Sucedió a fines de abril. Hubo una arenga de miembros de la Comisión Provincial por la Memoria, que incitaba a los detenidos a rebelarse y tomar los penales. Hubo motines con heridos y un muerto en la cárcel de Florencio Varela.
Hubo un mecanismo armado con un juez de Casación bonaerense para liberar a 6.000 presos ante una advertencia acerca de que el sistema sanitario de la Provincia colapsaría si no se reducía la población carcelaria de inmediato.
Hubo más de 2.000 presos liberados, muchos de los cuales se fueron a sus casas sin mayores controles. Hubo delitos cometidos por algunos de esos presos liberados que dejaron víctimas. Hubo un banderazo general de protesta que llegó hasta la Casa Rosada.
Hubo una conferencia de prensa en La Plata donde el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Justicia Julio Alak negaban que hubiera un mecanismo para liberar presos, mientras anunciaban de apuro la construcción de unidades sanitarias para dar marcha atrás con… el mecanismo para liberar presos.
Hubo un habeas corpus masivo del juez Víctor Violini -ex precandidato a intendente de La Plata por el justicialismo- que consistía en listas donde el que estaba anotado salía automáticamente. Y hubo una apelación fiscal y un freno de la Corte provincial, que revirtió el plan de excarcelaciones después de la conferencia donde el gobernador dijo que no sucedería lo que ya estaba sucediendo.
Al final hubo de todo, menos coronavirus.
Siete meses después del escándalo por el mecanismo para liberar presos, los detenidos bonaerenses que se contagiaron de covid-19 fueron, desde marzo hasta ahora, 221.
Una cantidad ínfima para una población carcelaria de casi 50.000 detenidos.
Los muertos no llegaron a la media docena, y al menos tres de ellos tenían el virus cuando murieron pero no murieron a causa del virus. Son datos oficiales de la Provincia hasta el 20 de octubre pasado.
Si las cárceles bonaerenses fuesen un país, serían un ejemplo mundial de cómo combatir el virus con una tasa de contagio y mortalidad casi inexistente en relación a su población.
Entre los guardiacárceles bonaerenses, en cambio, el panorama es diferente. Entre el 20 de marzo y el 20 de octubre se contagiaron 2.372, diez veces más que los presos, siendo menos de la mitad que ellos.
Los números evidencian tanto un efectivo sistema de protocolo intramuros -la poquísima cantidad de contagios es un éxito, comparado con los sistemas penitenciarios de otros países- como que aquel planteo inicial respecto de lo que podría pasar con el coronavirus en las cárceles resultó completamente erróneo y funcional a las liberaciones masivas sin fundamento serio.
Ahora volvió la inquietud en las cárceles de la Provincia con huelgas de hambre para volver a recibir visitas, que regresarán a los penales desde este sábado.
Y una fuerte presión sobre los juzgados de Ejecución penal del conurbano para que a los presos se les considere triple cada día de detención durante el coronavirus, entendiendo que los detenidos que se quedaron adentro fueron perjudicados respecto de aquellos a los que se les permitió salir… aunque adentro no hubo coronavirus.
Los pedidos son auspiciados otra vez por la Comisión Provincial por la Memoria, más un grupo de abogados con manejo interno en los penales que reclaman mayor participación en la política penitenciaria provincial.
Alguno de ellos acaba de ser denunciado ante la Corte provincial por un grupo de jueces de La Matanza que se sintieron amenazados por su llamado a escraches públicos.
De activa militancia kirchnerista en las redes, a este grupo de abogados le adjudican querer quedarse con el sillón del jefe del Servicio Penitenciario provincial, Xavier Areses, un funcionario que sobrevivió de la gestión de María Eugenia Vidal.
