En la semana que se fue para jamás regresar, la impunidad le torció el brazo una vez más a la decencia y a la justicia que duermen el sueño de los justos en el cajón de la democracia. En realidad, lo justo sería decir que fue uno de los dos poderes de la República la que mandó a dormir a una tenue luz de justicia que se esperaba alumbrara la oscuridad de un Tucumán ahogado en el mar de trapisondas parlamentarias.
En ese sentido, el pasado viernes la opinión pública se anotició de que la Legislatura de Tucumán, es decir, el poder republicano elegido por el pueblo y que representa la voluntad del soberano decidió darle la espalda a la gente y abrazarse a la inmundicia que representa el mal manejo de la “cosa pública” que en esta provincia representa al titular del Tribunal de Cuentas, Miguel Chaibén Terraf.
“Con una pequeña ayuda de mis amigos” es una conocida canción de los legendarios The Beatles que bien podría cantar Terraf luego de que sus “doce apóstoles” legislativos le permitieran zafar del juicio político presentado en su contra en la propia Legislatura provincial por parte del abogado Marcos Aníbal Rougés, quien lo había denunciado por irregularidades en 24 operaciones de venta con el Estado Provincial durante los períodos 2022/2024.
Lo cierto es que el pasado viernes por la mañana se reunió en la Legislatura la Comisión de Juicio Político para tratar la situación del denunciado Miguel Chaibén Terraf, presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia. La acusación es por la presunta comisión del delito de “mal cumplimiento de deberes de funcionario público”. Sin embargo, quienes bien podrían considerarse adláteres de Terraf salieron en su ayuda.
Y es que los 12 miembros de la Comisión parlamentaria tomaron la determinación de archivar el pedido de juicio político en contra de Terraf. Para el colmo de la desvergüenza, la resolución llegó de manera unánime. En la reunión, estuvieron presentes los legisladores Sergio Mansilla (presidente), Aldo Salomón, Tulio Caponio, Francisco Serra, Sara Assán, Mario Leito, José Orellana, Paula Galván, Leopoldo Rodríguez, Carlos Verón Guerra, Rodolfo Ocaranza y Claudio Viña.
Si de putrefactas excusas hablamos, cabe señalar las mencionadas por Claudia Viña, quien manifestó que “los hechos denunciados no han tenido la configuración necesaria que requiere el artículo 47 de la Constitución por lo que no estaba ninguna de las causales previstas para el juicio político”. “Algunos de los hechos datan de 20 años de antigüedad, en otros casos, ya han sido subsanados y otros casos no eran relevantes para ser considerados imputables en el procedimiento”, siguió.
Así, no hay razones para remover del cargo a Terraf pero queda abierta la puerta para que la denuncia corra dentro de la justicia ordinaria. En la denuncia, Rougés también apuntó que la maniobra podría involucrar a Esteban González, el consuegro de Terraf y antiguo abogado fiscal del Tribunal de Cuentas. Ante esto, Viña afirmó que esta denuncia también fue analizada y “se determinó que el grado de cercanía no era el que requiere la Constitución para configurar el delito”.
En tanto, el legislador Leito comentó: “La Comisión estuvo reunida con los 12 miembros. Después de haber hecho un análisis estos días de ese pedido de juicio político, en el día de hoy, hemos emitido una resolución archivando estas actuaciones”. El Parlamentario explicó las razones de la resolución, más allá de que lo que importa saber en lo que hace a la opinión pública es que sólo se trata de meras excusas:
“Nosotros consideramos, lo establece con mucha claridad la Constitución de la Provincia, que debe ser una cuestión muy específica en cuanto al momento en el que el ciudadano tucumano plantee o presente un juicio político sobre alguien. Esto es muy general, muy vago. Entonces, en el análisis que hicimos, consideramos que no encontramos elementos suficientes para promover este pedido”, planteó.
Con esto, el pedido de juicio político queda desestimado al no existir una instancia de apelación. Lo cierto es que más allá de cualquier aspecto técnico, la única verdad es la realidad y la misma señala que se echó a andar la máquina de impunidad de la legislatura provincial, quienes le brindan protección a Terraf de espaldas a un pueblo como el tucumano asqueado y no menos cansado de tanta impunidad a cielo abierto como si se tratara de un basural.
Recordemos que el abogado Marcos Aníbal Rougés, en su planteo ante la comisión de Juicio Político, aseguró que el titular del organismo de control incurrió “reiteradamente” en incumplimiento a sus deberes como funcionario público. En un escrito de 47 páginas, afirmó que “existen graves motivos que inhabilitan (a Terraf) para continuar siendo un integrante máximo del organismo que ejerce la delicadísima función de controlar la ejecución presupuestaria de la Provincia”.
Al respecto, es menester dar cuenta acerca de que Rougés detalló cinco hechos que, según su opinión, justifican la creación de un Jurado de Enjuiciamiento. Primero, criticó que, en 2008, el TC, mediante el acuerdo 2.505, no emitió el dictamen requerido sobre la razonabilidad de la contabilidad de la Administración Pública centralizada, correspondiente a todo un ejercicio presupuestario.
Destacó que esa Cuenta de Inversión correspondía a un año crucial en la historia reciente de Tucumán, ya que 2007 fue un año electoral decisivo para el futuro de la provincia y del país. En segundo lugar, mencionó varios acuerdos de 2005 relacionados con la ejecución del proyecto Lomas de Tafí, donde los técnicos del Tribunal de Cuentas advirtieron sobre la existencia de sobreprecios en la construcción de las primeras 3.000 viviendas.
Según Rougés, estas objeciones no fueron suficientes para la dirección del organismo, bajo la conducción de Terraf. En tercer lugar, Rougés se refirió al acuerdo 2.821 de 2011, sobre la ampliación del Hospital Padilla, señalando discrepancias entre lo informado por funcionarios públicos y los especialistas del Tribunal de Cuentas sobre el estado de las obras. También cuestionó a Terraf por no haberse excusado en casos relacionados con contratos con Luis Eduardo González, consuegro de Terraf, que involucraban al Estado provincial.
Finalmente, Rougés afirmó que Terraf ha utilizado fondos estatales y designaciones discrecionales para financiar al equipo de rugby Natación y Gimnasia, campeón reciente del Torneo Anual de Rugby de la Unión de Rugby Tucumana (URT). Incluyó una lista de 11 jugadores que trabajan en el organismo de control.
“El tiempo dirá si estas suspicacias son fundadas o, como espero, simples prevenciones derivadas de haber podido experimentar en otras ocasiones y en carne propia, despliegues del Poder tendientes a encubrir delitos mucho más graves que las irregularidades que aquí se denuncia”, cerró Rougés en un comunicado.
¿Hasta cuando la corrupción y la impunidad reinará en la provincia de Tucumán?
