Aunque en el Gobierno tucumano aseguran que la idea no está en carpeta y que aún no fue analizada, la discusión respecto de si debe cobrarse la atención médica a una persona que protagonice un accidente bajo los efectos del alcohol está abierta.
Al punto que en la Legislatura ya se formalizaron proyectos en ese sentido, a partir de la aplicación de esa medida en la vecina provincia de Salta. En particular, la propuesta del opositor Claudio Viña busca convertir a Tucumán en otro distrito en tener una ley que cobre por los servicios de salud a aquellos conductores que protagonicen accidentes de tránsito bajo los efectos del alcohol o las drogas y se atiendan en hospitales públicos.
El expediente propone facultar al Ministerio de Salud Pública a realizar el cobro o recupero de las prestaciones de salud, medicamentos, prótesis y órtesis que se destinen a aquellas personas que, conduciendo bajo los efectos del alcohol y/o estupefacientes, ocasionen accidentes de tránsito que requieran su atención en centros médicos de gestión pública. En otro punto, y al igual que lo estipulado por la ley vigente en Salta, Viña plantea que “quienes demuestren estado de insolvencia deberán cancelar la obligación mediante servicios comunitarios de conformidad a lo que determine la reglamentación”.
Según se describe en la fundamentación del proyecto, $15 millones por mes se gastan en internaciones no críticas de personas accidentadas, mientras que para un paciente en estado crítico se elevan hasta los $60 millones mensuales. “Nos parece injusto que además de hacer un daño a la sociedad causando muchas veces muertes de ciudadanos inocentes, saliendo al volante en estado de ebriedad o bajo el efecto de drogas, tenga el Estado que incurrir en gastos, solventados con recursos que provienen de lo recaudado por los impuestos de todos”, señala. La iniciativa busca desincentivar a los conductores a consumir sustancias que disminuyan su capacidad, intentando concientizar de que la mejor opción es no conducir o, en su defecto, tomar un taxi o tener en el grupo a un conductor designado.
En los detalles de su propuesta legislativa, Viña enfatiza que en la actualidad los accidentes de tránsito bajo los efectos del alcohol y los estupefacientes son el principal factor de riesgo de muerte y discapacidad para las personas de 15 a 49 años. “Es de público conocimiento que la cantidad de accidentes de tránsito fatales no disminuye con las altas multas ni con la sanción de retenerles el vehículo”, remarca.
En caso de que los pacientes no abonen los servicios de salud recibidos o incumplan con el servicio comunitario, se deberá emitir un certificado de deuda que constituirá título ejecutivo suficiente, en los términos de la Ley N° 9.531”.
En 2016, Tucumán sancionó la Ley 8.848 que prohíbe a los ciudadanos manejar luego de consumir bebidas alcohólicas en cualquier cantidad. Además, los conductores están obligados a someterse a los procedimientos necesarios destinados a determinar su estado de intoxicación alcohólica. Ante el resultado positivo de la prueba, el conductor puede ser multado con un valor que se determina en Unidades Fijas (U.F.), las cuales equivalen al menor precio de venta al público de un litro de nafta súper. El monto total de dicha sanción puede variar según la cantidad de alcohol en sangre que arroje el test.
En contra
Consultado, el legislador oficialista Gabriel Yedlin se mostró en desacuerdo con el proyecto y deslizó que en casos de este tipo la educación vial, los controles de tránsito y la rápida actuación de la Justicia son fundamentales.
“Aquel que sea responsable de un accidente en estado de ebriedad o en situación de consumo tiene responsabilidades civiles y penales. Me preocupa que el sistema de salud vaya sacando responsabilidades en el financiamiento en general. A extranjeros primero (como ocurre en Salta), a no residentes del municipio o de la provincia después (como sucede en Carlos Paz, Córdoba)”, ejemplificó el presidente de la comisión de Salud de la Cámara.
El ex ministro de Desarrollo Social argumentó que el sistema de salud “debe seguir siendo solidario, lo más inclusivo que se pueda y con la menor barrera de acceso”. “Ahora es a los responsables de los accidentes de tránsito, después puede ser a los que no usen cascos en la moto o usen celular. Y si entramos a cuestiones más técnicas, podría ser a los diabéticos que no cumplan la dieta, a los hipertensos que coman con sal, a los fumadores que necesiten una angioplastia, oxígeno o quimioterapia”, alegó. Para finalizar, Yedlin aseguró que el sistema de salud es muy complejo y “agregarle esta responsabilidad generaría una enorme carga de gestión además de más dolor para los pacientes, sus familiares y al equipo de salud”.
Su hermano, el diputado Pablo Yedlin (Unión por la Patria) se pronunció en las redes sociales en contra de la medida aplicada en Salta. “Hay que tener cuidado con esta idea y abre algunas dudas. Para empezar, es una doble pena aplicable solo a los que no tienen cobertura social, es decir a los más pobres. Por otro lado, abre la idea de querer seguir usando el sistema de salud solidario para otros castigos”, expresó el ex ministro de Salud. “¿Podríamos no atender a los pacientes adictos con drogas ilegales en el sistema público? ¿Podríamos avanzar en no ofrecer tratamiento sanitario a personas privadas de su libertad por cumplir condenas? El ajuste a la salud y a las provincias es de tal magnitud que nos equivoca. Transformar el sistema de salud pública en un mecanismo punitivo contradice su esencia: garantizar derechos, no imponer castigos. Penalizar a accidentados en estado de alcoholización afecta desproporcionadamente a los más vulnerables y desvirtúa el acceso a la atención médica”, cerró el diputado.
