Es el “corazón” de la política macroeconómica, insistió el ministro de Economía, Martín Guzmán, al describir su proyecto de Presupuesto 2022, demorado en su tratamiento: el titular del Palacio de Hacienda fue al Congreso a iniciar el debate en la comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados a casi tres meses de su presentación formal, el 15 de septiembre.
Casi un cuarto de año pasó entre aquel envío y la exposición de Guzmán, en la cual ratificó las premisas del proyecto y se permitió un mayor entusiasmo que el plasmado en el texto de fines del invierno. “Hoy la Argentina está viviendo un proceso de crecimiento, la actividad está creciendo de forma sostenida y esperamos que el PBI crezca alrededor del 10% este año”, dijo Guzmán, al referirse a la única variable ajustada de las proyecciones iniciales: el proyecto del presupuesto indicaba una estimación del orden del 8%.
“Este es un proyecto de ley que le da continuidad a la visión que propiciamos desde el Gobierno nacional, para generar inclusión sobre la base de la generación de trabajo”, insistió el ministro, sentado junto al diputado Carlos Heller, presidente de la comisión. Allí se espera un crecimiento del PBI del 4% en 2022, cuando el consenso de economistas, bancos y consultoras recopiladas en el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central actualizado la última semana se ubica en el 2,5%. Además, preve subas del consumo privado (4,6%), el consumo del sector público (6,6%), la inversión (6,6%) y las exportaciones (7,5%), algunos de los optimistas pilares ratificados por Guzmán, quien insistió en “el rol del Estado para la recuperación”.
Ajeno a la evolución de las cifras del Indec, el Gobierno decidió no hacer cambios en su estimación de variación de precios y ratificó el 33% de inflación proyectado para 2022, un número que luce más una expresión de deseos que una meta alcanzable para el año próximo. No es, en rigor, un desvío inesperado o novedoso para los presupuestos recientes en la historia argentina: para este año, la ley de leyes proyectaba una suba de precios del 29%, y la variación real medida por el Indec estará por encima del 50%, con tarifas de servicios públicos y transporte congeladas y un dólar oficial pisado. Para 2022, la última proyección del REM prevé un 52%, casi 20 puntos porcentuales más de lo que estima el Gobierno.
Ante la crítica esperada y contundente de diputados de la oposición, Guzmán ensayó una autocrítica al respecto, aunque atribuyó ese desvío principalmente a factores externos. “Este año se ha observado una evolución de los precios internacionales que ha sido significativamente superior a lo que se incluyó como supuesto que se envió en 2020, y es un fenómeno global”, dijo el funcionario, al referirse a “cambios en los patrones de demanda” y “la presión sobre los precios de las commodities”.
La dinámica inflacionaria, precisó el ministro, fue “el problema principal que se ha enfrentado en 2021″, e insistió en que “el objetivo central de política económica” es “atacar” este proceso. La única medida analizada en este sentido, sin embargo, fueron los “acuerdos de precios” para lograr “coordinación de expectativas” que permitan “reducir el rol” que juegan en el proceso inflacionario. La mira está puesta en el 7 de enero, cuando vence la canasta diagramada por el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti.
Palabra cara para el diccionario oficial, Guzmán eligió no hablar de “ajuste” y sí se refirió al “sendero de ordenamiento de las cuentas fiscales”. Según el ministro, este año el déficit fiscal será del 3,5% del PBI (en 2020, con la expansión asociada a la pandemia, había llegado al 6,4%), y en 2022 el plan es llevarlo al 3,3% del PBI, recorte que deberá conseguir sin los factores coyunturales y excepcionales de este año, como el impuesto a la riqueza.
La apuesta “virtuosa” para llegar al equilibrio fiscal, según insistió Guzmán, también incluye acciones que atentan contra esa baja de la inflación. Sin precisar en magnitudes de suba de tarifas o quita de subsidios, más allá del fin de la resolución 46 que afecta a la producción de gas, el ministro reconoció que en 2022 el Tesoro seguirá requiriendo asistencia de la “maquinita” del Banco Central. Aun pese a la advertencia del FMI por su efecto sobre los precios, el presupuesto reconoce que el año próximo habrá emisión por 1,8% del PBI. Son $1,08 billones de pesos.
