En la última reunión de Labor Parlamentaria de la Legislatura, representantes del bloque Lealtad Peronista pidieron al vicegobernador Osvaldo Jaldo que restituya los contratos de 1100 empleados que fueron cesanteados luego del quiebre del bloque oficialista, tras la elección del nuevo defensor del Pueblo. Por su parte Jaldo, pidió un gesto al Poder Ejecutivo para que restituya el código de descuento autómatico para cooperativas y mutuales, donde resultó como principal perjudicada la Mutualidad Provincial.
Luego de este cruce de pedidos, ambos sectores se mantuvieron firmes en sus posturas y ninguno cedió. Es más, la próxima sesión legislativa convocada para el 6 de mayo quedó condicionada, ya que los legisladores de Lealtad Peronista, no estarían dispuestos a dar quórum.
Esta situación dejó al descubierto el modo poco transparente en la que se manejan los nombramientos y contratos políticos. Hasta el momento se sabe que los 1100 empleados legislativos cesanteados eran asesores de los 14 legisladores que conformaron el nuevo bloque Lealtad Peronista. Si uno realiza una operación matemática, podría determinar que cada legislador cuenta con un total de 78 asesores, pero esto en la práctica no es tal, ya que algunas fuentes indicaron que el manejo de nombramientos es discrecional. Algunos legisladores pueden contar con más de un centenar de colaboradores y otros con una cifra significativamente menor. Entre los 1100 empleados despedidos, se encuentran asesores, administrativos, dirigentes territoriales y personas que fueron nombradas por políticos de otras gestiones.
Según informaron algunas fuentes legislativas, los sueldos de estos contratos políticos rondan entre los $60.000 y $150.000. Sobre cómo se fija la categoría de los contratos hay dos versiones. Una apunta a que los definiría la Presidencia, y la otra es que se acercaría un presupuesto a cada legislador para que lo divida en cantidad de cargos y categorías según lo crea más conveniente.
Este panorama no es propio del ámbito legislativo, sino también del Ejecutivo. El mismo vicegobernador en declaraciones a la prensa lo confirmó, “No nos olvidemos que si hubo cesantías, hubo de los dos lados; si hubo bajas, hubo de los dos lados. Es muy fácil venir a pedir a la Legislatura sin hacerse cargo de lo que está pasando en el Poder Ejecutivo. Así cualquiera tiene planteos y así cualquiera tiene propuestas”, respondió Jaldo.
Pero hasta el momento de ninguno de los dos sectores del oficialismo, ni de la oposición dan precisiones sobre la cantidad de asesores, empleados y sueldos que se pagan para que cada legislador pueda cumplir con su labor. Todo lo que salió a la luz respecto a estos nombramientos fue a causa de la pelea entre Jaldo y Manzur, de otra manera estos manejos discrecionales habrían quedado ocultos.
