Luego de que el Gobierno de Javier Milei definiera por decreto un aumento del 9,3% en el Salario Mínimo, Vital y Móvil, a pagarse en cuatro tramos entre diciembre y marzo, cuando alcanzará los $296.832, la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos CTA rechazaron por insuficiente la suba decidida por el Ejecutivo.
“El Salario Mínimo Vital y Móvil viene acumulando una pérdida estimada del poder adquisitivo superior al 70%, luego de la devaluación de diciembre 2023, agravando una tendencia a la baja de los años previos, que se sigue profundizando por la fuerte contracción recesiva de estos meses, dejando al salario mínimo en un valor inferior al registrado en 2001, previo a la crisis de la convertibilidad”, advirtió la CGT.
Además de fijar un piso para los empleados bajo relación de dependencia, a actualización de la remuneración básica sirve de parámetro para los trabajadores informales. El incremento de este jueves fue fijado por el Ejecutivo tras el fracaso del Consejo del Salario.
En febrero y julio, los gremios y empresarios tampoco habían llegado a un acuerdo sobre las cifras de la remuneración básica y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, laudó.
Para la CGT, el salario mínimo por decreto se definió en perjuicio de los trabajadores
De acuerdo con las cifras que maneja la CGT, el salario mínimo alcanza a unos 6 millones de trabajadores formales, pero también impacta en los informales y en diversos programas sociales que se rigen por ese monto.
A instancias de la Secretaría de Trabajo, las partes se reúnen para acordar nuevos pisos con una periodicidad que varía de acuerdo con el comportamiento de la inflación. Este jueves no alcanzaron un acuerdo y nuevamente laudó el Gobierno de Milei.
“Bajo el pretexto de la ‘falta de consenso’, se encubre una actitud manifiesta de evitar acuerdos que, finalmente, permiten que sea el Gobierno Nacional quien decida arbitrariamente -laudando siempre a favor de los intereses empresarios y en contra de las y los trabajadores- poniendo de esta forma en evidencia su falta de respeto institucional y dejando de manifiesto la actitud de empresarios dispuestos a hacerles el juego, eludiendo los acuerdos con una total falta de responsabilidad social y que, encubiertos detrás de las estrategias oficiales, tratan de sacar ventaja atendiendo solo a sus propias ganancias”, argumentó la central obrera en un comunicado.
En los últimos meses, tras la ruptura con el ala dura que encabeza Pablo Moyano, la CGT eligió tomar posiciones políticas a través de comunicados y evita confrontaciones más radicalizadas, como la planteada por el líder del gremio de los Camioneros.
Las dos CTA también rechazaron el aumento establecido por decreto
En proceso de reunificación, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores también hicieron público su rechazo a lo decidido por el Ejecutivo. “El Gobierno y los empresarios resolvieron que el Salario Mínimo sea el más bajo de las últimas dos décadas”, afirmaron en una comunicación conjunta.
“Denunciamos un complot de los sectores empresariales con el Gobierno nacional, que denigra un espacio tripartito como lo es el Consejo del Salario, para seguir derrumbando los salarios de los trabajadores, para acrecentar las ganancias de sus empresas y para que el presidente Javier Milei siga gobernando por decreto”, afirmó el escrito firmado por Hugo Yasky, secretario General de la CTA-Trabajadores, y Hugo “Cachorro” Godoy, secretario General de la CTA-A.
Godoy, dijo que “una vez más el Gobierno de Milei abusa de los decretos y actualizó, en complicidad con los empresarios, un Salario Mínimo, Vital y Móvil miserable, que desprecia a los trabajadores y trabajadoras y empeora la posibilidad de cubrir sus necesidades básicas y mejorar su calidad de vida”.
Según explicó, “el Gobierno nacional decidió que recién en marzo el salario mínimo llegue a $296.832, apenas $2000 más de la oferta que los empresarios realizaron en el último Consejo del Salario”, que fue rechazado por el sector gremial por considerarlo insuficiente. De diciembre a marzo, el aumento será de $25.261 en total.
“En los años 90 equivalía al 25% del salario promedio del sector privado registrado, en el 2009 era del 45% y hoy no llega al 20%”, detalló.
