La preocupación por el mal uso de los teléfonos celulares y de otros dispositivos electrónicos quedó reflejada durante el debate de la ley que se sancionó ayer para restringir el uso de estos aparatos en establecimientos educativos. Para la aplicación de la norma a partir del año 2025 resta ahora que el Poder Ejecutivo (PE) promulgue la propuesta y que sea reglamentada por el Ministerio de Educación, autoridad de aplicación.
El dictamen de la comisión de Educación se emitió luego de un intenso debate con la cartera que conduce Susana Montaldo. Se tuvieron en consideración iniciativas presentadas por Carlos Gómez, Nancy Bulacio, Eduardo Verón Guerra y José Cano quienes, en su mayoría, proponían inicialmente la prohibición del uso de dispositivos en el aula. El miembro informante de la comisión de Educación, Aldo Salomón, resaltó que estos equipos pueden ser una herramienta pedagógica, por lo que se recomendó la restricción y no la eliminación ya que permite el acceso a la información y diversos recursos en línea.
El oficialista Gómez repasó que hay estadísticas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (prohibió el uso de teléfonos) que son favorables, al punto que el 57% de alumnos encuestados afirmaron que prestan más atención en clases y que interactúan más con sus compañeros. Recordó que la Unesco expuso hace tiempo que el exceso de exposición de menores de edad a los teléfonos provoca efectos nefastos en las funciones cognitivas. “Es casi admitir que existe una epidemia de aprendizaje”, dijo.
El legislador indicó que con el avance tecnológico tiene que haber también un avance moral para que la tecnología no afecte negativamente la vida de las personas. “No nos olvidemos que la educación comienza en la casa. La escuela instruye, forma, pero todo el proceso debe empezar en la casa”, declaró. Afirmó que un 30% del mercado argentino de telefonía es acaparado por chicos y chicas de entre 7 y 16 años.
Impulso de la Cámara
El radical Cano, por su parte, señaló que el objetivo será homogeneizar un protocolo que se pueda aplicar en toda la provincia para mejorar la calidad educativa. Reconoció que en la primera etapa el proyecto no tuvo una buena recepción por el uso de la palabra “prohibir”, pero reconoció que ninguna de las iniciativas tenía ese fin sino recomponer el vínculo entre el docente y los estudiantes. Resaltó que el vicegobernador, Miguel Acevedo, fue uno de los grandes impulsores para que se sancione esta iniciativa y otra contra la ludopatía. “El Ejecutivo tendrá la responsabilidad de ver al final del ciclo del año que viene cómo se mejora el rendimiento académico”, dijo. Y agregó: “Requiere de un cambio cultural , y esto es un primer paso”.
Adriana Najar planteó que el acceso ilimitado de los chicos a información sin guías puede llevar a los estudiantes a obtener respuestas superficiales que limitan su desarrollo cognitivo. “El celular bien utilizado es una herramienta con un gran potencial pedagógico”, subrayó. En contrapartida, Verón Guerra opinó que no se debe tenerle miedo a la prohibición. “La palabra prohibir hace bien a la sociedad. Tenemos la responsabilidad como legisladores de aplicar ese beneficio”, dijo. Carolina Vargas Aignasse, en tanto, se expresó a favor de marcar pautas y recordó que existen programas de formación docente para definir qué es lo positivo del uso de tecnología.
El legislador Walter Berarducci fue el único legislador que consignó su voto en contra de la ley. Consideró que hay pautas del Ministerio que establece que cada comunidad escolar debe fijar pautas para cada colegio. “Tenemos que dejar que ellos mismos se regulen”, dijo. Opinó que la iniciativa tiene mucha voluntad, pero que en la práctica puede ser inicua, algo que luego fue desestimado por Cano. Agustín Romano Norri, por su parte, destacó los beneficios de la tecnología y que darle un uso racional va a hacer muy bien al aprendizaje.
En el cierre de las exposiciones, Roque Tobías Álvarez, presidente del bloque Justicialista, expuso estadísticias alarmantes, como que 7 de cada 10 chicos tuvo su primer celular antes de los 12 años y que el 62% de los menores duerme con su dispositivo al lado. “Creo que es la primera de unas leyes que en otras sesiones vamos a estar mirando desde otro punto del caleidoscopio; a este tema lo vamos a seguir tratando y lo vamos a pulir en lo que nos queda de mandato”, cerró.
