Hay un protagonista central de esta historia que tan pronto como entró en escena salió de escena. Es Amado Boudou, el vice de Cristina condenado por corrupción y al que un juez consideró que era un preso de riesgo por el coronavirus y lo dejó ir lo más pancho para su casa.
Sólo en ese fallo del juez Obligado, Boudou es una persona de riesgo: tiene 57 años y no padece ninguna enfermedad que disminuya sus defensas ante el virus. El juez abrió la feria para liberararlo y cerró la feria para evitar volver a encarcelarlo como reclamó el fiscal. Boudou ha sido condenado por dos tribunales. Un escándalo por donde se lo mire.
Detrás del privilegio para Boudou, hizo fila el ultrakirchnerista secretario de Derechos Humanos Pietragalla probando suerte con Jaime, el de la Tragedia de Once. También con un hijo de Lázaro Báez. Y un montón de presos comunes se subieron a la ola. Hasta armaron un motín en Devoto. Y con la política de nuevo metida en el medio, montaron otro disparate que aún no tiene final.
Funcionarios y jueces se sentaron a negociar con los presos como si funcionarios y jueces fuesen pares de los presos y estuvieran acordando en una paritaria. Hasta hoy ningún preso dio positivo de Covid-19 en Devoto. Sólo un agente penitenciario.
¿Qué trataron en esa rarísima mesa de diálogo? Implementar compensaciones y conmutaciones de penas y alternativas al cumplimiento de las penas. Pura ganancia para los presos como la decisión de los funcionarios de no castigar a los amotinados que ocuparon violentamente los techos de la cárcel y mandaron al hospital a 11 guardias.
Uno de los representantes de los amotinados es Guillermo Concheto Alvarez, condenado por cuatro homicidios. Uno, un policía y otro, un compañero de pabellón en Caseros. Alvarez ocupa un cargo en el Centro Universitario de Devoto, donde estudia abogacía.
Aunque la Justicia funciona en modo feria, la Cámara de Casación pidió a los jueces en una acordada que aceleren la libertad de detenidos. En lo que va de abril hubo 1.368 libertades. Se proponen llegar a 6.947, casi la mitad del total de la población de presos.
Un juez del Tribunal Oral Federal 7, Castelli, dijo que la acordada afecta la independencia de los jueces, “pilar indiscutible de la Constitución”. Y también dijo eso, con otras palabras, el jefe de los fiscales, Casal, ante un pedido del procurador penitenciario, Mugnolo.
Dijo algo más: hay que hacer “una evaluación seria de los efectos que podría tener una soltura tanto para del detenido como para la sociedad en general”. Casal tiene razón: se están decidiendo libertades poco menos que al voleo ¿Cuánto se oye a víctimas y a familiares de las víctimas? Respetarlas es que los delincuentes cumplan su condena: han sido juzgados con todas las garantías legales. Una cosa es que las cárceles puedan ser caldo de cultivo para los contagios. Otra cosa es usar el pretexto de los contagios para sacar presos y para sacar presos del kirchnerismo.
Nuevamente se pone a prueba la independencia de la Justicia. A diferencia de las cárceles federales, las de Buenos Aires estallan con sus 45.000 presos. Hay mucho pero no hay nada que justifique lo que dice Cipriano García, de la Comisión de la Memoria, fuerza de choque kirchnerista: “Hay que lograr la liberación de la mayor cantidad de personas posibles”. ¿Fernández también avala esto? Con los otros poderes en cuarentena, más que nunca los hechos valen más que las palabras.
