La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) realizó un plenario este viernes y calificó el dictamen del oficialismo de modificar el régimen de Impuesto a las Ganancias para el Poder Judicial como “un intento para avasallar la independencia judicial”.
El artículo que está dentro del Presupuesto 2023 generó tal resquemor dentro del Poder Judicial que este viernes la Corte Suprema de Justicia tuvo una reunión de urgencia para tratar el tema y evaluar los pasos a seguir de cara al próximo martes, día en que se tratará el proyecto.
Los jueces, fiscales, defensores oficiales y funcionarios rechazaron de forma unánime el proyecto que fue aprobado en la comisión de la Cámara de Diputados el jueves. En un comunicado, la AMFJN dijo que “es una cláusula que pretende, una vez más, violentar la cláusula constitucional que protege los salarios de jueces y fiscales”.
La AMFJN se declaró en sesión permanente “conscientes de la gravedad de lo que se pretende en términos de avasallamiento”. Luego reiteró que el “salario no es ganancia”.
La presidencia de la Asociación de Magistrados reprobó, además, el presupuesto de 2023: “No advertimos que la discusión del presupuesto haya incorporado, ni mínimamente, el análisis del control del gasto público ni el crecimiento que evidencia la administración pública nacional”, por lo que este nuevo artículo incluido por el oficialismo “se posiciona en una línea de hostilidades hacia la Justicia como consecuencia del dictado de fallos que no agradan a sus promotores”.
Los integrantes de la Junta de Presidentes de Cámaras Nacionales y Federales de la República también enviaron un comunicado en repudio al proyecto oficialista que cuenta con el aval de cierta parte de la oposición.
“Este nuevo intento de cercenar la independencia del Poder Judicial de la Nación llevará a consecuencias no sopesadas, que resentirán en mayor medida la prestación del esencial servicio que le compite. La independencia de los órganos de la justicia se ve peligrosamente avasallada con este proyecto de reforma”, reza el comunicado.
Por otra parte, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) que preside Julio Piumato declaró un paro para el próximo martes 24, cuando se trate el proyecto en Diputados. El gremio declaró la medida “luego del avance en diputados del acto confiscatorio del salario de los y las judiciales, respecto a la incorporación de los trabajadores/as al régimen de ´ganancias´”.
“Las gravísimas declaraciones de un diputado oficialista cuestionando la independencia del Poder Judicial demuestra su falta de respeto y apego a la Constitución Nacional, hecho inaceptable para un diputado de la Nación”, aseguraron en referencia al legislador K Marcelo Casaretto, quien presentó la solicitud para que los jueces paguen Ganancias.
Compromiso Judicial anunció que se mantiene en “estado de alerta” luego de la noticia y sumó su crítica a la propuesta en un anuncio: “Expresamos una vez más nuestra enorme preocupación por el intempestivo e inconsulto proyecto sobre otra ley relacionada con la aplicación del impuesto a las ganancias a los integrantes del Poder Judicial y los Ministerios Públicos”.
Cómo es el cobro de Ganancias a los jueces que impulsa el oficialismo y tiene el aval opositor
El artículo para que los jueces cobren ganancias lo presentó Marcelo Casaretto, secretario de la comisión de Presupuesto. En el mismo, Massa incluyó una “separata” que indicaba como impactaría sobre las cuentas públicas las distintas exenciones impositivas que benefician a algunos sectores.
A fin de cuentas, el Ministerio de Economía asegura que, cobrando Ganancias a jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial se podrían sumar $237.000 millones a la recaudación.
En el Presupuesto se incluirá finalmente un artículo que modifica el artículo 82 de la Ley de Impuesto a las Ganancias y establece que “en el caso de los Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación, la totalidad de sus ingresos se incluirán dentro de los ingresos gravados, independientemente de la fecha de su nombramiento, y por todos los conceptos que integran sus remuneraciones”.
La medida, en su esencia, tiene respaldo de la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica, que lo han planteado en el pasado, e incluso del PRO: en 2016 el Congreso sancionó una ley impulsada por el diputado y consejero de la Magistratura del PRO, Pablo Tonelli, que incluía en el pago de Ganancias a todos los magistrados que asumieron a partir del 1º de enero de 2017, aunque hoy solo pagan por una parte de sus remuneraciones.
Sin embargo, hay pesimismo en el Congreso sobre las chances reales de que, una vez sancionada la norma, los jueces empiecen a pagar el impuesto. “Es para la tribuna. Un juez lo va a declarar inconstitucional en el acto”, advertían en el radicalismo.
