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Los 20 empresarios de la UNT minera

Cerisola y tres de sus ex funcionarios -Luis Sacca (ex subsecretario de Políticas Administrativas), Osvaldo Venturino (ex director de Contrataciones) y Olga Cudmani (ex directora de Construcciones)- han sido acusados por los manejos presuntamente irregulares con el dinero llegado de las regalías mineras entre 2006 y 2009 a la UNT

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Luego del desprocesamiento de dos de los empresarios acusados por los presuntos sobreprecios en obras realizadas en la UNT con fondos mineros en el período 2006-2009, surgieron dos preguntas: ¿puede haber otros desprocesados entre los 20 responsables de empresas vinculadas al escándalo con las obras en la Universidad durante el rectorado de Juan Cerisola? ¿Si hubiera presunción plena de su responsabilidad, llegarán a ser juzgados? Ambas cuestiones dan vueltas mientras el sistema judicial federal está envuelto en sus problemas crónicos de falta de operadores -fiscales y jueces- y de investigaciones interminables. “Sólo viviendo absurdamente se podría romper alguna vez este absurdo infinito”, diría Olivera, personaje de Julio Cortázar.

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Cerisola y tres de sus ex funcionarios -Luis Sacca (ex subsecretario de Políticas Administrativas), Osvaldo Venturino (ex director de Contrataciones) y Olga Cudmani (ex directora de Construcciones)- han sido acusados por los manejos presuntamente irregulares con el dinero llegado de las regalías mineras entre 2006 y 2009 a la UNT. Esos fondos -unos $ 353 millones, equivalentes entonces a unos 85,5 millones de dólares- llegaron desde Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), empresa de la que la Universidad forma parte, y corresponden a utilidades que le dio la Minera Alumbrera a YMAD.

En 2010 fueron acusados. En 2011, un equipo interdisciplinario pericial de Gendarmería Nacional, a pedido del fiscal Carlos Brito, remitió un informe con relación al destino de los fondos recibidos por la UNT. Detectó sobreprecios. En 2013, una auditoría de la Sigen detectó irregularidades en obras. El fiscal agregó que Cerisola debía responder por un cheque de $ 20 millones recibido por la UNT, cuyo destino desconoce. En 2013, la fiscalía requirió asesoramiento técnico de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que informó sobre presunto alto riesgo de las inversiones realizadas con los fondos. La causa fue elevada a juicio oral en 2016, y en ese momento la Cámara Federal de Apelaciones ordenó que ampliara la investigación a los empresarios.

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Dos menos

De allí surgió esta segunda causa, llevada a cabo por el fiscal Brito, que concluyó con el procesamiento sin prisión preventiva que dictó el juez Fernando Poviña el 18 de abril contra 22 empresarios y contra Cerisola, Venturino y Cudmani. El 7 de julio, el juez dictó “la falta de mérito para ser procesados o sobreseídos, sin perjuicio de la  prosecución de la investigación que se realiza en la siguiente causa”, a favor de  Guillermo Pasquini y Ana Inés Cossio, de la empresa Mak.

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El desprocesamiento surgió a partir de una ampliación de declaración de ambos empresarios, en la que señalaron que el informe de Gendarmería que hizo el perito comandante arquitecto Horacio José Cordani en 2011 no hacía alusión a los sobreprecios en la obra que les tocó realizar en la UNT en 2009, llamada “N° 532” (Facultad de Arquitectura).

Pericia en la mira

El perito también fue cuestionado por otros empresarios -la veintena de acusados apeló el fallo de abril de Poviña y la causa se encuentra en la Cámara de Apelaciones- pero no parece haber argumentación suficiente para tumbar la pericia, que ha sido la utilizada para enviar a juicio a Cerisola. Cuando declararon en 2019, hicieron reclamos Marcelo Boero (empresa “Boero”), que hizo la obra N° 478 (Laboratorio en Ciencias Exactas); Pedro Varela Ottonello y Juan Manuel Peña (“Anticorrosiva del Norte”), por la obra N° 477 (Filosofía y Letras); Juan Carlos Aranda y Norma del Valle Zottola (“Rondeau”), por la obra N° 473 en la residencia de Horco Molle (dijeron que la pericia era “parcial, subjetiva y arbitraria”); Ricardo Aníbal y Ruth Fernández (“Con-Fer”), por las obras Nº 459 (Facultad de Psicología) y N° 511 (Facultad de Educación Física); Jorge Ignacio Zeballos y Máximo Federico Mellace (“Barcal”) por la obra Nº 538 (Facultad de Arquitectura), que dijeron que en la pericia de Gendarmería se podían observar dos pagos repetidos; y Horacio Eduardo Gordillo y Fernando Adrián Gordillo (“Gordillo”), por las obras Nº 544 y 481 (ambas en Facultad de Odontología). Horacio Gordillo pidió que se cite a declarar al perito de Gendarmería, cuyo informe pensaba impugnar.  

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No cuestionaron directamente las pericias Manuel Guillermo Galindo y Roberto Antonio Galindo (“Camaro”), por obra Nº 486 (Facultad de Psicología) y Héctor Gerardo Preatonio,  Héctor Fidel Preatonio y Alejandro Martín Preatonio (“Mitsuito”), por la obra N° 519 (remodelación de la Casa 8 de San Javier). Los acusan de haber cobrado $ 8.132.891 por una obra que costaba $ 3.051.644. Tampoco cuestionaron Javier Martínez Riera y Oscar Enrique Prado (“ Pramarco”, por obras Nº 527 (Asunt) y N°  467 (Secretaría de Bienestar), ni lo hizo Exequiel P. Movsovich (“Betón”) que tuvo a su cargo tres obras N° 545, 465 y 533), entre las cuales estaba la remodelación de la Facultad de Derecho, para la cual le reconocieron montos no presupuestados y le dieron anticipos para el alquiler de una cochera por calle Laprida al 400, para que pudiesen entrar los camiones con material para la obra, por más tiempo y por mayores valores que los solicitados. Él argumentó que eso “no configura un ilícito reprochable penalmente”. Igual fue procesado y embargado y la verdad de esto se conocerá en el juicio oral.

Y un caso raro es el de Juan Vicente Guzmán, cuya firma Obritec hizo la obra Nº 480 (en Facultad de Agronomía). Se lo acusa de haber cobrado $ 10.404.371, cuando costaba  $ 2.532.641. El hombre, radicado Villa Mariano Moreno, dijo en 2019 que estaba desocupado y que su firma había quebrado en 2011, es decir muy poco después de haber hecho la obra y cobrado.

Las pericias de Gendarmería, precisamente, están bajo auditoría con peritos de la Corte, a pedido de las defensas en el caso central contra Cerisola y sus ex funcionarios. Cuando declararon por la segunda causa en 2019, el ex rector, Venturino y Cudmani negaron todo y deslindaron responsabilidades, remitiéndose a lo declarado en 2011. Cerisola dijo que sus funcionarios tenían potestad para actuar. “No he participado nunca ni he conocido la fijación del precio de las obras, ni tampoco he asistido a ningún acto de licitación de obra, siendo como declararé en el juicio oral que tendré prontamente, en algunos casos participaron decanos y un juez federal, de una licitación pública. No digo esto acusando a nadie, sino comentando como ejemplo un caso en el que habrían participado las personas mencionadas”, declaró, con lo que abrió interrogantes sobre revelaciones que podrían darse en el medio del proceso oral, si es que alguna vez se hace. Hay quienes esperan que, como en la causa de los “Cuadernos” de  la obra pública durante el kirchnerismo, pueda aparecer un arrepentido que haga cambiar el curso de  los acontecimientos. “¿Quién está dispuesto a desplazarse, a desaforarse, a descentrarse, a descubrirse?”, diría Cortázar.

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El tiempo apremia

Para este juicio falta un tiempo que aún no se puede estimar. Sólo hay un juez en el Tribunal Oral Federal -Carlos Jiménez Montilla- y no se considera que haya jueces subrogantes para un proceso de esta naturaleza. Se sabe que para remplazar a Alicia Noli, jubilada en 2018, se ha planteado una terna que aún no ha sido estudiada; para reemplazar a Gabriel Casas, jubilado en 2021, aún no hay terna.

También se sabe que la causa contra los empresarios es subordinada a la central, de modo que primero debería tener lugar el juicio oral contra Cerisola y subordinados y luego el de los empresarios; eso si en la espera de lo que decida la Cámara de Apelaciones (lo cual ocurriría “bien entrado el año 2023”, estimó una fuente) no tiene lugar alguno que otro desprocesamiento. Pero en esta segunda causa los tiempos sí están corriendo: la acusación por presunta administración fraudulenta contra los empresarios, que prescribe a los seis años, tiene plazos desde 2019, cuando se jubiló la última funcionaria, Olga Cudmani. Es decir que en 2025, si no fueran a juicio, los 20 empresarios quedarían  libres de culpa y cargo, por la acción del tiempo.

FuenteLa Gaceta
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