A más de tres años de ser denunciado por el abuso sexual de su hija, la Cámara Penal Conclusional – Sala I del Poder Judicial de Tucumán fijo para los días 25, 26, 27 y 28 de noviembre, y 2 y 3 de diciembre de 2024 a las 9, las audiencias del juicio contra Rodolfo Tercero Burgos, flamante exdirector de Canal 10 de Tucumán en representación de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y docente de la facultad de Derecho de la UNT.
La denuncia por abuso sexual en su contra fue realizada el 13 de julio de 2021 y ratificado 9 días después ante la Justicia Penal provincial por la abogada Daniela Marina Moris, expareja de Burgos y madre de la menor, con el patrocinio del letrado Gustavo Morales, en una causa judicial que derivó en pericias psicológicas a la presunta víctima como al denunciado, la realización de una Cámara Gesell – y órdenes de restricción con el fin de no entorpecer la investigación.
En junio de 2022 la fiscalía a cargo de Fernando Blanno había expresado que se encontraba acreditado el delito en contra de la menor, que por ese entonces tenía 5 años. “En relación al planteo de ampliación de la imputación a los fines de encuadrar los hechos en el delito de ‘Corrupción de Menores’, cabe señalar que, a criterio de esta acusación, los hechos atribuidos al imputado Burgos Rodolfo se encuentran adecuadamente intimados de acuerdo a las pruebas incorporadas, especialmente, la declaración testimonial de la víctima realizada a través de Cámara Gesell. Que dicho episodio lícito encuadra, prima facie, en el delito de ‘Abuso sexual agravado’, ello sin perjuicio de la probable variación posterior de la situación”, habían expresado en un decreto en el que se decidió “no hacer lugar” al pedido de ampliación de la denuncia por “Corrupción de Menores” contra Burgos.
El avance de la causa y las contundentes pruebas en su contra, provocaron que Burgos quede a las puertas del juicio oral, sin embargo, las numerosas dilaciones que la Justicia le concedió al docente de la Facultad de Derecho, provocaron que este debate, que en un principio iba a realizarse en octubre, pase a marzo del próximo año. A pesar de las pruebas contundentes y la fecha establecida de juicio, el también lobbista del diario La Gaceta permanece firme en sus labores universitarias en las que fue ratificado por las autoridades universitarias encabezadas por el secretario General de la UNT, José Hugo Saab y el rector Sergio Pagani.
“¿Cómo puede ser que un imputado, con una causa a juicio oral que se dilata, continúe en todos sus cargos? ¿Cómo puede ser que sea el abogado de un juicio multimillonario de la Ciudad Universitaria, actuando de falso querellante, permitiendo un robo a Tucumán?, se preguntó Moris semanas atrás en una entrevista con FM La Tucumana 95.9, cuando la Justicia había fijado una anterior fecha de juicio que no se llevó a cabo.
La inhabilidad moral manifiesta de Burgos quedó al descubierto cuando se conoció que confesó ante la Justicia que hace años no ejerce la profesión de abogado, ya que la Presidencia de Canal 10 -cargo en el que fue designado por la UNT- lo “sacó del ejercicio profesional” pero al mismo tiempo cobraba millones de la propia UNT como exclusivo abogado querellante para investigar el Robo de la Ciudad Universitaria. Desde su designación en 2019, no se conoce actuación alguna de esa querella.
En abril de 2022, en plena campaña universitaria para elegir al nuevo rector, eltucumano.com le consultó a los por entonces candidatos Sergio Pagani y Mercedes Leal, por la denuncia en contra del director de Canal 10 y si tomarían medidas de llegar al Rectorado. La pregunta ofuscó al actual rector y vicerrectora: “El doctor Burgos tiene una cuestión en la Justicia que deberá dirimirse en ese lugar, no en la Universidad. No es algo que nos compete de momento”, afirmó Pagani.
Meses después, Leal aseveró en una entrevista al programa ‘Todo Cambia’, que se emite por Mi Radio (92.7), que ella confiaba en la palabra en la palabra de Burgos: “Le creo a Burgos cuando dice que está resolviendo su tema personal”.
El año 2023 estuvo marcado por los escándalos en Canal 10, el otrora canal de todos los tucumanos quedó manchado por el acta trucha que propició un enroque en el directorio para designar al Ingeniero Leandro Díaz como Presidente del Directorio de Canal 10 y a Rodolfo Tercero Burgos como Director; el embargo a Díaz en una causa por el pago de sobresueldos en la UNT; la inminente elevación a juicio de la causa contra Burgos por abuso sexual de su hija; el pago de comisiones millonarias a vendedores de publicidad; la suspensión de la asamblea de accionistas en una puja con el Gobierno; para cerrar el año con un allanamiento de AFIP y Gendarmería.
El Saabismo no pudo seguir sosteniendo en el directorio del Canal a una de sus vacas sagradas y Burgos se despidió así de Canal 10 en marzo de este año, tras casi ocho años: se desempeñaba como subsecretario Legal y Técnico de la exrectora Alicia Bardón cuando el Consejo Superior lo nombró como sucesor de Mauro Feldman, mientras que Leandro Díaz -por entonces secretario Económico Administrativo- reemplazó a Daniel Moeremans en el cargo de director vocal.
Ambos fueron sostenidos en sus cargos por los rectores José García y Sergio Pagani a pesar de los sucesivos escándalos en el Canal y la Universidad. En 2019, el propio García le puso la firma a la contratación de Burgos para que se haga cargo de “todos los asuntos de índole penal que le sean confiados o requeridos por las autoridades universitarias competentes, lo que comprende todas las acciones, gestiones, dictámenes y/o asesoramiento en el ámbito de su especialidad, tanto en sede administrativa como judicial” y asumir “la representación de la UNT como apoderado en su intervención como querellante en la causa N° 33.813/2013, caratulada “Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y Eudal, Ramón s/Su denuncia” que se tramita por ante el Juzgado Federal N° 2 de Tucumán” a cambio de “PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($ 496,248,61) por todo concepto”. Ese contrato fue renovado y actualizado (los montos se desconocen) hasta la fecha, y Burgos todavía funge como querellante contratado por la UNT.
El blindaje de La Gaceta -garantizado por la sociedad periodística y amistad de Rodolfo Burgos y Federico Van Mameren- es tal que el centenario diario esconde sistemáticamente el Robo de la Ciudad Universitaria a la UNT (en sintonía con el fiscal federal Carlos Brito se concentra en la causa por el desmanejo de fondos menores y no en el origen de los fondos) como los pedidos de citación a indagatoria y posterior detención de José Hugo Saab y Augusto González Navarro. Incluso, la directora de Canal 10 por la provincia, Ingrid Lausberg, debió pagar una solicitada en La Gaceta para que allí se tome nota de la crisis en el canal.
Garante de la impunidad
El rol de Burgos al frente de la seudo querella de la UNT en la causa por el desmanejo de los fondos que debían ser destinados a la construcción de la Ciudad Universitaria comenzó a tener sus primeras acciones en mayo, donde hizo uso de la palabra durante el inicio del juicio que se desarrollará de acá hasta fin de año en la sede del TOF.
Hasta la fecha se desconocen actuaciones encabezadas por el también lobbista del diario La Gaceta, que no se especializa en derecho penal. Sin embargo, a pesar de no tener experiencia en este tipo de casos, Burgos es muy cercano a la política universitaria, ya que fue subsecretario legal y técnico de Alicia Bardón y abogado personal de la ex Rectora a la que defiende en una causa en la que se acusa por “malversación de fondos” universitarios. Luego fue designado en el directorio de Canal 10 en representación de la UNT; desde 2019 fue contratado por la Universidad en el Rectorado de José García para ejercer la querella que estaba a cargo de Diego Lamoglia y fue ratificado en esa función y recontratado por Sergio Pagani. En 2022, apoyó públicamente la candidatura de Augusto González Navarro a Decano de Derecho.
Antes de ser recusado y apartado de la causa, el fiscal Federal Gustavo Gómez afirmó en una entrevista con eltucumano.com desconocer “una actividad importante de la querella”. “La actividad del querellante tiene que ser incluso mucho más efectiva que la del fiscal. Se supone que el querellante tiene que tener un interés mayor. Nosotros defendemos el interés público, pero el querellante defiende el interés particular. En ese marco, tengo que pelear por la recuperación de los fondos”, explicó el Fiscal.
