Tras dos meses del lanzamiento oficial de “Precios Justos”, el programa que congela los precios de más de 1800 productos de alimentos, bebidas, productos de higiene y limpieza en supermercados y mayoristas por cuatro meses, los empresarios empezaron a mostrarse en alerta por una posible renovación y pidieron mantener “un mercado transparente y sin distorsiones”.
El acuerdo que firmó el Gobierno con más de 100 empresas tiene un plazo de 120 días, es decir, que finaliza el 28 de febrero de 2023. Sin embargo, desde la Secretaría de Comercio evalúan la posibilidad de extenderlo, principalmente por el efecto que causó en la desaceleración de los precios de los alimentos.
Ante la posibilidad de que el plan de“Precios Justos” se prolongue, desde el sector empresarial advirtieron que no sería beneficioso sostenerlo después de febrero porque podría generar una “distorsión de precios”.
Daniel Funes de Rioja, titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), señaló que desde la organización creen “en la libertad de precios y en un mercado transparente y sin distorsiones”.
“Después de la política de congelamiento de precios del 2020, señalamos insistentemente que eso llevaba a una distorsión de precios y que había que corregirlo. Ese proceso de corrección evidentemente no se ha completado todavía”, remarcó Funes de Rioja.
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El también titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) reconoció que el acuerdo de precios tiene “una condición clarísima que es la estabilidad económica para dar previsibilidad desde el punto de vista macroeconómico”. Y reveló que “el Gobierno está proponiendo un proceso de diálogo”, pero insistió en que “el acuerdo existente es hasta febrero y que en marzo se volverá a hablar”.
“Desde el punto de vista de la industria de Alimentos y Bebidas, Precios Justos es una negociación, así como lo fue Precios Cuidados en su momento. Son acuerdos que se hacen empresa por empresa”, manifestó.
Funes de Rioja ya había sido crítico con el programa Precios Justos en noviembre del año pasado, apenas unos días después del lanzamiento oficial. En aquella oportunidad remarcó que, si bien en la UIA “apoyaban los acuerdos de precios”, este programa “no iba a resolver la inflación”.
Igualmente, en el Ejecutivo confían en el programa como mecanismo para contener la inflación. De hecho, según el INDEC, en noviembre los precios de los alimentos aumentaron un 3,5%, la cifra más baja en todo el 2022.
A su vez, desde el Gobierno también trabajan para cerrar distintos acuerdos de precios en otros sectores. Según pudo saber TN, la Secretaría de Comercio negocia con los rubros de construcción y artículos para el hogar, luego de cerrar con empresas de calzado, indumentaria y celulares.
Los otros acuerdos de precios que firmó el Gobierno
Hasta el momento, estos son los últimos acuerdos firmados para mantener precios o marcar senderos de aumentos:
- Nafta y gasoil: se acordó con las petroleras subas mensuales del 4% hasta marzo y del 3,8% en el tercer mes de 2023;
- Prepagas: se dispuso que a partir de febrero y durante 18 meses, el incremento de las cuotas de las prepagas tendrá como tope máximo el 90% del Índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte);
- Textiles: se definió un congelamiento, que desde noviembre está vigente por 60 días. Una vez cumplido ese plazo, los precios de los productos se adecuarán -por 90 días- a la variación del tipo de cambio oficial del dólar;
- Insumos: los aumentos de 25 firmas de los sectores del aluminio, vidrio, petroquímica y envases no podrán superar el 4% mensual;
- Calzados: las empresas fabricantes, que representan 29 marcas de zapatillas, acordaron una rebaja de hasta 20% de los precios vigentes en diciembre en las marcas y modelos de zapatillas de mayor rotación en el mercado. Además, el acuerdo prevé un tope de aumentos de hasta el 3% para enero, febrero, marzo y abril;
- Medicamentos: se planteó un convenio por 120 días, con un tope de 3,8% de aumento mensual. El convenio tiene en cuenta el último precio sugerido de venta al público de noviembre y prevé una cláusula gatillo por la cual, en caso de que la inflación supere el 5%, al mes siguiente los laboratorios pueden subir los precios hasta un punto abajo del IPC.
