Música (INA) se fija un tope de egresos del 20% en relación con el total de recursos anuales percibidos.
Además, para el Incaa limita los subsidios estatales de producciones audiovisuales a un 50% del total del costo de producción del proyecto. Determina que el beneficiario de un subsidio no podrá recibir nuevos hasta que haya pasado un año desde la obtención del previo.
Se deroga el Instituto Nacional del Teatro (INT) y se transfieren sus funciones a la Secretaría de Cultura de la Nación.
Hidrocarburos
El cuestionamiento de la oposición -motorizado por los gobernadores patagónicos- a las reformas en materia de hidrocarburos se enfocó en la intromisión de la Nación en las competencias provinciales sobre los recursos naturales. Tras la emisión de un comunicado, por el que subrayaban “la defensa del dominio originario de las provincias sobre los recursos hidrocarburíferos situados en nuestros territorios y las facultades de administración sobre los mismos”, el Gobierno accedió a eliminar determinados puntos en esta materia que “constituyen una herramienta fundamental de las autoridades de aplicación de las provincias”. Se espera, por eso, que este capítulo sea aprobado en general y en particular.
Biocombustibles
A través de tratativas con el ministro del Interior, Guillermo Francos, funcionarios de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Salta y Jujuy negociaron junto a referentes de la secretaría de Energía de la Nación delimitar el corte de biocombustibles y bioetanol.
El dictamen apunta a subir el piso de corte e incrementarlo paulatinamente a lo largo de los próximos tres años para llevarlo a 15% en el caso del biodiesel y entre un 18% y 27% para el bioetanol. “Intentamos llegar a un punto de acuerdo con el secretario Eduardo Chirillo”, señaló el ministro de Producción y Desarrollo, Gustavo Puccini.
