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Lleva más de dos años estafando a gente de Concepción con casas del IPV

Pedía una importante suma de dinero como primer pago a los interesados y hasta prometía entrega inmediata. Son casas que hoy no se encuentran habitadas y están rodeadas de pastizales.

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Viviendas del IPV sin habitar en Concepción

Las casas están a medio terminar, casi abandonadas y rodeadas de malezas en la ciudad de Concepción, pero eso no le impidió a una falsa gestora del Instituto Provincial de la Vivienda venderlas, a alguna más de una vez, pidiendo fuertes sumas de dinero y prometiendo entrega inmediata.

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“Son casas de los barrios Concepción I, II y III. Las víctimas entregaban una alta suma de dinero, con la promesa de ser beneficiarias de estas viviendas que pertenecían al barrio del Instituto Provincial de la Vivienda”, explicaron desde la Unidad Fiscal de Decisión Temprana, a cargo del Dr. Miguel Varela, quienes llevan adelante la investigación.

“La persona de sexo femenino que está siendo investigada (la presunta estafadora de la ciudad de Concepción) generaba expedientes con sellos del IPV. Esto, junto a otra documentación, fue secuestrado del domicilio de la persona acusada”, ampliaron y también adelantaron que “para el día 26 de este mes está prevista la audiencia donde se le va a poner en conocimiento formalmente la investigación que estamos iniciando y de qué se la está acusando, además de cuáles son las pruebas que hay en su contra”.

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Las estafas cometidas sistemáticamente habrían comenzado en 2018, pero recién en noviembre del 2020 cinco personas denunciaron en la justicia lo ocurrido e inició la investigación.

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Desde la Fiscalía indicaron que se hará de esta manera porque diariamente están apareciendo nuevas víctimas, a medida que se toma conocimiento a través de los diferentes medios de difusión.

Respecto a esto último, dijeron que aproximadamente ratificaron la denuncia 10 víctimas, pero que el número es más elevado ya que una cosa es hacer la denuncia, y otra es poder ratificarla en Sede Judicial.

Para finalizar, detallaron que al incrementarse el número de damnificados es un agravante a la causa y que ya es “una figura de estafa concursada, justamente por el número de víctimas”. La pena máxima para este tipo de delitos es hasta 6 años de prisión.

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