El Gobierno resolvió que los trabajadores deberán permanecer un año en la obra social del sindicato de la actividad a la que está asociado su empleador, tal como reclamaba hace años la CGT. Lo hizo a través del decreto 438 que firmaron anoche Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti.
La norma establece además un límite de una opción de cambio por año calendario de prestadora de salud.
El decreto cumplió con un compromiso que había asumido el jefe de Estado ante la cúpula de la CGT en un almuerzo en la quinta de Olivos. Se trata de una medida que busca proteger a las obras sociales tradicionales de la competencia que la desregulación de los años ‘90s inauguró con las empresas de medicina privada en alianza con gremios más chicos. Ese tipo de entendimientos convirtió a algunos sindicatos en virtuales gestores comerciales de las prepagas para la captación de sus afiliados más jóvenes y con mejores salarios en desmedro de las prestadoras gremiales más tradicionales.
El traspaso de afiliados de las obras sociales a las prepagas mediante acuerdos con gremios forma parte de un proceso que en el rubro se denomina “descreme”. Y fue la puerta de acceso de las empresas de medicina privada al cobro de los reembolsos que el sistema de salud argentino contempla para los tratamientos y remedios más costosos y para las coberturas de las llamadas “enfermedades catastróficas” por el jaque financiero que un caso individual puede representar para una prestadora.
En el almuerzo que compartió con la CGT en Olivos a principios de mayo el Presidente prometió dos medidas: el decreto que firmó anoche y un aporte extraordinario del Tesoro nacional por 11.400 millones de pesos a las obras sociales sindicales para compensarles los gastos extras que realizaron durante la pandemia para la atención de sus pacientes discapacitados.
Esta última medida permanece demorada en el área de Economía y es una de las razones por las cuales la CGT comenzó a esmerilar al ministro Martín Guzmán.
