El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, no asistirá a la reunión convocada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y su par de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, para hablar sobre el financiamiento de la Policía traspasada. Tampoco lo hará nadie de su equipo. Así lo confirmaron en un comunicado dirigido a los ministros nacionales, firmado esta mañana por el secretario General y de Relaciones Internacionales de la ciudad de Buenos Aires, Fernando Straface.
¿Los motivos? La “inconstitucionalidad” de la ley que regula el convenio de transferencia de las facultades de Seguridad, la “unilateralidad” de las decisiones del presidente Alberto Fernández, la ruptura del federalismo y de la autonomía de la Ciudad, la “violación” de la división de poderes, entre argumentos que transmitió el Gobierno porteño.
“Nos vemos impedidos de concurrir a la reunión propuesta, según lo establecido por el artículo 2° de esta ley, ya que hemos planteado judicialmente la inconstitucionalidad de la misma”, comienza el comunicado, en el que se hace referencia a la ley 27.606 -aprobada por el Senado el 10 de diciembre y relativa al “convenio de transferencia progresiva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de facultades y funciones de Seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad”-, y continúa: “Desde el primer momento, la Ciudad de Buenos Aires ha impulsado el diálogo y la concertación como mecanismos para lograr consensos, pero consideramos que precisamente, en este caso, los acuerdos preexistentes fueron dejados de lado de forma unilateral y por lo tanto esta ley quebranta las bases del federalismo de concertación que pretende promover”.
Según manifestaron por escrito, en el gobierno de la Ciudad consideran que la normativa que establece que las fuerzas de seguridad porteñas se financian a través del Tesoro y no de la coparticipación -que sufrió una quita del 1,18% en septiembre-, como lo hacían antes, “viola manifiestamente la autonomía” de la capital bonaerense. “La firma del convenio de traspaso de la Policía Federal llevada a cabo en 2016 [durante el gobierno de Mauricio Macri] era suficiente para consolidar la transferencia de facultades y funciones de seguridad sin necesidad de una norma adicional”, justificaron Juan Grabois, a Luis Etchevehere: “No imaginé que te ibas a asustar”
“Se trata de una ley que consagra una violación a la división de poderes, a la seguridad jurídica, a la estabilidad de los actos de gobierno, a la buena fe que debe regir las relaciones entre distintos niveles de gobierno y a la confianza legítima; y como consecuencia, se pretende poner de rodillas a la autonomía de la Ciudad”, indicó en el texto la mesa chica de Rodríguez Larreta, ante una ley cuyo tratamiento fue enviado por Fernández al Congreso, de manera sorpresiva, días después del recorte de la coparticipación, también sorpresivo, impuesto por decreto.
Cálculo “erróneo”
En 2016, el gobierno de la Ciudad había acordado con Macri un aumento en la coparticipación -de 1,4% a 3,75%, y luego una reducción a 3,50%- y el costeo de la policía con los fondos de la misma. En ese sentido, los funcionarios porteños indicaron: “Si se hubiesen querido modificar las condiciones establecidas, la negociación debió ser previa y consensuada para luego, en caso de acuerdo, solicitar la aprobación legislativa”.
La fórmula que fijó el gobierno de Fernández toma como punto de partida un gasto anual por la seguridad de la Ciudad de $ 24.500 millones, que se actualiza trimestralmente de acuerdo a un índice compuesto en un 80% por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal Argentina, y en un 20%, por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), ambos correspondientes al año precedente. Esto se haría hasta lograr un acuerdo bilateral entre el Ejecutivo nacional y el Ejecutivo porteño. Pero en la Ciudad consideraron que se encuentran en una posición “desfavorable” para negociar. “Se está obligando a la Ciudad a negociar desde una posición desfavorable, al predeterminar las bases del cálculo de las sumas que se pretenden fijar y al establecer una actualización trimestral”, afirmaron.
“La Ley parte de una premisa errónea, que distorsiona cualquier cálculo posible, porque establece que se debe tomar como base de cálculo los componentes efectivos en el año 2016, cuando el convenio firmado ese año aclaraba que se trataba de un período de transición y que recién en 2017 se consolidaría la transferencia”, explicaron en el escrito, justificando el repudio a la iniciativa oficial, y continuaron: “También determina que la transferencia de recursos no será automática sino que la Administración Nacional contemplará en cada ejercicio fiscal el financiamiento de estos gastos, aumentando así el nivel de arbitrariedad y discrecionalidad”.
Por último, el gabinete de Rodríguez Larreta apuntó contra la intervención de la Comisión Federal de Impuestos en la negociación. “Es supuestamente imparcial, pero ya ha demostrado todo lo contrario”, manifestaron en el comunicado, y detallaron: “No sólo la consulta que se le hace es sesgada, sino que este organismo se propuso intervenir en forma prematura, cuando la ley no estaba vigente, y pese a que la Ciudad había manifestado su expresa oposición a la intervención en esa instancia”.
“Nos vemos obligados a no convalidar con nuestra presencia la ejecución de una ley que, como hemos planteado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación el mismo día en que fue publicada, es inconstitucional y daña a las instituciones democráticas de nuestro país”, concluye el texto firmado por Straface, en el que, además, se alude a la “esperanza de encontrar una alternativa a través de un diálogo abierto, sincero y de buena fe”
