A primera vista, la votación en la Cámara de Diputados del permiso del Congreso para que el Presidente Alberto Fernández tome el préstamo del FMI parecía destinada a generar quiebres discursivos casi simétricos en el oficialismo y la oposición. La discusión de la ley, podía decirse, iba a funcionar como un colador que permitiera separar los componentes más duros del Frente de Todos y Juntos por el Cambio.
Y amontonarlos lejos del caldo de dirigentes capaces de negociar y encontrar puntos de contacto entre sí para construir al menos el terreno en donde discutir políticas públicas. Pero, aunque a veces son tentadoras e incluso eficaces, las simplificaciones suelen ser insuficientes. En primer lugar, se comprobó que la división expuesta en el oficialismo es peligrosísima para la buena salud del Gobierno.
El hijo de la vicepresidenta de la Nación acaba de dejar hace pocas semanas la jefatura del bloque del oficialismo en desacuerdo con la intención del Presidente de tomar un crédito del FMI que le permitirá pagar parte de la deuda pública y poner en números azules la cuenta de reservas del Banco Central. Con su renuncia, Máximo Kirchner, además, dejó en evidencia que no respalda la decisión de Fernández de firmar un compromiso con el Fondo.
Un acuerdo para reducir el déficit fiscal, analizar posibles reformas al sistema previsional, bajar los subsidios al consumo energético e implementar otros cambios. Por los discursos que se le conocen hasta ahora, Cristina Kirchner piensa en esas materias igual que su primogénito. Es difícil encontrar ejemplos de coaliciones oficialistas que sigan unidas luego de dejar expuestas diferencias tan importantes como esta.
Con la votación en Diputados, queda claro que el Presidente tuvo que buscar en Juntos por el Cambio el apoyo que no consiguió del socio principal del Frente de Todos. Es una situación que se había vuelto posible con la derrota electoral del Gobierno del año pasado y que el oficialismo no terminó de entender hasta que fracasó la sanción del Presupuesto 2022. Ahora, el Presidente tiene delante suyo una evidencia.
La cual muestra que si quiere sacar leyes en lo que resta de su mandato tendrá que tomar en cuenta no sólo los gravísimos problemas que tiene en su propia coalición sino también la situación interna de Juntos por el Cambio para buscar potenciales ayudas: no siempre podrá negociar y no siempre negociará con los mismos sectores de la oposición. En la oposición, las diferencias internas son otras.
Como no gobiernan, en Juntos por el Cambio se pueden permitir que parte de la coalición vote distinto sin que eso genere quiebres definitivos. Es cierto que, por ejemplo, los duros del PRO hubieran preferido que el entendimiento entre el Gobierno y el FMI no se firmara, pero también es verdad que Mauricio Macri supervisó en detalle el acuerdo parlamentario con el oficialismo y que lo aprobó una vez que el Gobierno accedió a modificar el acuerdo original.
Esa decisión puso a Macri en la misma vereda que Elisa Carrió, Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, algo que no ocurría desde hace tiempo en las discusiones internas de la coalición. A pesar de las discusiones previas, en Juntos por el Cambio consiguieron mantener una disciplina casi completa en el voto que hizo posible el acuerdo que pidió el Gobierno. Aún no es posible saber si esa decisión conformará a sus votantes.
