Mario Oscar Ferreyra nació el 17 de junio de 1945, en Los Pereyra, Cruz Alta, al este de Tucumán. Cuando tenía 18 años, en 1963, entró en la Policía. Los médicos lo habían rechazado por flaco y petiso, pero gracias a un conocido logró ingresar.
En 1973, siendo ya oficial, peleó contra 15 manifestantes de la Juventud Peronista (JP) durante un tumulto en el centro, y le dieron un botellazo en la cabeza; la cicatriz lo acompañó por el resto de su vida. Dos años después, se enfrentó con Julio Alsogaray, de Montoneros, a quien mató.
“Los dos teníamos FAL (fusil de asalto liviano), pero él perdió porque dudó entre disparar y cubrirse”, contó. Durante la dictadura militar estuvo dos años y cinco meses en situación pasiva, acusado de matar sin razón, según las crónicas de ese tiempo.
En 1986, ya en plena democracia, se le imputó el crimen del conocido delincuente Enrique “Prode” Correa, pero la Justicia consideró que no había pruebas en su contra y lo absolvió.
Un año después, cuando ya era jefe de Robos y Hurtos, protagonizó un tiroteo en el acceso Norte, durante el cual murieron dos miembros del clan “Gardelitos”.
En 1988 se lo acusó de la muerte de otro “Gardelito”, Daniel Carrizo, quien había sido torturado en un calabozo de la Brigada, aunque tampoco hubo pruebas para condenar a Ferreyra.
En enero de 1990 lo nombraron jefe de la Dirección General de Investigaciones y dos meses después se puso al frente de una revuelta policial que exigía mejores salarios al gobernador José Domato.
El levantamiento tuvo en vilo la provincia durante dos semanas. Treinta policías habían sido cesanteados a raíz del conflicto, pero finalmente el Gobierno dio marcha atrás con la medida. Mientras tanto personal de Gendarmería Nacional tenía a su cargo la seguridad de la provincia, ya que el grueso de los policías estaba autoacuartelado en la Jefatura.
Cuando se llegó a un acuerdo, Ferreyra reunió a los sublevados y, luego de comunicarles el pacto alcanzado, les dijo: “mi tarea ha culminado y les agradezco que me hayan acompañado”. Con esto se metió a los policías en el bolsillo. Al grito de “Malevo corazón” lo sacaron en andas de la Jefatura.
El 10 de octubre de 1991 comenzaría el principio del fin. Ese día, en Laguna de Robles fueron asesinados tres delincuentes: José “Coco” Menéndez, Hugo “Yegua Verde” Vera y Ricardo “El Pelao” Andrada.
Ferreyra aseguró que se había tratado de un enfrentamiento y que las víctimas habían formado parte de una peligrosa banda de asaltantes.
El 30 de noviembre de ese mismo año denunció públicamente que nueve comisarios utilizaban la Policía en provecho propio, afirmó que tenían “ambiciones desmedidas” y aseguró que se estaban enriqueciendo ilícitamente.
Al otro día, por orden del jefe de Policía, Víctor Rubén Lazarte, Ferreyra fue pasado a disponibilidad. Una semana después, uno de los comisarios a los que Ferreyra había denunciado, Alberto Ignacio Alcaraz (quien luego sería jefe de Policía), afirmó que lo de Laguna de Robles había sido una ejecución, versión que fue apoyada por el agente Luis Dino Miranda, quien había formado parte del grupo del “Malevo”. El 9 de diciembre, Ferreyra y sus hombres se entregaron a la Justicia.
El juicio comenzó el 26 de noviembre de 1993. El 14 de diciembre, “El Malevo” se hizo conocido en todo el país. Ese día lo condenaron a prisión perpetua y él se atrincheró en la Alcaidía de Tribunales. Había entrado vestido de traje, pero cuando salió ya se había colocado su característica camisa negra y su sombrero Panamá. En una mano llevaba una granada. Sin que nadie lo interceptara cruzó la calle y escapó.
La fuga duró 79 días. El 3 de marzo de 1994 fue rodeado por policías en Zorro Muerto, Santiago del Estero. Tras varias horas de negociaciones, y luego de ser herido durante un tiroteo con los uniformados, hizo caso a las súplicas de su esposa, María de los Angeles Núñez y se entregó ante el gobernador Ramón “Palito” Ortega. Luego de esto, el Malevo fue trasladado al penal de Villa Urquiza.
En 1996 el gobernador Antonio Bussi explicó que “Ferreyra es un hombre de ley que se excedió”. El 17 de setiembre de 1988, Ferreyra comenzó a disfrutar del permiso extramuro para trabajar.
Bussi afirmó que Ferreyra “le puede dar mucho a la sociedad”, porque “está en la plenitud de su vida, es un hombre inteligente, trabajador y corajudo y que, creo, cumplió debidamente con la ley”.
Bussi agregó que, “habiendo tantos delincuentes sueltos, el caso de Ferreyra merecería ser considerado nuevamente en forma exhaustiva”.
Bussi fundamentó su convicción de que la situación procesal del “Malevo” debe ser revisada en el hecho de que “Ferreyra es un hombre que tantas veces se jugó por la libertad y el orden, que asumió y cumplió su pena, y como mínimo es mercedeor de una consideración”.
Luego de ser liberado, el último incidente serio que tuvo el Malevo como protagonista ocurrió el 23 de abril de 2006, cuando, junto con su esposa, fue denunciado por una vecina de San Andrés, María del Valle Acosta, a raíz de una disputa por la colocación de un alambrado.
La investigación estuvo a cargo del fiscal Guillermo Herrera, quien lo acusó por amenazas de muerte y tenencia de armas, aunque él, al declarar, dijo ser inocente. El 15 de junio de 2008 el juez Alfonso Zottoli decidió enviar al “Malevo” a juicio. Pero Ferreyra se mató antes de sentarse en el banquillo de los acusados.
Ferreyra se quitó la vida el 21 de noviembre de 2008 delante las cámaras de televisión en Tucumán, cuando estaba por ser apresado por personal de Gendarmería nacional.
Ferreyra tomó la drástica determinación en una plataforma ubicada en el jardín de su domicilio en la localidad de San Andrés, luego de haber dado una entrevista y declarado que era “inocente” en el marco del proceso que se desarrollaba en su contra.
En el reportaje, el “Malevo” subrayó que no iba a aceptar que lo arrestaran y, tras despedirse de su mujer, se disparó en la cabeza ante el estupor de todos los que se encontraban en la vivienda.
“Hasta siempre, María”, fueron las últimas palabras del comisario.
