Vergüenza es lo que debería sentir el gobierno provincial, luego de que la familia de Paola Tacacho, la docente asesinada por el femicida Mauricio Parada Parejas, se retirara a su Salta natal, luego de haber participado de las manifestaciones que tuvieron lugar en nuestra provincial. El pedido de justicia para con la joven profesora de inglés, convocó a los seres queridos de una nueva víctima de femicidio en Tucumán.
Estremecedoras resultaron las declaraciones de la madre de Paola, cuando manifestó que envió a su hija a esta provincia para que pudiera forjarse un futuro. Pero en lugar de ello, terminó hallando la muerte por parte de un hombre que no tuvo pudor en acosarla durante años. El mismo tiempo en el que el Estado provincial brilló por su ausencia a la hora de defender a la docente de quien terminaría siendo su femicida.
Mucho se escribió, y con razón, acerca del escandaloso accionar de la Justicia en Tucumán. Sobre todo, de parte del juez Francisco Pisa, quien terminó sobreseyendo a Paredes Pareja. Claramente, la falta de perspectiva de género de parte de las autoridades judiciales terminó siendo fundamental a la hora de desconsiderar el infierno que atravesaba Paola por parte de su acosador, quien la terminaría asesinando a sangre fría.
Pero también existe responsabilidad del Poder Ejecutivo, el mismo que no acompañó a la familia de la docente asesinada. Y es que sólo organizaciones sociales y educativas se hicieron presentes para manifestarle solidaridad y el más sentido pésame a los seres queridos de Paola Tacacho. Jamás el gobernador se molestó por levantar el teléfono y comunicarse con ellos en un momento de tanto dolor. Tampoco nadie se hizo presente del gobierno provincial a la hora de preguntar qué necesitaban los familiares de la profesora de inglés. De todos modos, eso no fue un impedimento para que la madre de Paola, Mariela Tacacho, le rogara al gobernador que no le acepte la renuncia al juez Pisa. Por el contrario, lo que se necesita es que el polémico magistrado sea sometido a un juicio político y sea destituido de su cargo.
Esto es clave para que Francisco Pisa pierda la posibilidad de disfrutar de la jubilación de privilegio a la que aspira. Para ello, será determinante el papel que juegue la legislatura en todo esto, ya que es la encargada de realizar los juicios políticos a los jueces que han obrado mal en lo que hace a su desempeño al frente de la Justicia de Tucumán. ¿El Poder legislativo cumplirá con el deber que le corresponde?
¿Acaso la posición fría y mezquina del ejecutivo con la familia de Paola Tacacho se debe a que sabe que son muchos los jueces amigos del poder a los que debe defender, para que él mismo evite que algunos hombres que responden al oficialismo, como el legislador Jorge Yapura Astorga, terminen en la cárcel? Sólo el tiempo mostrará la posición que la presente administración tomará respecto del juez Pisa.
