La investigación penal preparatoria del caso del derrumbe del ex teatro Florencio Parravicini ya está terminada. El fiscal que instruye la causa, Diego López Ávila, le explicó a LA GACETA que los informes técnicos demuestran que la fachada se cayó porque la firma Fortino modificó la estructura del edificio sin estudiarlo y sin tomar precauciones. Además, López Ávila comunicó que la Municipalidad de la capital no había autorizado esos cambios estructurales. Según el fiscal, la empresa sólo había recibido un permiso de obra para arreglar las partes superficiales del edificio.
-¿En qué estado se encuentra el caso?
-Ya se han incorporado absolutamente todos los informes. Están los informes técnicos, que eran los más importantes porque obviamente acá tenían que participar ingenieros y arquitectos. Y también ya hicimos la parte criminalística. Así que, en función de eso, hace dos semanas citamos como imputados a los dueños de la empresa.
-¿Qué hicieron ellos?
-Han pedido la suspensión de la audiencia de imputación y han presentado un acuerdo transaccional que habrían realizado con los familiares de las víctimas. Ahora, con la reforma procesal y la del Código Penal, cuando se trata de hechos no dolosos, las partes pueden acordar entre ellas una indemnización y pedir que el fiscal cierre la causa. Como en este caso probamos que el edificio cayó por negligencia de la empresa, ahora hemos pedido que los familiares acrediten sus vínculos con las víctimas. Una vez que determinemos si ellos son los sucesores forzosos o no, veremos qué posición tomamos.
-¿Usted puede rechazar el acuerdo y continuar con la marcha del proceso?
-En realidad la jurisprudencia discute sobre este tema. Hay algunos que consideran que la mera voluntad de las partes y una manifestación expresa, libre y voluntaria atan al fiscal de instrucción, y hay otros que creen que cuando hay un hecho de interés público, como podría ser aquí la antigüedad del edificio, el fiscal puede apartarse de la decisión de las partes y continuar con la pesquisa. De todas maneras, no quiero adelantar un criterio. Lo tengo que analizar.
-¿No hubo ninguna responsabilidad de la Municipalidad?
-Lo investigamos, pero tanto la Dirección de Catastro como la Municipalidad invocan, apoyados en la ley, que ellos no pueden ingresar a controlar sin autorización del dueño. O sea, lo único que ellos controlan es que los papeles estén presentados en regla. Y es lo que ocurrió acá. Los papeles estaban presentados, pero para que se haga determinada cosa. Y en realidad lo que hicieron fue una cosa totalmente distinta a la que estaban autorizados a hacer.
