El escándalo por los alimentos del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia secuestrados en un allanamiento suma derivaciones políticas, luego de la detención de dos dirigentes barriales y de los informes que recibió el Poder Judicial de Tucumán.
Sucede que ambos sospechosos, Alberto Felipe López, referente del Movimiento Provincial Tucumán (MPT), como su hijo, Juan López Cansillieri, formaron parte hasta hace poco tiempo de la nómina de empleados estatales. Según los datos aportados en un oficio judicial por la Secretaría de Gestión y Planeamiento del Poder Ejecutivo (PE), el primero de ellos formó parte de la Unidad de Reconversión Laboral (Unrel) hasta su disolución, a finales de 2023. Su hijo, Juan López Cansillieri, registraba por su parte liquidación de haberes del Poder Legislativo de Tucumán. El vicegobernador, Miguel Acevedo, confirmó que el hombre de 39 años había sido designado en diciembre pasado, aunque ya dispuso su cesantía como consecuencia de este hecho.
Desde lo judicial, la clave de la causa tramitada por la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal (MPF) pasa por el destino que se daba a la comida hallada por la Policía en una casa de Manantial Sur en un operativo. Una de los hipótesis apunta a que podría haber sido comercializada en locales de la zona, aunque hay testimonios que dan cuenta sobre el posible uso electoral de los alimentos destinados a sectores vulnerables.
Por lo pronto, se confirmó que, además de su actividad barrial, los dirigentes señalados por los investigadores habían logrado obtener cargos en el Estado.
Según los informes, Alberto Felipe López había integrado el extenso listado de personal incluido en la Unrel. Este organismo había sido creado por el manzurismo en 2021, en plena interna en el PJ, con el fin de brindar contención a personas damnificadas en lo laboral por la pandemia de la covid-19. Esta área alcanzó partidas multimillonarias en el presupuesto. Por ello, el gobernador, Osvaldo Jaldo, decidió eliminar la Unrel ni bien asumió, como una medida de ajuste en el gasto público. Así, López perdió su lugar con la disolución del organismo, el 30 de noviembre de 2023.
En tanto, López Cansilleri habría sido incorporado en diciembre de 2023 a la Legislatura provincial, bajo la figura de personal de bloque (es decir, un nombramiento temporario y de carácter político). Acevedo explicó que, ante la situación del dirigente social, se decidió avanzar con la cesantía. “En sintonía con las medidas de transparencia adoptadas por el gobernador hemos dispuesto inmediatamente la baja de esa persona”, precisó el presidente de la Cámara provincial
La causa puso en el centro de la polémica el sistema de entrega de comestibles a través de organizaciones sociales, al punto de que el gobernador Jaldo y el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, anunciaron la eliminación de intermediarios para el reparto de estas ayudas, y la implementación de una tarjeta para la compra de comida en supermercados (comenzará a estar disponible a partir de principios de 2025). Además, el mandatario instruyó a la Fiscalía de Estado a hacer los trámites para constituir al Estado provincial como querellante en la causa, que está caratulada como peculado.
Todo comenzó con una denuncia por violencia, a partir de la cual se produjo el primer procedimiento policial, este martes, en una casa del sector B de Manantial Sur. En ese lugar se detuvo a López Cansillieri, de 39 años, y se encontró un cargamento de alimentos de Desarrollo Social con un peso estimado en más de 5.200 kilos.
En la vivienda, durante el procedimiento, los efectivos de la seccional 15° al mando del comisario Martín Arias secuestraron también un remito entregado en el depósito de Hacha de Piedra, una firma contratada por Desarrollo Social. Allí constaba la entrega de 216 módulos alimentarios con ocho productos (arroz, aceite, fideos, entre otros), pero estaba a nombre de su padre, Alberto Felipe López.
Si bien esa documentación no alcanzaba para justificar la enorme cantidad de comida encontrada en el lugar, este elemento puso al titular del Movimiento Provincial Tucumán bajo la lupa de los investigadores.
“Hubo testimonios de vecinos que aportaron datos que sirvieron a la causa. A raíz de estos datos, surgieron nuevos allanamientos”, indicó Girvau en el móvil. López fue detenido en uno de esos operativos, y quedó a disposición de la Justicia.
El jefe de Policía aclaró que corresponde a los tribunales determinar el destino que daban estos dirigentes sociales a la mercadería secuestrada, aunque insistió con que el caso “está esclarecido”. “No vamos a permitir que hechos de esta naturaleza se sigan concretando. Con el alimento de las personas que lo necesitan no se debe jugar”, agregó.
Una de las hipótesis que manejan los investigadores es que al menos parte de los productos podrían haber sido comercializados, dado que en una de las viviendas se incautaron de cuadernos con anotaciones en las que figuraban listas de comestibles (como cajas de puré de tomates y paquetes de lentejas) y sumas de dinero, entre otros indicios.
Está previsto que los abogados Javier Lobo Aragón y Javier Lobo Aragón (h) asuman la defensa de los sospechosos. Por razones de estrategia, los letrados declinaron de hacer declaraciones sobre el tema, pero afirmaron que están reuniendo documentación para demostrar que no hubo irregularidades en el caso.
