Al cabo de tres años de investigación, la fiscal Adriana Giannoni solicitó que cinco personas vayan a juicio por haberse enriquecido mediante la obtención ilegal de licitaciones de obras del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano, una pesquisa que se conoce como la “causa IPV”.
Los acusados son José Lucas Barrionuevo, ex funcionario del Instituto de la Vivienda; sus sobrinos Sebastián y Martín Nieva; Jorge Horacio Tapia, inspector de obras del organismo; y Néstor Miguel Jiménez Augier, quien ocupara un alto cargo al frente del IPVDU durante la intervención del fallecido Gustavo Durán.
Afrontando grandes inconvenientes, especialmente demoras en el envío de informes, la fiscal determinó que Barrionuevo creó una empresa llamada Maran, que puso a nombre de sus sobrinos, mediante la cual se benefició con la adjudicación de obras de mejoras y refacciones en barrios del IPV.
Tapia, quien era el encargado de inspeccionar esas obras, habría fraguado informes que permitieron inflar los presupuestos y dar por finalizadas ejecuciones que quedaron a medio terminar, generando graves perjuicios al erario público.
Jiménez Augier fue acusado de enriquecimiento ilícito después de que en el marco de las pesquisas, se descubriera que tenía U$S 500 mil y $ 100 mil en una caja de seguridad, que trató de hacer figurar a nombre de un conocido, que reveló la maniobra.
La solicitud de elevación a juicio data de fines de julio de este año y fue una de las últimas medidas de la fiscal Giannoni antes de su jubilación.
El pedido deberá ser resuelto por el juez Francisco Pisa, el mismo que tiene en sus manos la acusación del juez Enrique Pedicone contra el vocal de la Corte Suprema Daniel Leiva, por enriquecimiento ilícito.
