Luego de que la Cámara Federal ordenó desarchivar la causa por el vacunatorio vip, ahora quienes se vacunaron sin esperar su turno y lo funcionarios que permitieron estos privilegios quedaron en la mira como sospechoso de un delito penal y para declarar deberán ser indagados por la Justicia.
En la lista de vacunados vip está el presidente Alberto Fernández, pero el mandatario está eximido de toda responsabilidad porque es indudable su categoría de funcionario esencial, dijeron fuentes judiciales a LA NACION, que no obstante señalaron que en esa lista hay otros funcionarios, como ministros, secretarios, legisladores, el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, y otros empresarios y dirigentes como el expresidente Eduardo Duhalde, su familia y el periodista Horacio Verbitsky, cuya confesión dio origen a esta causa. En estos casos se analizará su conducta de acuerdo con un supuesto grado de participación.
Poner el ojo sobre los vacunados vip es el rumbo de la investigación que le señaló la Cámara Federal a la jueza María Eugenia Capuchetti, que mañana evaluará el asunto con el fiscal Eduardo Taiano. Si los vacunados vip ahora son sospechosos, para escucharlos la jueza deberá citarlos a prestar declaración indagatoria.
Una fuente judicial ligada al caso dijo a LA NACION que el asunto es similar a un robo, por ejemplo, donde uno de los ladrones actúa como campana. Si se analiza su conducta aisladamente no tiene implicancia legal, es una persona parada en la vereda, pero adquiere relevancia si se la vincula con el resto de los imputados. Dijo esta fuente que sucedió algo similar si se desconecta a los vacunados de los que les facilitaron vacunarse. Y ahí se analizará quienes son los autores de la conducta, los coautores, los partícipes necesarios y secundarios.
Con respecto al Presidente, se analizará si su conducta es delictiva, si aun así tenía un permiso legal para hacerla y, por lo tanto, no es reprochable desde el punto de vista penal. Aún en el caso de la escasez de vacunas, la normativa lo coloca como personal estratégico, por lo que su conducta no estaría reprochada.
Hay un problema técnico que zanjar porque el fiscal Taiano ya había opinado que no había delito en el vacunatorio vip, pero el fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas Sergio Rodríguez opinó lo contario, apeló ante la Cámara federal y por eso el caso que iba al archivo ahora pudo revivir. Hay un principio que habla de la unidad del Ministerio Público Fiscal, por lo que en función de esta idea sobrevivió la acusación.
Con las firmas de los camaristas Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia, la Cámara hizo lugar a un planteo del fiscal Rodríguez, que había cuestionado el fallo de Capuchetti.
En cuanto a los beneficiados con vacunas anticipadas y sobre quienes la jueza decidió no avanzar, el tribunal dijo: “El mero juzgamiento ético es superado por otro, propio de este ámbito penal. Ese examen, cercenado de modo anticipado, es el que corresponde efectuar encarando un análisis que sea completo e integral”.
Los camaristas dijeron que “será necesario indagar” qué personas fueron vacunadas según los estándares impuestos por el Plan de Vacunación y “quiénes se adelantaron por algún beneficio que les fue singular”. Y afirmaron: “Sobre estos últimos deberá enfocarse la investigación”.
Agregaron que “es posible leer allí una eventual participación que reclama ser despejada. Máxime cuando se desconoce, además, en qué carácter fueron vacunados, si esa cualidad fue real o asignada al solo efecto de burlar los requisitos del sistema de vacunación implementado y, en este caso, si esa ficción fue así declarada por el beneficiario o por quien tenía la labor de carga de los datos oficiales”.