Hace dos años el experto suizo de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Nils Melzer, señalaba que las torturas y ese tipo de prácticas humillantes y denigrantes contra el ser humano seguían siendo recurrentes en la fuerzas policiales de Argentina. Ayer, desde el Ministerio Público Fiscal, dieron a conocer la detención de tres miembros de la Brigada de Investigaciones 2 de Orán, quienes hoy serán imputados por la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, de Derechos Humanos, por los delitos de privación ilegítima de la libertad, torturas y lesiones leves en concurso ideal. El hecho está vinculado con un robo millonario cometido en un conocido supermercado de esa ciudad salteña.
El lunes 5 de este mes el mayorista ubicado en las calles Laprida y Arenales de Orán, sufrió el robo de 6.000.000 de pesos. El hecho ocurrió por la mañana y cerca de las 18 fue denunciado por los encargados del lugar. A partir de ese momento se abrió una investigación en torno al millonario robo. Investigadores de la Brigada oranense se entrevistaron con varias personas. Por cómo fueron hilvanando la historia de la sustracción, las sospechas recaen sobre algún empleado o exempleado del mayorista.
El jueves 8 del corriente mes el hombre que denunció haber sido víctima de apremios y vejaciones durante casi diez horas en la división de la Brigada de Investigaciones 2 de Orán había declarado en calidad de testigo, y cuando regresaba a su hogar fue llamado nuevamente por los investigadores. Los mismos sabuesos se encargaron de ir a buscar y acompañar al hombre hasta la división; según averiguó El Tribuno, hay imágenes del momento en que lo llevan nuevamente en calidad de testigo. Ingresó al lugar, era el comienzo del horror para el denunciante.
Lo tuvieron desde las 18 del jueves 8 hasta cerca de las 3 de la madrugada del viernes; antes de comenzar con las torturas que luego denunció, lo metieron en una celda junto a unos cinco o seis detenidos más. Al cabo de unos minutos lo trasladaron a la parte del fondo de la división, donde los uniformados denunciados, según la víctima, pusieron música a muy alto volumen y comenzaron a hostigarlo.
Las personas que están en la celda, donde estuvo el denunciante, al ser interrogadas por personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), confirmaron haber escuchado música con un volumen muy fuerte, con lo cual es una de las pruebas que podrían certificar el castigo proferido por el personal de la Brigada contra un testigo a quien habrían hecho confesar por la fuerza.
Esposado, lo torturaron primero con el conocido método como “submarino seco”, donde le colocan una bolsa en la cabeza para quebrantar la voluntad de la víctima y forzarlo a decir algo; siguieron con el encendido de un taladro con lo que fue amenazado con recibir distintas lesiones en su cuerpo y por último a través de un recorrido en un vehículo perteneciente a la fuerza de seguridad por las calles del barrio 20 de Febrero, donde nuevamente lo amenazaron con llevarlo al basural, lugar en el que manifestaron que lo iban a matar y que se cuidara de denunciarlos, por lo que le iba a pasar mal, él y su familia. Los investigadores del CIF tienen imágenes de ese recorrido.
En algún momento del tormento el hombre firmó bajo presión una declaración donde apunta como el autor del robo millonario a un exempleado del mayorista. Luego, el hombre señaló que dicha afirmación es falsa.
Si bien no se descarta absolutamente nada, lo ocurrido con el testigo que denunció haber sido torturado encajaría en el supuesto de apretar a la gente para que “canten” y de esa forma poder cerrar la hipótesis del “robo” en el mayorista. Por el momento ambas causas están en etapa de instrucción y hoy se realizará la imputación de los uniformados norteños.
El recuerdo vivo de lo ocurrido en Güemes
En 2011 dos jóvenes fueron brutalmente torturados en la comisaría 11.
La imputación contra tres efectivos de la Brigada de Orán remiten al archivo periodístico del un escandaloso hecho de torturas que ocurrió en General Güemes hace diez años. El 4 de abril de 2016 seis policías fueron condenados a penas de entre 12, 11 y 10 años de prisión por haber sido coautores del delito de torturas contra dos jóvenes en la comisaría 11 de General Güemes. El aberrante hecho tuvo trascendencia nacional luego de viralizarse un video con las torturas.
En la Sala 3 del Tribunal de Juicio, presidido por la jueza Carolina Sanguedolce, fueron condenados Marcos Gordillo a 12 años, a Héctor Ramírez, Matías Cruz y Leonardo Serrano a 11 años, Alberto Ontiveros a 10 años, todos por imposición de torturas; y Roberto Barrionuevo a tres años condicional por omisión de radicar la denuncia.
