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Los usurpadores del Pozo de Vargas quieren evitar el desalojo con piquetes

EL DERCHO A USURPAR. Esa parecía ser la consigna de un piquete que afectó a miles de personas y que, advirtieron, se repetirá. LA GACETA / FOTO DE INÉS QUINTEROS ORIO.
Monóxido

Representantes de las 140 familias que están usurpando un terreno de la empresa ferroviaria Belgrano Cargas dejaron las cosas bien claras. Quieren quedarse con el predio sin imporatar que sea ilegal, con la sóla excusa de que no tienen un lugar para vivir.

Así lo especificaron quienes el jueves mantuvieron cortada por varias horas la ruta provincial 315, más conocida como Camino del Perú, a la altura de la ex Cartujana, zona en la que desemboca la franja de terreno de la que se apropiaron hace ya más de un mes.

Asistencia Pública

Romina Gómez fue una de las usurpadoras que llevó la voz cantante en la protesta “¿Qué tenemos que hacer para tener una casa, un terreno, un lugar donde criar a nuestros hijos?”, se preguntó ante los micrófonos de los medios que cubrieron el piquete.

Prórroga

La mujer reveló que horas antes de armar el corte de ruta habían sido notificados sobre la decisión judicial de desalojarlos, orden que se haría efectiva este sábado, del terreno que, delimitado por las vías del tren, colinda con el Pozo de Vargas.

Maratón Independencia

En otro tramo de la diatriva, la mujer dijo que muchos de los ocupas son jóvenes que ya no pueden seguir viviendo con sus padres, revelando así que en realidad tenían lugar de residencia y que optaron por la idea de quedarse con un terreno en forma gratuita.

Planta Asfáltica

José Eduardo Mamaní pidió la presencia del intendente de Tafí Viejo Javier Noguera, a quien le reclamó que cumpla la promesa que les hizo de incluirlos en un banco de tierras, del que hasta ahora no tienen noticias.

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El hombre aseguró que trabajaba para la ia intendencia y que fue despedido cuando se instaló en el predio usurpado. De paso reiteró algo que había dicho semanas antes: que él como otros había pagado para obtener una plaza en la apropiación ilegal, pero sin aclarar a quien ni el monto que le pidieron.

Griselda Ruiz en cambio optó por denunciar a los vecinos del terreno que usurpan, asegurando que la decisión de desalojarlos se tomó porque fueron señalados por los habitantes de un barrio privado cercano, quienes los acusan por actitudes violentas y desaprensivas.

En lo que todos coincidieron es en que no conformes con quedarse en un terreno ajeno, seguirán cortando la ruta todos los días hasta que se les reconozca el “derecho” a apropiarse por la fuerza de lo que no les pertenece. La Justicia y las autoridades provinciales tienen la palabra.

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